Economía y el FMI siguen las negociaciones por el «blindaje»

Funcionarios del gabinete económico y equipos técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) continuaron ayer revisando las cuentas públicas de la Argentina, mientras se aguarda hoy el arribo de la jefa de la misión técnica, Teresa Ter Minassian que definirá la letra chica del blindaje.

Además de las reuniones de análisis de las proyecciones macroeconómicas y fiscales para el 2001, que figuran en la nueva carta de intención que se espera firmar en diciembre, el cuerpo de técnicos del FMI mantuvo una reunión con la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich.

Los problemas que afectan al mercado laboral argentino fueron analizados por la ministra de la cartera laboral y técnicos. Bullrich ratificó la decisión del gobierno de hacer una profunda reforma en el sistema de seguridad social a través del proyecto de ley que ingresó el lunes en el Congreso (ver aparte). Además del estado de las finanzas de la administración central, y de poner en conocimiento de los técnicos del FMI los resultados obtenidos con la reforma laboral, se estudió el déficit provincial proyectado para el año 2000 y sus estimaciones para el 2001.

La delegación del FMI permanecerá en Buenos Aires al menos un par de semanas, tiempo estimado por el ministro de Economía para cerrar las negociaciones que lleven al blindaje que- según Machinea, será efectivo.

A raíz del desborde de la tasa de interés y los problemas de los países emergentes para acceder a los mercados de crédito, en distintos ámbitos de la comunidad internacional comenzó a especularse con que la Argentina no podría hacer frente a sus compromisos externos. A partir de allí el Gobierno encaró una negociación con el FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), gobiernos extranjeros y actores locales como AFJP la construcción de un «blindaje» financiero que despeje cualquier duda.

Como contrapartida a la disponibilidad de crédito, el Gobierno se comprometió a sancionar la reforma previsional, a la aprobación del presupuesto del 2001 e implementar la desregulación de las obras sociales (ver aparte). El gobierno aspiran a que la totalidad de las reformas se realidad antes de la tercera semana de diciembre.

Por otra parte, el gobierno recibió ayer el apoyo del gobierno norteamericano. El representante especial para América del Gobierno estadounidense, Ken Mc Kay, remarcó hoy la «importancia estratégica de la Argentina en el hemisferio» y reiteró la voluntad norteamericana de apoyar al país.

(DyN, Infosic, Télam)

Gobierno piensa en el camino del decreto

La reunión de gabinete de ayer estuvo tomada por dos temas claves. El gobierno avanzó ayer con el decreto reglamentario de la desregulación de las Obras Sociales, mientras seguían los entretelones del debate parlamentario por la aprobación del Presupuesto 2001.

El viceministro de Economía, Mario Vicens, afirmó ayer que si la reforma previsional no sale en tiempo y forma por ley «habrá que discutir cuál es el mejor camino a seguir», y admitió que «dentro de esas alternativas está la de promover un decreto de necesidad y urgencia».

Sin embargo, la ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, defendió la aprobación de la reforma a través de la vía parlamentaria, por entender que de esa manera se fortalece la seguridad jurídica del sistema.

«La decisión del Gobierno es acordar con el Congreso una reforma de previsión social», indicó Vicens, quien sostuvo que «lo ideal sería que saliera muy rápidamente a través del proyecto ley, modificado o no, que hemos enviado».

No obstante, el secretario de Hacienda señaló que «si no sale en términos más o menos prudentes, en ese momento habrá que discutir, siempre tratando de estar de acuerdo con los parlamentarios, cuál es el mejor camino a seguir a fin de asegurar los objetivos de la política económica».

«Dentro de esos caminos está, por supuesto, la posibilidad de que el Gobierno promueva un decreto de necesidad y urgencia», reconoció en declaraciones radiales Vicens, quien remarcó que esta vía «es una alternativa, pero no es de ningún modo la alternativa decidida ni la única disponible».

El Gobierno envió el lunes al Congreso el proyecto de reforma previsional que elimina el régimen de reparto, reemplaza la Prestación Básica Universal (PBU) -subsidio estatal de 200 pesos para todas las jubilaciones- por la Prestación Social (PS) -100 pesos para haberes no mayores a 600 pesos-, y establece que si la mujer se jubila a los 65 años en lugar de los 60, recibe mayores beneficios.

El número dos del Palacio de Hacienda precisó que «se está conversando qué cambios habría que incorporar en este proyecto de ley para que sea su tratamiento positivo por parte del Congreso. Hoy por hoy ese es el camino», aseguró Vicens.

Con respecto a la posibilidad de sacar la reforma por decreto, el viceministro remarcó: «lo vamos a hacer, siempre que haya acuerdo del Congreso, en ese sentido». (DyN, Télam)