Duro mensaje de la Corte a Kirchner: «No somos sus jueces»

En un nuevo round de la crisis institucional que enfrenta el país, ya que la división de poderes no se respeta, el presidente interino de la Corte Suprema de Justicia Carlos Fayt salió otra vez al cruce de los cuestionamientos del Gobierno a las decisiones judiciales y sentenció que «no somos jueces del presidente» Néstor Kirchner.

Respondió así a las nuevas presiones del jefe de Estado para que aprueben cuanto antes la derogación de las leyes del perdón que permitieron exculpar a más de un millar de militares acusados de terrorismo de Estado.

La semana pasada Kirchner había arremetido contra la Justicia porque no le gustó el fallo que ordenó la liberación del empresario acusado en la tragedia de Cromañón, Omar Chabán

El gobierno teme que esa medida judicial le haga perder votos con vista a las elecciones de octubre, y eso fue precisamente lo que le echó en cara el propio juez Zaffaroni, que llegó al máximo tribunal impulsado por el santacruceño. «Quieren conseguir votos sobre la base de una desgracia». «No se debe repensar un fallo sobre la base de que escandalice a la sociedad, sino sobre si está ajustado o no a derecho», le contestó al gobierno el ministro que adhiere a las corrientes garantistas.

Represores hacen su juego

En medio de esta polémica, algunos sectores aprovechan para hacer su juego.

Decenas de militares y policías detenidos por crímenes de lesa humanidad cometidos en la dictadura del período 1976-83 reclamaron la excarcelación, alentados por la reciente liberación de la ex secretaria de Estado María Julia Alsogaray y el fallo en favor del empresario Omar Chabán, dijeron fuentes judiciales.

Sólo en el tribunal a cargo del juez federal Daniel Rafecas se presentaron en seis días hábiles un total de treinta pedidos de excarcelación enmarcados en la causa por los delitos contra prisioneros del Primer Cuerpo de Ejército, que comandó el detenido Carlos Suárez Mason, a quien le fue denegada la libertad en dos oportunidades. (Ver recuadro)

«Todos plantean que la Corte ha sostenido que si no hay peligro de fuga o antecedentes penales, entonces un imputado debe afrontar el proceso en libertad. Este principio, al parecer, se repitió en los casos de Alsogaray y Chabán y al menos en los tribunales federales se han multiplicado de manera increíble los pedidos de excarcelación», explicó una fuente de la concurrida sede judicial de Avenida Comodoro Py 2002, en esta Capital.

Militares y policías presos por crímenes aberrantes aspiran a recuperar la libertad por dos vías: Esperan que la Corte convalide las leyes de Punto Final y Obediencia Debida y, confían, también, en poner fin a su arresto preventivo por la doctrina que fijó el máximo tribunal cuando, al expedirse sobre un planteo del CELS sobre la situación carcelaria, limitó los casos en que un acusado debe transitar un proceso tras las rejas cuando aún no hay sentencia firme en su contra.

De acuerdo con la información que circula en Tribunales, ya existe mayoría en la Corte para decretar la invalidez e inconstitucionalidad de las leyes de impunidad, sancionadas durante el gobierno del radical Raúl Alfonsín.

El propio Kirchner salió a reclamar el 4 de mayo pasado un pronunciamiento en contra de las normas del perdón, y al día siguiente el procurador general Esteban Righi dictaminó que las leyes «son incompatibles con la Constitución Nacional».

«Las leyes 23.492 (Punto Final) y 23.521 (Obediencia Debida) son inconstitucionales en tanto por su intermedio se pretenda conceder impunidad a quien es imputado como uno de los responsables de la desaparición forzada y de las torturas» a prisioneros, escribió Righi en un dictamen.

El reclamo de Kirchner para que el tribunal resuelva el asunto sin demora irritó a algunos ministros, cuyo humor empeoró a partir de las críticas del presidente a las decisiones judiciales que, si bien no fueron adoptadas por los jueces supremos, concedieron la libertad a María Julia y Chabán.

Cuestionamiento a periodistas

«Nosotros no somos jueces del Presidente de la República, eso es evidente. Cada cual tiene su esfera de acción», aseveró ayer el ministro Fayt.

Y exhortó a los periodistas a «no poner plazo» a la sentencia que dictará la Corte sobre las leyes de impunidad. Luego, remarcó que en el país hay «tres poderes interfuncionales», y refiriéndose a lo ocurrido en República Cromañón, volvió a pedir que «no se convierta la tragedia en un escándalo».

(DyN y R.Central)

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