Dos causas resonantes irán a juicio tras la feria de invierno

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Después de haber sufrido varias postergaciones, dos importantes y sonadas causas llegarán a juicio cuando concluya la Feria judicial de invierno. Una está referida al caso de corrupción en la que quedó procesado un solo partícipe, por el suicidio de sus consortes de causa, y la otra involucra al comisario Gabriel Capsi, a quien le imputan haber reducido a la servidumbre a varios internos de la alcaidía, entre otros delitos.

Capsi es el que soporta las acusaciones más graves, por cuatro hechos de reducción a la servidumbre en concurso ideal con abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público y fraude al Estado, y además le imputan haber utilizado internos y materiales de la alcaidía local para construir su vivienda particular.

A los suboficiales José Sobarzo y Desiderio del Carmen Vázquez los acusan de reducción a la servidumbre e incumplimiento de los deberes de funcionario, porque habrían colaborado con Capsi en el traslado de los internos. El primero, además, habría dirigido en forma personal la construcción y elaboración de las columnas de hierro y los bloques de cemento que se elaboraban en la alcaidía.

El accidente que sufrió un interno de la alcaidía el 11 de setiembre de 2001 mientras trabajaba en la construcción de una vivienda, a órdenes del jefe de la alcaidía, originó una causa que comenzó a investigar el ex juez Juan Manuel García Berro y motivó la separación del cargo de Capsi.

Un grupo de abogados representará a los presos que realizaron trabajos en la alcaidía y en la casa del jefe de la unidad policial y demandará a la provincia por las irregularidades que pudieran comprobarse.

La otra causa es la que involucra a Bernardo Eppstein, Patricia Uribe y Eduardo Schlageter Boulton en el delito de corrupción de 5 menores de 13 años, pero sólo el primero será sometido a juicio, porque los otros se suicidaron. Schlageter se quitó la vida el 19 de octubre de 2003, disparándose en la cabeza con un revólver, y Uribe se colgó de su celda en la alcaidía el 13 de febrero.

La demanda civil de los representantes de las víctimas apuntó a Schlageter, por su presunta responsabilidad y su condición de hombre pudiente, pero su muerte obliga al sobreseimiento, y además carecía de bienes embargables en esta ciudad.