Dilma no teme ajustar

Redacción

Por Redacción

Dijo una vez el entonces jefe de Gabinete del presidente norteamericano Barack Obama que “nunca hay que echar a perder una buena crisis”. Se trata de un principio que entienden muy bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los miembros más combativos de su equipo gubernamental. Lejos de sentirse abrumados por el estado cada vez peor de la economía nacional, con la esperanza nada vana de sacar rédito político de su propia ineptitud lo están aprovechando para incomodar a los líderes opositores al acusarlos de usarlo como pretexto para llevar a cabo un ajuste brutal. La actitud de la mandataria brasileña Dilma Rousseff frente al parón económico que está sufriendo su país difícilmente podría ser más diferente. En lugar de intentar politizar al máximo los problemas que se han acumulado en el transcurso de los últimos años, se ha propuesto procurar solucionarlos. Si bien las circunstancias en que se encuentran las dos presidentas son distintas, ya que Cristina está por terminar su gestión y, siempre y cuando logre resistir a quienes aspiran a destituirla, a Dilma le quedan más de tres años en el poder, el contraste puede atribuirse a que la brasileña privilegia los intereses del conjunto mientras que nuestra presidenta se ha acostumbrado a subordinar todo a su “proyecto” personal. Convencida como está de que Brasil se ha visto perjudicado por la expansión irracional del gasto público, Dilma acaba de anunciar un nuevo ajuste fiscal que, entre otras cosas, acarreará la desaparición de ocho ministerios y una cincuentena de secretarías, además de la reducción de los sueldos de los ministros que permanezcan y otros funcionarios. Aunque el impacto económico de muchas de las medidas será virtualmente nulo, podrían ayudar a brindar la impresión de que el gobierno está resuelto a asegurar que los sacrificios que cree necesarios sean compartidos equitativamente. Asimismo, a pesar de su formación marxista, Dilma claramente entiende que a la larga sería peor que inútil tratar de hacer pensar que está liderando una rebelión contra “los mercados” o el sistema financiero internacional, ya que a cambio de los eventuales beneficios políticos depauperaría todavía más al grueso de los habitantes de su país. En los círculos políticos no sólo de Brasil y otras partes de América Latina sino también del resto del mundo, todos los gobiernos se sienten tentados a comprar apoyo multiplicando los cargos políticos, pero en los países más avanzados la ciudadanía suele ser consciente de los riesgos así planteados, ya que la experiencia les ha enseñado que emplear el Estado como una especie de esponja que sirve para absorber empleo supone costos muy altos que los contribuyentes tendrán que soportar. Huelga decir que a la Argentina no le será dado pasar por alto tal detalle. Mal que le pese, el próximo gobierno tendrá que optar entre resignarse a convivir con un sector público agigantado e intentar reducir su tamaño sin provocar una reacción caótica por parte de los afectados. Además de la legión de “militantes” de La Cámpora que desempeñan cargos en distintas reparticiones estatales sin poseer las calificaciones mínimas exigibles, hay una multitud de apolíticos, por llamarlos así, que por los motivos que sean no serán capaces de trasladarse al sector privado. Dilma comprende que, a menos que afronte el problema planteado por una burocracia a un tiempo sobredimensionada y torpe, a su país no le será posible levantar cabeza en los años venideros ya que, por injusto que a muchos les parezca, el mundo está haciéndose más competitivo por momentos. Es probable que los tres candidatos que encabezan la carrera presidencial, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, coincidan con la presidenta brasileña aunque, claro está, son reacios a decirlo por miedo a perder los votos de los millones de personas que dependen, directamente o no, del Estado. Sea como fuere, dentro de poco uno se verá frente a una situación muy similar a la que tanto ha contribuido a la calamitosa caída del índice de aprobación de Dilma, que ha defraudado a muchos de quienes la votaron sin conseguir el respaldo de aquellos que en las elecciones del año pasado apoyaron al opositor Aécio Neves que, de haber ganado, hubiera puesto en marcha una serie de ajustes parecidos a los emprendidos por el gobierno actual.


