Edersa no podrá vender protectores de corriente

VIEDMA – Edersa fue desautorizada por el Ente Provincial Regulador Energético (EPRE) a vender protectores de fallas eléctricas, debido a que de esa manera la distribuidora energética entra en incompatibilidad con su función de asegurar la calidad de servicios.

La resolución oficial está vinculada a un reclamo formulado por la Asociación de Defensa del Consumidor de Viedma (Decovi) al advertir el contenido de un folleto publicitario que le llegaba a los usuarios junto con la factura de consumo. La entidad interpretó que con la adquisición del aparato se está dando a la empresa la posibilidad de descuidar las prestaciones específicas. El llamado de atención a la empresa se basó en que la venta o publicidad de una central de seguridad eléctrica «no se encuentran comprendidas ni expresa ni implícitamente en el objeto social de Edersa».

Insistió en que esas actividades no tienen vinculación con la distribución, comercialización, generación aislada y transporte de jurisdicción provincial de energía eléctrica. Agregó que tampoco son actividades que resultan necesarias para el cumplimiento de los fines de la sociedad y menos aún son actividades relacionadas con la presentación en licitaciones para realizar las obras eléctricas que la provincia de Río Negro determine con fondos provenientes del sector eléctrico.

La resolución que firma el titular del EPRE, Enrique Oehrens, sostiene que la distribuidora «tiene la obligación contractual de propender y fomentar para sí y los usuarios, el uso racional de la energía eléctrica» por lo tanto «dicha tarea se limita al asesoramiento y/o difusión de medidas técnicas y de seguridad eléctrica pero de ninguna manera dicho fomento puede comprender la oferta para la venta y/o publicidad de una central de seguridad eléctrica». En cuanto al temor de la entidad denunciante sobre eventuales descuidos en las prestaciones, el EPRE aclaró que «el hecho se reflejaría en los registros llevadas a cabo durante la campaña de calidad de servicio» y que de confirmarse las presunciones habría sanciones para la empresa.

Recientemente, el ente regulador la obligó a devolver a los usuarios rionegrinos unos 37.000 pesos luego de advertir deficiencias en la calidad del servicio prestado durante el primer semestre el año pasado.