Señorías

En un momento en el que no abundan, el alejamiento de los jueces Jorge Ballesteros y Carlos Farah de la sala I de la Cámara federal podría representar un inesperado triunfo para el gobierno. Desde las primeras semanas de su mandato, el presidente Mauricio Macri se propuso avanzar sobre un conjunto de jueces sospechados de garantizar impunidad, cuando no de involucrarse abiertamente en prácticas de corrupción. Podría ser el caso de estas dos señorías, a la luz de hechos recientes.

Ballesteros y Farah quedaron en el ojo de la tormenta después del fallo con el que dispusieron un mes atrás la excarcelación de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, procesados por la retención indebida de 8.000 millones de pesos –más de $ 17.000 millones con intereses– del impuesto a las naftas. Los jueces están hoy están siendo investigados por la comisión de disciplina del Consejo de la Magistratura ante la sospecha de que su decisión pudo haber estado motivada por “intereses económicos”, según una denuncia de la diputada Elisa Carrió. Un fallo tarifado, según la jerga. El mismo Consejo investiga por pedido de la Corte Suprema el procedimiento para la conformación del voto de la mayoría de ese tribunal. Ballestero ya anunció que apura la jubilación, según le confió a una periodista del diario “La Nación”, incapaz de resistir el peso de la presión pública sobre una salud resentida. El gobierno lo ha invitado a que renuncie. Farah también se mostró angustiado con su suerte y negocia con el ministerio de Justicia un traslado a un tribunal de menor exposición pública. Se menciona la Cámara Federal de Mar del Plata como destino posible.

Hasta el momento el gobierno no ha tenido un éxito a la altura de sus ambiciones para la Justicia. Tal vez el caso más resonante haya sido la renuncia de la procuradora Alejandra Gils Carbó, una mujer fuertemente identificada con el kirchnerismo y considerada pieza clave en un dispositivo destinado básicamente a asegurar que no habrá castigo. Doblegar a la señora Gils Carbó le llevó dos largos años y múltiples gestiones: sólo lo consiguió después del espaldarazo de la elección de octubre. También recién entonces logró desplazar al camarista Eduardo Freiler, destituido por el jurado de enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura por no haber podido justificar su patrimonio. Otras investigaciones en el Consejo habían forzado las renuncias de los jueces federales de la Ciudad de Buenos Aires, Norberto Oyarbide, no sin una negociación; Carlos Rozanski, de La Plata y José Charlin, de La Pampa, en el primer año de gestión de Macri. Si no es fruto de la casualidad, el desplazamiento del juez Rodolfo Canicoba Corral dejó de ser un objetivo urgente después de que sobreseyó en tiempo récord al jefe de Inteligencia Gustavo Arribas, amigo personal de presidente, involucrado en el capítulo argentino del Lava Jato.

La Corte suavizó algo las cosas con el gobierno y legitimó los traslados de jueces ordinarios a tribunales federales dispuestos por el ministro Germán Garavano. Aunque ratificó que deberán tener aprobación del Senado –era la cuestión central de la pulseada– dijo que podrán seguir actuando mientras avance ese trámite. El gobierno aspira a crear cinco nuevos tribunales orales federales y duplicar el número de juzgados federales en la Ciudad de Buenos Aires. Busca consenso parlamentario para esto último. De lograrlo, empezaría a abrir el camino para renovar el fuero que concentra el mayor nivel de descrédito en la Justicia.

Aunque ya casi no hay distingos, el resultado de la auditoría del Consejo de la Magistratura sobre los juzgados federales de todo el país confirmó algunas presunciones sobre los 12 jueces de Comodoro Py: tenían a finales de 2016 entre 30 y 80 causas en trámite por corrupción a su cargo y sólo habían procesado a entre el 5,2% y el 23,5% de los imputados. El 87% de las causas no llegaron a juicio. Un dato de la auditoría desmiente la percepción acerca de que la justicia es siempre lenta: en promedio, la instrucción no supera los tres años y medio. Aunque hay casi medio centenar de causas relevantes que llevan más de diez años en trámite (https://es.scribd.com/document/376225603/Informe-auditoria#fullscreen&from_embed).

El proceso de regeneración institucional en la Justicia es una empresa que suena bien. Pero conviene preguntarse cuál será el grado de independencia de los jueces cuyos nombramientos impulsa el gobierno después de la experiencia que ha tenido la Justicia en los últimos 25 años. Como ocurre hoy, a estos nuevos magistrados también se los juzgará por sus fallos y por la voluntad de actuar en tiempo real, es decir, mientras los hechos están sucediendo. A Macri no sólo se lo evaluará, como él desea, por la reducción de la pobreza. Este será otro de los juicios que deberá enfrentar.

A estos nuevos jueces también se los juzgará por sus fallos y por la voluntad de actuar en tiempo real, es decir, mientras los hechos están sucediendo.