Disparar sobre la tinta para detener el mensaje

En los últimos quince años más de 250 periodistas pagaron con su vida los temas que investigaban. La SIP reclama justicia

«Esta forma de censura, la más arcaica y brutal, no sólo constituye la desaparición física del mensajero, sino también la del mensaje, o sea la eliminación total del objetivo esencial del periodismo». Ernesto Sábato.

 

No hay que ir muy lejos en la historia para lamentarse por el asesinato de los profesionales de la prensa. De hecho, este mismo mes hubo dos crímenes contra dos periodistas, ocurridos en diferentes localidades del Brasil El co-propietario del semanario Boca do Povo, Edgar Ribeiro Pereira de Oliveira, fue asesinado el 9 de junio en Campo Grande, estado de Mato Grosso do Sul, al centro-oeste de Brasil. Dos hombres desconocidos le dispararon 15 tiros desde un vehículo. La publicación que dirigía Pereira de Oliveira era conocida en la zona por sus reportajes contra la corrupción pública.

En otro incidente separado, el martes 3 de junio fue asesinada la periodista Melyssa Martins Correia, del diario Oeste Noticias, de la ciudad de Presidente Prudente, ubicada en el estado de São Paulo, en el sureste del país. Martins Correia, dirigía el suplemento cultural del diario y recibió un disparo en la cabeza.

El ejercicio del periodismo sigue siendo un trabajo «de riesgo» por donde se lo mire. Tristemente, los periodistas no sólo son hostigados y amenazados, también son asesinados por practicar su profesión y como si esto fuera poco, la mayoría de estos crímenes no se resuelven.

Llama la atención la forma que emplean los asesinos. En general se utilizan armas de fuego. Depende la distancia con la víctima, o le llueve una catarata de tiros o recibe sólo uno bien certero en la nuca. Estas claras ejecuciones, que se asemejan a las películas de mafiosos como «El Padrino», no dejan de sumar indignación en la sociedad y en los familiares de las víctimas.

Uno de los casos más representativos de la Argentina, el caso de Jose Luis Cabeza, confirma la teoría. Muerto de dos disparos, el fotógrafo también fue maniatado y prendido fuego dentro de su auto en una cava de Pinamar Casi un año y medio después, Alfredo Yabrán, uno de los empresarios más poderosos del país se suicida, paradójicamente, de un disparo. Yabrán era señalado por gran parte de la sociedad como el autor intelectual del asesinato de José Luis.

Por todos estos asesinatos y para que se logre justicia en los mismos, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que hace años viene trabajando en este tema, lanzó otra campaña a nivel mundial para crear conciencia sobre la impunidad que rodea la mayoría de los 269 casos de asesinatos cometidos en los últimos quince años.

Uno de los casos emblemáticos y por los cuales la SIP pide justicia es el de Héctor Félix Miranda, codirector y columnista del semanario Zeta, de Tijuana, México. Le dispararon a quemarropa en su auto, en represalia por sus artículos que denunciaban la corrupción y el narcotráfico. El afiche de la SIP remarca que «quienes apretaron el gatillo están presos, pero quienes ordenaron el crimen siguen en libertad. Después de quince años, el caso sigue impune».

Bajo el lema Acabemos con la Impunidad, la campaña de la SIP ofrece distintas opciones com escribirle una carta al Presidente Vincent Fox o la posibilidad de firmar una petición de justicia a través del sitio www.impunidad.com Alberto Ibargüen, presidente de la comisión contra la Impunidad de la SIP , destacó que «la meta es permitirle a los ciudadanos de toda América que reaccionen a la violencia contra los periodistas, porque de esta forma defienden su propio derecho a la información» Ibargüen agregó que «si matan a un periodista es justamente para tratar de que no se haga pública una denuncia sobre algún hecho de corrupción, por lo que se perjudica directamente el bien común. De hecho, si como sociedad permitimos que estos crímenes queden impunes, estamos incentivando a los violentos a seguir destruyendo la libertad de prensa y la democracia» La Asociación Mundial de Periódicos (WAN, por sus siglas en Inglés), reportó que a nivel mundial Colombia y Rusia siguen siendo los países más peligrosos para ejercer el periodismo Según el Instituto Nacional de Prensa (IPI), al menos 39 periodistas fueron asesinados durante la última década en Colombia. De las 39 investigaciones, 22 se encuentran en la etapa previa, lo que significa que todavía no existe un proceso formal para dar con los verdaderos autores intelectuales y materiales. Un dato interesante lo aporta Anne-Marie Scott, asesora política de WAN. «Fueron menos los periodista que cayeron en acciones de guerra que los que son abatidos en sus hogares y oficinas», explica Scott y concluye: «Esto resulta un hecho inquietante, ya que muchos de estos ataques revisten un carácter de represalia y venganza» La muerte de los mensajeros indigna, pero no alcanza para hacer detener la tinta de los profesionales que, literalmente, dan su vida por informar a la sociedad. Lo que se reclama simplemente es justicia para todo los crímenes impunes que disparan contra la verdad.

Algunos logros de la SIP:

• A partir de una resolución aprobada el 24 de septiembre de 2002 en Colombia, la Unidad Nacional de Fiscalías de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario decidió la ampliación de la cantidad de fiscales que integran la Subunidad Investigativa. Esta Subunidad, creada el 7 de mayo de 1999, se dedica a adelantar y profundizar las investigaciones sobre agresiones contra los periodistas De acuerdo a la resolución, el aumento de los actos de violencia contra periodistas en Colombia fue lo que motivó ese incremento de fiscales asignados a la ardua tarea de investigar en Bogotá • La Unidad de Respuesta Rápida presentó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pruebas de 15 casos en un total de 37 asesinatos investigados • En Brasil, la SIP continúa con los casos de Aristeu Guida da Silva, Manoel Leal de Oliveira y Ronaldo Santana de Araujo Por su parte, la Cámara de Diputados aprobó una propuesta de enmienda a la Constitución para que los crímenes contra los derechos humanos, incluyendo los asesinatos contra periodistas, sean juzgados a nivel federal.


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