Diez años y aún la Justicia no llegó
Los padres y hermanos de Verónica Díaz, la joven viedmense que murió tras recibir una inyección de yectafer adulterado en 2004, esperan una sanción para los responsables
Causa del Yectafer
Hace más de un año que la causa está en condiciones de ser elevada a juicio pero siempre aparece un recurso para evitarlo. Ninguno de los 15 imputados quiere sentarse en el banquillo de los acusados, mientras que los familiares de Verónica Díaz -la primera víctima fatal del yectafer en el país- esperan “justicia” en Viedma desde hace ya 10 años.
El juez federal Norberto Oyarbide de la Capital Federal dio por concluida la investigación y para antes de la feria de julio pasado todo hacía pensar que se conocería la elevación a juicio. No sólo no fue así sino que ahora se le sumará a la demora la feria de verano.
Diez años es demasiado tiempo para que la Justicia sea real, reparadora y un espejo en el que muchos se miren y desistan de poner en riesgo la vida de las personas como si nada pasara. Pasa el tiempo y no sólo genera descreimiento en la gente sino que a algunos, sobre quienes debería recaer todo el peso de la Ley, se ven beneficiados. No llegar a juicio es una forma de gambetearle a la Justicia.
En la causa caratulada “Cernadas Pablo y otros sobre tráfico mercaderías peligrosas” fueron investigadas las muertes de cinco personas y lesiones en otras 33.
La muerte de Verónica ocurrida el 23 de diciembre de 2004 tras recibir una inyección de yectafer ante una aparente anemia comenzó a ser investigada en Viedma por la Justicia rionegrina hasta que en 2006 pasó a la órbita federal a cargo del juez Oyarbide que hace dos años dictó los procesamientos a los 15 imputados al considerar que formaron parte de “una banda responsable de la fabricación, distribución y comercialización del yectafer adulterado”. Les imputó “asociación ilícita, envenenar, adulterar y falsificar de un modo peligroso para la salud, medicinas, por poner en venta, distribuir con fines de comercialización –ello agravado por la muerte de cinco personas y lesiones en otras 33”. También los responsabilizó de “adulteración y falsificación de documentos y vender una marca registrada falsificada, fraudulentamente imitada o perteneciente a un tercero sin su autorización”.
En base a la prueba reunida el magistrado concluyó que el laboratorio clandestino donde elaboraban el yectafer adulterado y otras drogas funcionaba en el domicilio de Cirullo, quien compraba los insumos en diferentes lugares (entre ellos Brasil), y después los armaban. Estableció también que esos medicamentos los distribuían y comercializaban a través de Maidana, y el resto de los integrantes cumplían diferentes funciones en la cadena.
En la última resolución firmada por el juez se destacó que Santiago Lucio Gavazza, cuyo procesamiento fue confirmado en julio de 2013, perteneció a la cadena de comercialización del producto medicinal adulterado que vendió al hospital Zatti de Viedma desde la droguería en Bahía Blanca.
Desde 2012 se encuentran procesados en esta causa Ángel Luis Cirullo como jefe de la asociación ilícita, y Carlos Guido Maidana en calidad de organizador. Como miembros de esa banda también fueron procesados Carlos Norberto Nagle, Noemí Estefanía Ferraro, Adrián Jorge Quintela, Diego Hernán Manzotti, Sandra Liliana Vitale, Miguel Ángel Cervera, Roberto Gegenschatz, Alberto Mario Alawie, Pablo Jorge Cernadas,
Daniel Leonardo Rabinovich, Víctor Julián Scattolini, Estrella Mirta Assem y Santiago Lucio Gavazza
La causa que en estos años sumó más de 17.000 hojas está en condiciones de ser elevada a juicio pero aún ese trascendental paso no lo dio.
DeViedma
Causa del Yectafer
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