Dijo una vez el entonces jefe de Gabinete del presidente norteamericano Barack Obama que “nunca hay que echar a perder una buena crisis”. Se trata de un principio que entienden muy bien la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los miembros más combativos de su equipo gubernamental. Lejos de sentirse abrumados por el estado cada vez peor de la economía nacional, con la esperanza nada vana de sacar rédito político de su propia ineptitud lo están aprovechando para incomodar a los líderes opositores al acusarlos de usarlo como pretexto para llevar a cabo un ajuste brutal. La actitud de la mandataria brasileña Dilma Rousseff frente al parón económico que está sufriendo su país difícilmente podría ser más diferente. En lugar de intentar politizar al máximo los problemas que se han acumulado en el transcurso de los últimos años, se ha propuesto procurar solucionarlos. Si bien las circunstancias en que se encuentran las dos presidentas son distintas, ya que Cristina está por terminar su gestión y, siempre y cuando logre resistir a quienes aspiran a destituirla, a Dilma le quedan más de tres años en el poder, el contraste puede atribuirse a que la brasileña privilegia los intereses del conjunto mientras que nuestra presidenta se ha acostumbrado a subordinar todo a su “proyecto” personal. Convencida como está de que Brasil se ha visto perjudicado por la expansión irracional del gasto público, Dilma acaba de anunciar un nuevo ajuste fiscal que, entre otras cosas, acarreará la desaparición de ocho ministerios y una cincuentena de secretarías, además de la reducción de los sueldos de los ministros que permanezcan y otros funcionarios. Aunque el impacto económico de muchas de las medidas será virtualmente nulo, podrían ayudar a brindar la impresión de que el gobierno está resuelto a asegurar que los sacrificios que cree necesarios sean compartidos equitativamente. Asimismo, a pesar de su formación marxista, Dilma claramente entiende que a la larga sería peor que inútil tratar de hacer pensar que está liderando una rebelión contra “los mercados” o el sistema financiero internacional, ya que a cambio de los eventuales beneficios políticos depauperaría todavía más al grueso de los habitantes de su país. En los círculos políticos no sólo de Brasil y otras partes de América Latina sino también del resto del mundo, todos los gobiernos se sienten tentados a comprar apoyo multiplicando los cargos políticos, pero en los países más avanzados la ciudadanía suele ser consciente de los riesgos así planteados, ya que la experiencia les ha enseñado que emplear el Estado como una especie de esponja que sirve para absorber empleo supone costos muy altos que los contribuyentes tendrán que soportar. Huelga decir que a la Argentina no le será dado pasar por alto tal detalle. Mal que le pese, el próximo gobierno tendrá que optar entre resignarse a convivir con un sector público agigantado e intentar reducir su tamaño sin provocar una reacción caótica por parte de los afectados. Además de la legión de “militantes” de La Cámpora que desempeñan cargos en distintas reparticiones estatales sin poseer las calificaciones mínimas exigibles, hay una multitud de apolíticos, por llamarlos así, que por los motivos que sean no serán capaces de trasladarse al sector privado. Dilma comprende que, a menos que afronte el problema planteado por una burocracia a un tiempo sobredimensionada y torpe, a su país no le será posible levantar cabeza en los años venideros ya que, por injusto que a muchos les parezca, el mundo está haciéndose más competitivo por momentos. Es probable que los tres candidatos que encabezan la carrera presidencial, Daniel Scioli, Mauricio Macri y Sergio Massa, coincidan con la presidenta brasileña aunque, claro está, son reacios a decirlo por miedo a perder los votos de los millones de personas que dependen, directamente o no, del Estado. Sea como fuere, dentro de poco uno se verá frente a una situación muy similar a la que tanto ha contribuido a la calamitosa caída del índice de aprobación de Dilma, que ha defraudado a muchos de quienes la votaron sin conseguir el respaldo de aquellos que en las elecciones del año pasado apoyaron al opositor Aécio Neves que, de haber ganado, hubiera puesto en marcha una serie de ajustes parecidos a los emprendidos por el gobierno actual.

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