Discuten nueva legislación para el transporte

VIEDMA (AV)- Los términos de nuevas normas relacionadas con el autotransporte de pasajeros en Río Negro comenzaron a ser debatidos por empresarios del sector y la Defensoría del Pueblo. Apuntan a mejorar la calidad de los servicios y las tareas de control.

Las pretensiones son establecer un marco regional que permita superar la actual regulación nacional, sobre todo en servicios interjurisdiccionales; según los resultados de un encuentro concretado en esta capital.

Los representantes empresariales aprovecharon para reclamar un incremento en los subsidios tarifarios, mayores exenciones impositivas por parte de la Dirección General de Rentas (DGR) y una mejor distribución geográfica de los talleres de verificación técnica. El anteproyecto prevé restringir algunas situaciones anómalas de competencia desleal que sufren las empresas regionales cuando algunos micros que cuentan con autorización nacional levantan pasajeros en escalas intermedias dentro de la provincia.

Como punto de partida de las discusiones se tomaron el crítico informe que ese organismo hizo sobre las unidades del transporte automotor como también el accidente en el que murieron cuatro personas y 33 resultaron heridas el 5 de febrero pasado entre Guerrico y Roca.

Las quejas empresariales están vinculadas con que las prestaciones se ven resentidas. ya que por cada unidad se perciben 1.500 pesos mensuales de subsidio contra 10.000 de un colectivo que pertenece a una empresa de capital federal o conurbano bonaerense. En ese marco, se preocuparon por los costos mensuales de Rentas estimando que un micro urbano tributa 400 pesos mensuales de patente y 900 en el trayecto de larga distancia. También reclamaron un mayor acompañamiento de los municipios.

La defensora Ana Piccinini hizo referencia a que las negociaciones permitieron arribar a una serie de coincidencias en torno a una «mayor humanización» en las prestaciones al evaluarse el resultados de las inspecciones. Puso como ejemplo que tendrá que mejorarse las frecuencias hacia Valle Azul, a la vez que reconoció que existe una «discriminación» por parte del gobierno nacional sobre las ayudas subsidiarias y la poca infraestructura existente en Río Negro para hacer revisiones técnicas periódicas.

Respecto de la legislación a modificar, tomando en cuenta que la Ley de Transporte data de 1972, se mostró partidaria de «innovar» porque «no sé hasta qué punto la Nación puede controlar lo que le corresponde a sus propios inspectores».

Manuel Carrasco, como representante de 3 de Mayo, aceptó los resultados del informe que a nivel de «espía» hicieron empleados del organismo.

Dijo no estar satisfecho que «a veces funcionemos con colectivos viejos», aclarando que «los costos hacen que nos comamos el capital, los subsidios no alcanzan y eso lo paga el pasajero sufriendo por la calidad, como en algunas oportunidad las quejas no nos llegan».

En cuanto al accidente de «Ko ko», el empresario Julio Kopprio mencionó que más allá del infortunio, no existe la suficiente infraestructura de seguridad en las rutas. Por caso, el hecho de colocar guard-rail en las rutas. Sostuvo en ese sentido que no hubo demasiadas respuestas de Vial Rionegrina sobre las reparaciones y en algunos sectores «no hay banquinas, con lo cual en algunos sectores tenemos que estacionar con medio colectivo sobre la ruta».

Participaron de las negociaciones las empresas Fredes y Vía Bariloche que tienen servicios de larga distancia entre la provincia y otros puntos del país.