Dos pistas, pero sin pruebas en el caso sobornos II

El juez federal Claudio Bonadío no quiere repetir la experiencia de su colega Gabriel Cavallo, quien el año pasado debió dejar el caso de los Sobornos en el Senado -que derivaron en la renuncia del vicepresidente Carlos «Chacho» Alvarez- sin encontrar culpables ni evidencias.

«No tenemos nada concreto, los imputados están abroquelados en un discurso común y no encontramos nuevas pruebas. Pero la sensación es que hubo coimas y que hay muchos implicados; tendremos que seguir trabajando para encontrar la luz al final del túnel», comentó a «Río Negro» un integrante de la fiscalía que trabaja en el causa.

En el despacho de Nelson Vicente, secretario del juez, se acumulan carpetas y archivos. Hay ya más de 80 declaraciones de testigos en cuatro cuerpos de expediente y documentos anexos de todo tipo, entre los que se incluyen agendas de directores de bancos, cajas con documentos del Senado, papeles secuestrados en allanamientos al Citibank, al Ministerio de Economía y a la casa particular del banquero Emilio Cárdenas.

El equipo del fiscal Guillermo Marijuan analiza foja por foja, intentando atar los cabos sueltos. Mientras prepara la estrategia futura: la semana que viene llegarán los informes Excalibur, pedidos para cruzar todos los llamados entre teléfonos de los senadores, banqueros y de los intermediarios que aparecen mencionados en las declaraciones.

Bonadío y Marijuan siguen dos pistas, de alguna forma conectadas. De informes reservados se desprende que las conversaciones entre senadores y representantes de la banca privada, en torno a un par de proyectos de ley ingresados en la Cámara alta, vendrían sucediéndose desde mucho antes del momento en que estalló el escándalo, al salir publicada la noticia en el diario inglés Financial Times. De acuerdo a esta hipótesis, señala un allegado al juez, «la verdadera coima es el proyecto de ley que prevé que los bancos paguen un 2% de las comisiones que cobran para la obra social bancaria». Este porcentaje, que viene siendo reclamado por el sindicato manejado por Juan José Zanola desde que Cavallo quitó ese beneficio en 1996, significaría un aporte anual que ronda los 200 millones de pesos.

¿Estaban de acuerdo los banqueros con este proyecto? El juez Bonadío tiene en claro que no. Pero algún testimonio estaría indicando que el sector financiero estaba dispuesto a dejar correr el plan si, a cambio, los senadores se comprometían a «cajonear» definitivamente el proyecto Alfonsín. Antes de renunciar a su banca del Senado, el ex presidente presentó un proyecto que obligaría a las sociedades extranjeras constituidas en el exterior y que operan en el país a responder con su patrimonio por las obligaciones contraídas con sus clientes. Es decir, que las casas matrices de los bancos deben responder por los depósitos incautados en sus sucursales argentinas a partir del «corralito».

De ser cierta esta hipótesis, el juez se encontraría con una disyuntiva: si banqueros y senadores estaban de acuerdo, ¿qué desató el escándalo? En la fiscalía sospechan que el acuerdo puede no haber dejado satisfechos a todos los senadores, especialmente a aquellos que no pertenecen a la minibancada sindical.

La otra pista que maneja Bonadío tiene que ver con una tesis surgida del bloque del PJ, denominada ampulosamente: «conspiración bancaria internacional». El senador Luis Barrionuevo abona la teoría que los acusaciones de sobornos fueron regadas por los mismos banqueros, para desprestigiar al Senado y parar la ley del dos por ciento. «Creo que más que ese porcentaje, lo que les preocupa a los banqueros es el artículo que impide despedir gente y bajar sueldos durante los próximos tres años», remarcó el informante de la fiscalía.

Gonzalo Alvarez Guerrero

Abapra rechazó los servicios de Bercún

El presidente de la Asociación de Bancos Públicos y Privados de Argentina (Abapra), Carlos Heller, afirmó ayer que se enteró por los medios periodísticos del escándalo de las supuestas coimas en el Senado, pero reveló que la entidad que dirige recibió una oferta de servicios de la consultora de Carlos Bercún, sospechado como presunto intermediario en las maniobras presuntamente ilegales.

Heller, afirmó que «nunca» escuchó rumores sobre pedidos de «coimas» de senadores a banqueros, al declarar como testigo en la causa que investiga un presunto cohecho para frenar una ley que perjudicaba al sector.

«Me enteré por los medios de prensa de una reunión» entre cuatro banqueros y los embajadores de Estados Unidos, James Walsh y Gran Bretaña, Robin Christopher, el 16 de agosto último, donde se habría tratado este tema, dijo Heller ante el juez federal Claudio Bonadio y el fiscal Guillermo Marijuan.

El gerente general del Banco Credicoop admitió que se reunió con legisladores pero en encuentros que «fueron públicos» y que jamás se trató pedido de «coima» alguno y sólo se debatió sobre la aplicación del índice CER y la suspensión de las ejecuciones judiciales en demandas impulsadas por bancos.

A esas reuniones, aclaró, concurrieron también funcionarios de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Justicia y del Banco Central de la República Argentina.

Acusan al juez Urso de cobrar coimas

El abogado Ariel Garrido contó ayer en una audiencia judicial que un preso le confió haber sido contactado por un penalista que le ofreció la libertad a cambio de reunir 550 mil pesos -50 mil por cada uno de los 11 detenidos en un proceso- presuntamente destinados a pagar sobornos al juez federal Jorge Urso y al secretario Oscar Aguirre.

Garrido declaró ayer ante el juez federal Claudio Bonadío, quien lo citó como testigo para escuchar de su boca el relato que efectuó la Cámara Federal porteña cuando, el 3 de octubre pasado, denunció por posible cohecho a Urso y a Aguirre, secretario federal del tribunal penal 7.

Sucede que Garrido se presentó el 2 de octubre ante los camaristas Gabriel Cavallo y Horacio Vigliani para reportar que su cliente Miguel Acerboni -preso por orden de Urso junto a otras diez personas- le dijo que el abogado Víctor Stinfale «le había pedido diez mil pesos para el secretario de la causa, doctor Aguirre».