Dirigentes mapuches se oponen a un desalojo

Dijeron que una familia pretende vender tierras libres de ocupantes y por eso inició un juicio para desalojar al puestero.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- La demanda por despido y desalojo que afecta a Oscar Napal, un puestero domiciliado en Arroyo Las Minas, movilizó a dirigentes del Consejo Asesor Indígena, que se presentaron ante la Cámara Laboral para recordar a los jueces las garantías constitucionales que protegen los derechos de las comunidades indígenas.

El abogado del empleador de Napal, Gerardo Viegener, defendió los derechos de su patrocinado y afirmó que los reclamantes "invocan normativa vigente no aplicable al caso". Agregó que en la demanda se habían ceñido a la ley de trabajo rural.

Los dirigentes mapuches aseguraron que "Napal nació y se desempeñó en ese puesto toda su vida, como empleado de la familia Sede. Allí vivían sus ascendientes y ahora quieren desalojarlo mediante una demanda laboral".

Viegener, por su parte, afirmó que Napal había nacido "en otro lado, y no siempre trabajó en ese campo".

Hermenegildo Liempe y Raúl Benavídez, del Consejo Asesor Indígena, revelaron que "la estancia El Portezuelo, de los Sede, está en bancarrota, y sus propietarios intentan vender las tierras sin ocupantes. Por eso iniciaron un juicio laboral contra Napal, para despedirlo y desalojarlo de la tierra que ocupa en Arroyo Las Minas", ubicado a 30 kilómetros de Ñorquinco.

El asesor letrado de la Coordinadora Mapuche de Río Negro, Darío Rodríguez Duch, acompañó en el reclamo a miembros y dirigentes de la comunidad indígena Kom Kiñe Mu, y denunció que la provincia "puso a la venta en el mercado internacional tierras fiscales que ocupan pobladores mapuches".

El abogado citó normas legales que sustentan el derecho a la tierra de los antiguos habitantes y sentenció que "por una cuestión histórica y de derecho, donde hay un mapuche hay un territorio indígena, y no tierras fiscales".

Los dirigentes indígenas entienden que no se trata de un litigio entre empleador y empleado y reclaman los derechos consagrados en la Constitución de 1994, en el Convenio 169 de la OIT, en la ley provincial 2.287 y en el Pacto de San José de Costa Rica, a la que adhirió la Argentina. Denunciaron "el interés de inversores e inmobiliarias que llegan a las tierras con avionetas y autos 4x4, porque la provincia o quienes dicen ser sus dueños las tienen a la venta". En representación de la Sucesión Sede, Viegener opinó que "en la zona los mapuches no son anteriores a los turcos, por ejemplo".


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