Dos malas praxis costaron dos millones a Río Negro

El Estado provincial desembolsará unos dos millones de pesos por dos resarcimientos por mala actuación de agentes del Estado, una de las cuales costó una vida. La Comisión de Transacciones Judiciales resolvió esos pagos frente a demandas de familiares de una víctima de gatillo fácil policial en Valcheta y de una joven que padeció una negligencia médica en el hospital de Sierra Grande. Esta Comisión –que integran funcionarios del Ejecutivo y legisladores– evalúa las demandas contra el Estado y autoriza acuerdos extrajudiciales. Resolvió en los últimos días media docena de causas, centrándose en la instrucción a la Fiscalía de Estado para acordar esos dos reclamos judiciales. Uno corresponde a un juicio por la muerte de un joven de Valcheta ocurrida en el 2006 por disparos de un suboficial policial. Otro pertenece a una mala praxis médica en el hospital de Sierra Grande en marzo del 2001 que concluyera con la extracción del útero de una joven de 20 años. Ambos expedientes civiles registran sentencias adversas en primera y segunda instancia. Además, el listado de la Comisión incluyó acuerdos por una vieja locación del restaurante de la estación ferroviaria de Bariloche; un reclamo de un prestador geriátrico del Ipross; negociar un contrato de Altec con un subcontratista para prestar servicios en el municipio de Avellaneda y una demanda laboral con el Servicio Penitenciario Provincial. El dictamen Nº 760 pertenece a la demanda de los padres, concubina e hijos de Pablo Huenteleo, de 24 años, que murió el 8 de octubre de 2006 en Valcheta por disparos del sargento de policía Rogelio Flores. El uniformado concurrió a notificarlo de una denuncia de violencia conyugal efectuada por su pareja pero la presencia policial derivó en pelea y la muerte de Huenteleo. Flores fue condenado por el delito de homicidio cometido mediante uso de arma de fuego y con exceso de legítima defensa. A febrero del 2015, la indemnización rondaba el 1,3 millón de pesos y se estima el monto actual en algo más de 1,4 millón. La Comisión entendió razonable el resarcimiento y propuso a la Fiscalía que inicie las negociaciones del correspondiente acuerdo transaccional. La otra demanda pertenece a una joven de 20 años que sufrió mala praxis médica en el hospital de Sierra Grande, con el daño de extracción del útero. El profesional fue condenado a tres años de prisión e inhabilitación especial para ejercer la profesión médica. El resarcimiento económico fue estimada en 508.000 pesos en diciembre pasado, a partir de 300.000 pesos de daño moral, 120.000 de daño psicológico y otros 88.000 pesos por daño emergente y lucro cesante. Otros 170.000 pesos pertenecen a honorarios de letrados y peritos. El monto actualizado llegaría a los 700.000 pesos. La Comisión de Transacciones está presidida por el fiscal de Estado, Julián Fernández Eguía, y conformada por el ministro de Economía, Alejandro Palmieri; el secretario Legal y Técnico, Jose Calfueque, y los legisladores Roxana Fernández y Facundo López. (AV)

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