Dictamen lapidario contra el convenio Saiz-China

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VIEDMA (AV)- La procuradora general, Liliana Piccinini recomendó al Superior Tribunal de Justicia que declare la inconstitucionalidad del decreto del gobernador que refrenda el acuerdo entre Río Negro y la empresa china Heilongiang Beidahuang State Farm Business para la sistematización de más de 200 mil hectáreas bajo riego. Además, propuso hacer lugar parcialmente a la acción de amparo que presentó la legisladora Silvia Horne y pidió ordenar al Poder Ejecutivo que ponga en conocimiento a la Legislatura de las pautas de ese convenio de cooperación para el proyecto agroalimentario y el relativo a la propuesta de inversión con la misma firma en el puerto de San Antonio Este, dejándolo sujeto a la ratificación por parte del legislativo. La procuradora manifestó en su dictamen que “de los informes practicados se aprecia nítidamente el cabal incumplimiento de las cláusulas constitucionales que deben enmarcar el tratamiento de la cuestión”. Indicó también que Horne aducía que el gobernador Miguel Saiz, en el marco de esos convenios estaría comprometiendo los recursos naturales, cediendo tierras, aguas, puerto, producción, estableciendo fechas de ejecución de lo pactado. “Todo ello, en tanto avizoraba que el Poder Ejecutivo no informaría a la Legislatura Provincial ni solicitaría la ratificación ante dicho Poder. La incorporación a este proceso del Decreto Nº 1332/11 está dando cuenta del acaecimiento concreto de aquel riesgo anunciado. El Poder Ejecutivo decidió soslayar al Parlamento en la toma de tan trascendente decisión”. Destacó que “resulta harto evidente la afectación de cláusulas constitucionales, ante el soslayamiento y falta de tratamiento previo por parte de la Legislatura, de las pautas del convenio suscripto, ahora ratificado por Decreto”. La facultad del gobernador de suscribir acuerdos “no lo autoriza a firmar acuerdos ni convenios con otras naciones que comprometan recursos provinciales de la magnitud de los puestos en juego, sin la previa información, consulta y solicitud de ratificación del pueblo rionegrino representado en el Parlamento”. Además, manifestó Piccinini que de “la simple lectura de las obligaciones asumidas por el gobernador, surge que las mismas no son a futuro como lo sostiene la Fiscalía de Estado, sino que tienen fecha de implementación explícita y que, exceden en demasía las facultades propias del titular del Poder Ejecutivo” Concluyó diciendo que “ofrecer el estudio de sistematización del Río Negro Medio para “conveniencia” de la empresa; 20.000 hectáreas de tierras disponibles con las obras de riego ya efectuadas por canales (Idevi) por 20 años; excepción de impuestos provinciales; realizar tareas en el Valle del Idevi a fin de asegurar la siembra de los productos que la empresa selecciones para la próxima inmediata cosecha anual; el uso del aeropuerto de San Antonio; 3.000 hectáreas de tierra sin cargo alguno; parte de la zona portuaria del puerto de San Antonio Este, sin cargo alguno, destinando cinco hectáreas para su uso, donde el gobierno construirá a su costo y a requerimiento de la empresa, otorgándole la concesión por el término de 50 años, con renovación automática a su vencimiento; no son ciertamente asuntos de su exclusiva competencia. Exceden el ejercicio de la representación oficial de la Provincia y la Jefatura de la administración provincial”.