Dolor entre familiares de víctimas

NEUQUEN . «Estas cosas te matan». Silvina de Ulloa, la viuda del gendarme asesinado en barrio Amsur, recibió «como un baldazo de agua fría» el indulto del gobernador que pone más cerca de la libertad a quienes balearon a su esposo.

Teresa de Asencio, en tanto, dijo que «si a la falta de justicia que tenemos se le agrega esto, no sé dónde vamos a parar». Es la madre del taxista Miguel Asencio, asesinado y quemado dentro de su vehículo en febrero del 96.

Las dos mujeres saben de dolor y de lucha para obtener la condena de quienes les quitaron a sus seres queridos. Por eso recibieron con desagrado el indulto del gobernador.

«Parece mentira, después de luchar tanto para que los condenen», se lamenta Silvina. Su marido, de 35 años, fue asesinado en setiembre del 96 por tres chicos de 17 años cuando intentó impedir que asaltaran un quiosco. Hoy, una plaza del barrio recuerda su nombre al igual que una calle de su Malargüe natal.

Recién en agosto de este año los autores fueron condenados a diez años de prisión por el juez de Menores.

«Siempre protegen al victimario, nunca a la víctima», protestó ayer Silvina.

El de Miguel Asencio quedó inscripto como uno de los crímenes más terribles de la región. El taxista fue asaltado en febrero de 1996, lo balearon y luego lo encerraron en el baúl. Después prendieron fuego el vehículo cuando él todavía estaba vivo.

Hubo cinco condenados a penas de entre 13 y 16 años por la Cámara Segunda, pese a que el fiscal había pedido tres prisiones perpetuas por homicidio con alevosía.

Ayer, la madre de Miguel opinó que «nadie está de acuerdo» con el indulto. «Es una burla del gobierno para los familiares que hemos sufrido tanto. Quiero que (los asesinos) paguen por lo que hicieron».

Mientras atendía su negocio y haciendo esfuerzos para no llorar, añadió: «Ya de por sí las condenas habían sido leves. Si ahora encima se las reducen… Creo que no hay justicia».

Pucci podría quedar libre en pocos meses

En mayo del 2000, Salvador Pucci cumplirá 11 años de encierro y quedará en condiciones de obtener el beneficio de las salidas laborales. Así será si el decreto de indulto del gobernador Felipe Sapag mantiene su vigencia y no es declarado inconstitucional.

Pucci cumple una condena a prisión perpetua por el asesinato de su esposa, María Sebastiana Lara, cometido en Chos Malal. Aunque nunca se encontró el cuerpo de la víctima, la justicia dio por probado que el comerciante era el autor y le aplicó la pena máxima, estipulada en el Código Penal para quienes cometen «homicidio agravado por el vínculo».

El decreto de indulto de Sapag establece que los condenados a perpetua primarios (sin otras sentencias) deben cumplir 22 años de detención. A la mitad de ese tiempo quedan en condiciones de obtener salidas para trabajar.

El año pasado el gobierno también puso a consideración una posible rebaja de pena para Pucci, pero hubo un informe desfavorable del gabinete criminológico y el TSJ lo impidió.

Por ese entonces, el gobierno elaboró un proyecto de ley para reglamentar el indulto a fin de tener las manos más libres para aplicar esa atribución constitucional. La iniciativa nunca fue aprobada.