Tarifas altas para los mismos servicios

Dos años, cuatro meses, tres semanas y cinco días lleva Mauricio Macri como presidente de la Nación y Juan José Aranguren, como su ministro de Energía. Durante ese lapso, el precio del gas que se les paga a las petroleras como YPF, Pampa, Chevron o Total y que se traslada a la tarifa final de los hogares creció un 1.100% en la Patagonia. El impacto se siente menos que en la electricidad porque el precio del gas en el sur del país estaba planchado y además rige un subsidio que no sale del Tesoro sino del aporte de todos los usuarios del país.

BTU son las siglas de British Thermal Unit, que es la energía que hace falta para que una libra de agua, en condiciones atmosféricas normales, eleve su temperatura un grado Fahrenheit.

En las boletas de Camuzzi que llegan a los hogares, comercios e industrias de Río Negro el precio del “gas en boca de pozo” (el producto que ingresa a los gasoductos troncales) es de entre 1,23 dólares por millón de BTU y 2,72, con un promedio de 1,93. En marzo de 2016 era de 0,16.

Para casi todos es imposible analizar el impacto de ese costo en el precio final del gas por redes porque las lecturas de los medidores son en metros cúbicos.

El salto de 0,16 dólares a 1,93 es grande (el mencionado 1.100%) pero Aranguren mostró en marzo una proyección que lleva ese precio a 3,81 en dos años (2.280% respecto del inicio del año pasado) y a 6,38 dólares por millón de BTU en octubre de 2022.

En el resto del país, el incremento de este precio fue del 262%, con un impacto mucho mayor porque llevó el millón de BTU a 4,68 dólares.

Camuzzi, que no produce ni transporta gas sino que lo distribuye en las ciudades, también tuvo mejoras en sus ingresos, pero recién volverá a revisarse su tarifa en el 2022.

El precio que cobran generadores y transportistas de electricidad (y que también se traslada a las facturas de Edersa o la CEB) se disparó de 90 pesos el MWh en el 2015 a 1.170, un 1.200% más.

La cooperativa barilochense tiene garantizada su tarifa pero Edersa viene dando una pelea más política que técnica con el gobierno de Alberto Weretilneck.

El impacto de los servicios (habría que sumarle el agua, cuya tarifa ha ido creciendo en estos años) es grande y, como contrapartida, no hay obras que mejoren ni la calidad ni la cantidad del suministro.

La ampliación del transporte de gas en la zona sur (sistema cordillerano más patagónico) recién arrancó hace unos días en Plaza Huincul. Bariloche y El Bolsón seguirán con las mismas restricciones de abastecimiento este invierno, con el agravante de que la demanda de electricidad crece porque Camuzzi no habilita nuevos medidores y la central térmica de respaldo So Energy prepara las valijas para irse con sus megavatios a otro continente porque sostiene que le redujeron la tarifa y la operación dejó de ser rentable.

La segunda línea de abastecimiento de electricidad desde Alicura aliviaría este cuello de botella pero hay dos licitaciones en marcha y ni un poste instalado.

Es incierto el impacto del freno a la obra pública nacional que anunció el viernes el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne.

Hay obras de gas y electricidad que las está haciendo el gobierno provincial con fondos provenientes de la colocación de bonos en dólares (y algunas con financiamiento del sistema federal). Los bonos del denominado plan Castello se emitieron a finales de noviembre y hasta ahora tampoco hay avances más que en las licitaciones.

Desde que emitió la deuda hasta ahora, la cotización del dólar (cerró el viernes a 22,28 pesos) creció un 30%. Dos tercios de los fondos están en bonos nacionales en dólares, el resto fue a Lebacs, cuyo rendimiento se disparó la semana pasada por decisión del Banco Central para contener la corrida.

El mes que viene Weretilneck tiene que pagar los primeros 500 millones de pesos de intereses sin haber construido ni un kilómetro de ruta ni 100 metros de caños ni una planta de tratamiento. El mayor aporte del plan Castello en estos cinco meses es haber financiado al gobierno nacional.

Petroleras, generadoras de electricidad y concesionarios de líneas de alta tensión y gasoductos son los grandes beneficiados por los tarifazos.

Las obras nacionales siguen atrasadas y las que el gobierno provincial financia con deuda en dólares tampoco arrancaron pero ya hay que pagar intereses.