Dilatan el tratamiento del caso del juez federal Caro

Tal como informó «Río Negro» en su edición de ayer, en las deliberaciones que la próxima semana mantendrá el Consejo de la Magistratura, se dará el puntapié inicial en el expediente sobre las acusaciones que pesan por el desempeño del juez federal de Zapala, Rubén Caro, por su desempeño en la instrucción del sumario por el homicidio del soldado Omar Carrasco ocurrido en aquella ciudad en marzo de 1994.

La Comisión de Acusación de los jueces deberá resolver, por mayoría de sus integrantes, si convoca al juez Caro para que ejerza su derecho a la defensa ante los cargos que hay en su contra. Una vez que el magistrado zapalino preste declaración, se resolverá si existen fundamentos suficientes para llevarlo a un juicio político. Sin embargo, llama poderosamente la atención que, tras anunciar que el asunto se iba a tratar en la sesión de ayer del Consejo de la Magistratura, finalmente se haya decidido postergarlo.

Lo ocurrido se explica al haber trascendido que, en los últimos días, se produjeron algunos contactos entre legisladores nacionales y mandos del Ejército. Estos habrían mostrado cierto grado de preocupación por la suerte que podría correr el juez federal de Zapala.

La inquietud estaría centrada en los alcances que para determinados planos de la fuerza involucrados en el denunciado encubrimiento denunciado en la causa Carrasco II, tendría un posible juicio político a Caro y su eventual destitución.

Si el Consejo de la Magistratura decidiera separar definitivamente a Caro de la judicatura, el todavía titular del Juzgado Federal de Zapala podría enfrentarse a un proceso por los presuntos delitos de prevaricación, abdicación jurisdiccional, ocultamiento y alteración de pruebas, cometidos durante la instrucción del sumario por el crimen del soldado Carrasco.

Según se ha podido saber, el futuro de Caro está también directamente relacionado con la resolución que finalmente adopte la Sala II de la Cámara de Casación Penal en el recurso de revisión contra la sentencia firme de 1996 que condenó -como autores del homicidio de Carrasco- al ex subteniente Ignacio Canevaro y a los soldados Víctor Salazar y Cristian Suárez a penas que van de 10 a 15 años de prisión.

El pasado 28 de abril, los abogados defensores de los tres condenados presentaron un escrito en el que solicitaron la anulación de la sentencia y la inmediata libertad de Canevaro, Suárez y Salazar. Actualmente los camaristas Gustavo Mitchell, Juan Fégoli y Pedro David estudian si las nuevas pruebas y pericias aparecidas tras el juicio celebrado por el Tribunal Federal Oral de Neuquén son causales suficientes como para rever la sentencia.

Si eventualmente la Cámara de Casación resolviera anular la sentencia del Tribunal Oral Federal de Neuquén, la suerte de Caro estaría echada. El Consejo de la Magistratura, con un fallo de tamaño calado, tendría las manos libres para proceder, sin más trámites, a la celebración del juicio político contra el magistrado federal de Zapala.

Norberto Bermúdez

Carlos Torrengo