Dos auditorías destaparon la interna en el TSJ

NEUQUEN (AN)- Dos auditorías, una en la Defensoría del Niño y otra en los juzgados de Junín de los Andes, destaparon la disputa interna entre los vocales del Tribunal Superior de Justicia. Después de una semana tormentosa regresó la calma, pero en el medio hubo un impedimento para continuar la segunda de las auditorías, una fuerte queja con amague de renuncia (o de despido, según quién lo cuente), un e-mail con acusaciones injuriosas y hasta un allanamiento que casi se convierte en un escándalo mediático.

Los detalles de esta trama fueron reconstruidos por «Río Negro» en base a consultas por separado con cuatro fuentes judiciales. Lo que queda expuesto es la fuerte puja interna que hay en las alturas del Poder Judicial, algo que se puede observar también en el debate por la virtual modificación de la ley 2.302.

Los protagonistas centrales de esta historia son el vicepresidente del TSJ, Ricardo Kohon, y el ex presidente Roberto Fernández. Ayer aliados, hoy enfrentados, mañana quién sabe. El primero con estrella ascendente, el segundo en declive. Y la pieza clave es la Auditora General del Poder Judicial, Ana Claudia Parodi.

La Auditoría fue creada en 2004 junto con una gran cantidad de nuevos organismos judiciales y posee amplias facultades para controlar la gestión de juzgados, fiscalías y defensoría. Parodi era jueza laboral antes de acceder al cargo, y se le atribuye una buena relación con Fernández.

En junio pasado, Parodi hizo una auditoría en la defensoría del Niño y ratificó lo que decía la defensora Nara Osés: que a partir del fallo de la sala II de la Cámara Civil que en los hechos modificó la ley 2.302, está desbordada de expedientes.

El informe de la auditora desagradó a los cuatro jueces de Familia y al vocal Kohon, quien tiene una fuerte ascendencia sobre ellos. Más le molestó que se hiciera público (lo mencionó este diario en una nota hace dos meses), y eso se lo hizo saber hasta a los miembros del Foro en Defensa de la ley 2.302 que se reunieron con los vocales del TSJ en agosto último.

Kohon, dijeron las fuentes consultadas, sospechó que detrás del informe de la auditora estuvo la mano de Fernández. Por extraño que parezca, Fernández es el único vocal que respalda la tarea de la defensoría, a pesar de que hace apenas dos años pedía juicio político para Nara Osés. Los tiempos han cambiado.

 

En Junín de los Andes

 

En setiembre se escribió el segundo capítulo de la pulseada y fue en Junín de los Andes a partir de que el presidente del Colegio de Abogados de la Cuarta Circunscripción, Daniel Vita, firmó una queja contra la actuación de los juzgados de esa ciudad.

Vita conduce el estudio jurídico más grande de la zona sur, y es lógico que esté atento a todo lo que sucede en los juzgados. Pero quiere la casualidad que también tenga un estrecho vínculo con Fernández, quien en su momento lo propuso para ser camarista en San Martín de los Andes.

Otra casualidad es que el vocal Kohon es el supervisor de todo lo que ocurre en Junín de los Andes. Por eso se disgustó cuando la auditora Parodi, como respuesta a las quejas de Vita, se instaló en esa ciudad bajo su pro

tectorado y empezó a revisar el trabajo de los jueces (al parecer no de todos, porque hay uno que es familiar de un diputado ultrasobischista).

Parodi habría detectado problemas en el juzgado de Instrucción de Junín, cuyo titular es Federico Sommer. Con la auditora hurgando en sus papeles, Sommer pidió apoyo a Neuquén capital y lo obtuvo: por un decreto del presidente Felipe Cía (aliado de Kohon), Parodi fue impedida de continuar su tarea e intimada a presentar en cinco días un informe, no ya de lo que había estado haciendo en Junín, sino de todo lo que hizo desde que asumió en el cargo, en marzo pasado.

Parodi, que si algo tiene es capacidad de trabajo, había confeccionado una veintena de informes dando cuenta de la labor que despliega así que tomó el decreto de presidencia como un ataque personal.

Al mismo tiempo, Cía y Kohon viajaron a Junín de los Andes para hacer una suerte de «contra-auditoría» y volver las cosas a su cauce normal.

 

El e-mail

 

En medio de todo esto, apareció el mail. Fue enviado desde una casilla creada a propósito con ese fin, «diablitodelapatagonia@hotmail.com». Contiene una denuncia infamante en contra de la auditora y de Fernández, que se presentaron como querellantes para exigir una investigación.

La hubo, y se creyó que el correo en cuestión había salido de una radio céntrica. La allanaron, pero el dato resultó equivocado. Pidieron disculpas, y el escándalo mediático en ciernes se paró.

Bombardeada por el decreto de presidencia, por la «contra-auditoría» y afectada por el e-mail, Parodi sintió que sus horas en el puesto estaban contadas. Hubo un amague de renuncia, o un pedido de renuncia, según quién lo cuente, y finalmente un pacto de no agresión entre los vocales. Nadie puede garantizar cuánto durará la tregua.

Mientras tanto, se reglamentará el trabajo de la Auditoría y es muy probable que sufra un importante recorte en sus facultades.

Si los diputados quisieran podrían enterarse de más detalles de esta sorda disputa: la Auditoría está obligada a presentar un informe anual a la Legislatura, o antes de ese plazo si hubiera «razones excepcionales».

El próximo miércoles, en la reunión de Acuerdo, los vocales deben definir qué hacen con un recurso administrativo que presentó la auditora. En duros términos, se queja porque le impidieron terminar su trabajo en Junín y por lo que considera un ataque agraviante a su persona por parte de la presidencia del TSJ. Ahí se verá cómo sigue esta historia.

 

GUILLERMO BERTO

gberto@rionegro.com.ar