Dictamen con justificaciones

En su dictamen de fines del 2003, el Tribunal de Cuentas abrió la investigación por el faltante mientras justificó la operación de las regalías hidroeléctricas porque es una «transacción absolutamente diferente a la que pueda realizarse con un banco».

El monto pactado con la compradora (Energy Risk) fue de ocho millones pero en el 2002. Con otros informes técnicos, una comisión legislativa consideró que el valor era menor al costo de la energía cedida.

El Tribunal consideró «razonable» a partir de su evaluación de un informe del Departamento Provincial de Aguas, que entendía que la oferta «era aceptable y de difícil mejoramiento».

Una irregularidad remarcada por el juez Bernardi y la comisión legislativa -que presidió el radical Fernando Chironi- fue la participación de Jouliá, como secretario de Asuntos Institucionales, en el convenio de venta cuando estas operaciones correspondían al DPA. El tribunal recordó que Jouliá asesoraba «en proyectos especiales» al gobernador.

Si bien el Tribunal admitió que Jouliá «no tenía competencia para celebrar el convenio» resaltó que esa gestión se corrigió con la ratificación del decreto 543/96. Además, entendió regular que los «gastos y cargas impositivas» correspondan a la provincia.

Así, valiéndose de «la opinión jurídica» de la Fiscalía de Estado (que firmó por entonces Eduardo Martiarena), el Tribunal ratificó que la operación se encuadró en las excepciones de la ley 847. Consideró que «la operación se realizó en un marco de estado de necesidad económica como única posibilidad de conseguir recursos». Así, el tribunal desestimó cualquier juicio porque «no se ha demostrado la existencia de un perjuicio real» o «transgresión de normas legales o procedimientos administrativos».

El dictamen aludió a las críticas de la comisión por la labor de ese órgano de control. Este Tribunal se desligó de la cuestión al plantear que la Contaduría General (a cargo de Guillermo León) es quien internamente está «encargado de las registraciones de asientos contables», debiendo informar de «los actos que impliquen presuntas irregularidades, cuestión que en general es cumplimentada, salvo en esta oportunidad». (AV)

Notas asociadas: Nadie investiga un faltante de 700.000 pesos  

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