Dura denuncia contra 'Nina' Juárez

El titular de la Anses de Santiago del Estero, Juan Manuel Bacarat, formalizó ante la justicia federal su presentación por amenazas contra la gobernadora Mercedes Aragonés de Juárez, a raíz de su denuncia de cobro indebido de jubilaciones por más de 11 millones de pesos.

«Quién m… te creés, beduino hijo de p…, turco muerto de hambre, piojo resucitado, ya vas a ver cómo terminan los que me dan la espalda», dijo Nina Aragonés por teléfono a Bacarat, según su ratificación hecha ayer.

Además de la denuncia penal, el funcionario de la Anses anunció que concurrirá al INADI «por las duras acusaciones proferidas por la gobernadora Aragonés de Juárez al decirme decirme que soy un `beduino hijo de p…`, refiriéndose a mi condición de origen árabe», dijo Bacarat.

El abogado, que estuvo por casi dos horas en la secretaria criminal del Juzgado Federal santiagueño, reiteró que «sólo en esta causa que recién se inicia» el perjuicio para la provincia fue de 11.463.665 pesos.

Bacarat contó que a raíz de esa denuncia el ex gobernador Carlos Juárez, esposo de la ahora mandataria provincial, lo mandó a buscar el sábado a la localidad de Frías, a 150 kilómetros, mediante el jefe de policía de Santiago del Estero.

La amenaza de Nina se habría producido cuando el titular de la Anses provincial telefoneó a la residencia del gobernador siguiendo su pedido y ella atendió la llamada.

Bacarat aseguró que «próximamente, también se abrirán las investigaciones por las causas de las jubilaciones de amas de casa, otro desorden administrativo consentido y aprobado por Aragonés de Juárez».

Para el titular de la Anses local, estos hechos «quieren decir que a través de estos años se vinieron cometiendo muchos errores en detrimento de miles de abuelos que a veces no tienen que comer».

Para la ratificación de la denuncia en contra de la gobernadora, Bacarat pidió al instructor que se tenga en cuenta una publicación realizada en un medio local el 3 de diciembre, en la que los ministro de Gobierno, Nelson Paz, y de Economía, Pedro Martínez, admitían que «la señora gobernadora destinó sus haberes del cargo para Acción Social».

La publicación que entregó Bacarat habla del decreto serie «E» número 1197, del 23 de diciembre del 2002, y manifiesta que los fondos serán transferidos a la cuenta especial denominada «Aportes de la señora gobernadora a los más necesitados». Esta actitud fue considerada por el administrador de la delegación local del Anses como un reconocimiento del ilícito que «hoy tratan de tapar.

Lo que comenzó como una acción administrativa hoy se convierte en una grave causa penal por estafa reiterada en contra del Estado nacional», explicó.

Tras la presentación de su denuncia, Bacarat se dirigió a la sede del obispado de la provincia, donde mantuvo una entrevista con el obispo de Santiago del Estero, Juan Carlos Maccarone.

La denuncia de amenazas motivó que saliera ayer el ministro del Interior de la Nación, Aníbal Fernández, a descartar la intervención de Santiago por no haber «razones suficientes». «Se requiere un nivel de razones más que suficientes como para ameritar esa intervención y no las ha habido en este caso», sostuvo Fernández, que prometió ocuparse «directamente» del pedido de Bacarat para que la Policía Federal lo custodie. (Télam y DyN)