Dos décadas perdidas para la fruticultura regional

Una preocupante tendencia

La fruticultura del Alto Valle de Río Negro y Neuquén exporta hoy por algo más de 500 millones de dólares por temporada a más de 20 mercados del mundo, divisas que ayudan a consolidar las magras reservas que actualmente existen en el Banco Central.

Factura cerca de 2.000 millones de pesos al año en el abastecimiento de peras y manzanas que se orientan al mercado interno.

El sistema paga impuestos nacionales, provinciales y municipales por más de 1.000 millones de pesos anuales.

Da trabajo, en forma directa o indirecta, a unas 60.000 personas por temporada y es una de las actividades que tienen mayores índices de redistribución de los ingresos.

La manzana y la pera producidas en la región transmiten todas estas virtudes.

Sin embargo, el sistema se encuentra en una profunda crisis. No es de ahora. Se arrastra desde hace años.

Hoy la región exporta manzanas hacia los principales mercados del mundo en menores niveles que hace dos décadas atrás. Producimos la misma cantidad de manzanas para vender en fresco que en el 2000. Mientras tanto, los países competidores de la Argentina siguen creciendo en su oferta productiva, así como también lo hace la demanda en los mercados internacionales para este tipo de pomáceas.

¿Qué pasaría si la región se alineara con el mundo frutícola y comenzara a producir como lo hacen nuestros vecinos?

Con los actuales niveles de tierras productivas, agua prácticamente regalada e infraestructura básica ya existente, podríamos duplicar el comercio internacional de frutas y ello traería aparejado mayor demanda de trabajo, más impuestos para recaudar por parte del Estado y un mayor derrame de recursos para toda la sociedad circunscripta en los valles de la región.

¿Qué nos frena llegar a estos objetivos? ¿Qué es lo que no les permite ver a nuestros dirigentes políticos esta realidad? A simple vista, podemos arriesgar que los objetivos planteados son de largo plazo y la política hoy es todo corto plazo. Sin embargo, los mayores referentes políticos son conscientes de los cambios que necesita el sistema para poder reaccionar.

Tomemos tres ejemplos.

Contamos con un reconocido ministro de Agricultura a nivel nacional que se formó técnica y políticamente en el Alto Valle. Les cuesta hoy a los referentes de la actividad poder reunirse hoy con Carlos Casamiquela.

Desde su cartera solicitan informes, estadísticas y datos “para poder hacer un diagnóstico claro de la actividad con el objetivo de dar sustentabilidad al sistema”. Todo indica que, en el poco tiempo que lleva al frente de este importante cargo, fue fagocitado por la burocracia del sistema público.

Tenemos un gobernador rionegrino que sale de una localidad ligada íntimamente con la producción. Weretilneck luchó codo a codo con los productores cuando estuvo al frente de la intendencia de Cipolletti. Consideraba a la fruticultura, en ese entonces, como un engranaje clave para sostener del tejido socioeconómico de la comunidad. Hoy, pareciera ser que la producción dejó de ser prioridad en su agenda.

Un último ejemplo, para no cansar al lector, es el flamante secretario de Fruticultura de Río Negro, Julián Álvarez. Antes de asumir funciones, una de las plumas más claras para redefinir estrategias que podían sacar a la fruticultura de su estancamiento. Hoy, lejos de la literatura, se encuentra aferrado a un puesto político que acompaña la inercia de los acontecimientos. Terminó siendo parte de un perverso sistema que lo tiene tan sólo como observador de un modelo político que llevó al Valle a perder más de 10.000 hectáreas frutícolas y marginar del sistema a unos 6.000 productores en última década ganada.

Este diario intentó comunicarse en muchas oportunidades con Álvarez para conversar sobre estos temas, pero nunca accedió al diálogo.

Si uno consulta a los funcionarios sobre la crisis que vive la actividad frutícola regional y el rol que le compete a cada uno de ellos dentro de este contexto histórico, la respuesta es siempre la misma: “Lo que condiciona a la actividad es una política económica nacional sobre la que la provincia no tienen incidencia”. “A la fruticultura le dimos millones en subsidios y fijate cómo está”. “No nos dan bola cuando vamos a pedir fondos para la producción”. “Necesitamos un plan estratégico de largo plazo para que Nación pueda liberar nuevas partidas”. En definitiva, todos los argumentos se refieren a que Nación no contempla los reclamos de la provincia y que, cada uno en sus funciones, no tienen el poder político necesario como para modificar el actual escenario.

La pregunta que nos cabe entonces es cuando asumieron sus puestos públicos remunerados ¿no sabían de todo esto?, ¿piensan renunciar para dejar paso a alguien que pueda generar soluciones a los problemas que ellos no pueden dar? En su intimidad, seguramente la respuesta al primer interrogante es positiva. La segunda, negativa. En muchos de estos casos, las mieles del poder pueden mucho más que las convicciones que traían antes de llegar a la función pública.

El rol privado

Las críticas del actual estado en el que se encuentra la fruticultura regional no deben centrarse sólo en el sector público. Sería injusto y simplista tomar este camino.

La actividad privada tiene mucho que ver en el desarrollo que tomó el sistema en las últimas décadas. Nunca pudo unificar criterios básicos de convivencia entre sus componentes. Lo que decían los exportadores era tomado como una ofensa por los productores y viceversa.

Tampoco supieron comunicar sus problemas a la sociedad y, menos aún, a los políticos de turno para que acompañaran sus gestiones ante el gobierno nacional.

La división del sector fue algo insalvable dentro de la corta historia que presenta la actividad.

Este contexto fue aprovechado por una desdeñable forma de hacer política que terminó prostituyendo a la actividad, otorgando dádivas discrecionales que terminaban favoreciendo a aquellos que cambiaban su retórica, sin defender un proyecto para la fruticultura en el largo plazo. Todos fondos públicos que fueron a unos pocos, tomados de impuestos que la sociedad en su conjunto pagaba. Hoy estamos donde estamos, también, por este tipo de dirigentes y funcionarios inescrupulosos.

Quién no escuchó alguna vez decir entre los empresarios frutícolas que “nadie quiere agarrar la presidencia de CAFI. Y el que lo hace es para sacar algún tipo de provecho para su empresa”. La historia muestra que mucho de este relato tiene sus visos de realidad. Lo mismo ocurrió en su momento con algunos presidentes de la Federación de Productores, ligados al poder de turno de la provincia.

Todas ideas que quedaron en el imaginario colectivo de la sociedad y que terminaron por derruir cualquier posibilidad de unificar criterios para el desarrollo de la actividad.

La fruticultura del Alto Valle del Río Negro y Neuquén está cediendo espacios en forma agigantada dentro del plano económico y social de la región. Conspiran en su contra algunas fantasías que comunica muy ordenadamente la actividad extractiva generada por el petróleo. También lo hacen los políticos que ven como una solución de corto plazo a los problemas financieros de sus provincias los aportes que pueda hacer la extracción del oro negro en esta zona. Pero la sustentabilidad de una región no se va a dar sólo con la industria petrolera. Neuquén es un caso típico que avala este último concepto.

Se está todavía a tiempo para poder revertir la crítica situación que está viviendo la fruticultura regional. Pero sin convicciones y nuevas ideas para hacerlo, difícilmente se llegue a buen puerto.

Éste es el nuevo desafío que deberán enfrentar el sector público y el privado para volver a llevar al Valle de Río Negro y Neuquén a ser una zona sustentable desde lo económico y social, tal como fue soñada por sus hacedores.

javier lojo – jlojo@rionegro.com.ar