Ediles dicen que no “convalidarán una estafa”

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El proyecto del Ejecutivo para comprar tierras para viviendas sociales sigue encontrando oposición en el Concejo Municipal.

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- El debate sobre la compra de 42 hectáreas al pie del cerro Otto para construir viviendas sociales tuvo ayer otro capítulo caliente en el Concejo Municipal, donde surgieron nuevos cuestionamientos sobre la operación pactada por el intendente Marcelo Cascón. Numerosos miembros de las cooperativas que esperan por su lote se mostraron fastidiados por la demora. Al ver que se alejan las chances de que el proyecto resulte aprobado, dos de ellos decidieron encadenarse a un banco del Centro Cívico. La tensión y las dudas sin saldar dominaron durante la reunión de Gobierno y Legales, a la que concurrieron nueve de los once concejales. El cuerpo decidió postergar cualquier decisión sobre el proyecto hasta recibir nuevas tasaciones por la tierra que el municipio entregará al privado en parte de pago y que estaría notoriamente subvaluada. Entre quienes manifestaron su negativa a aprobar la compra la más terminante fue la concejal Arabela Carreras (SUR), quien advirtió que si votan a favor podrían convertirse en corresponsables de “una gran estafa”. Subrayó que los 11.000 m2 en valiosa ubicación que el municipio pactó entregar a un precio de 150 mil dólares fueron tasados por otra inmobiliaria en 430.000 dólares. A su vez cuestionó que se comprometiera a pagar el saldo en cuotas en dólares, cuando a los destinatarios de los lotes les prometió un plan de pago en pesos. Claudio Otano (UCR) recordó que el boleto de compraventa “no se puede tocar” y llamó a aprobar la ordenanza “por decisión política”. Dijo que si queda comprobado que el municipio entrega bienes a menor precio, lo que queda a los ediles es “recurrir a la Justicia” para que determine las responsabilidades del caso. El edil radical subrayó que “el Estado no está para hacer negocios inmobiliarios. Si la compra está mal hecha y el municipio tiene que perder dinero que lo haga, porque está en juego la solución para cientos de familias”. En parecidos términos avaló lo actuado por el Ejecutivo el presidente del Concejo, Darío Barriga (SUR). Pero Carreras observó que el Estado municipal “asume obligaciones en un negocio que están haciendo dos o tres privados y vaya a saber quién más”. Hizo notar que una nota reciente de la secretaria de Planeamiento, Fabiela Orlandi, admite que de las 42 hectáreas sólo 28 son “loteables”, de modo que entrarían apenas 900 parcelas de 200 metros cuadrados, en lugar de las 1.200 mencionadas en un principio. A su juicio, sin embargo, lo más grave es el precio de la tierra: “No podemos convalidar una estafa”, dijo Carreras. También Hugo Cejas (SUR) adelantó que votaría en contra salvo que antes quede claro “de dónde sale el dinero para que el municipio pague por las tierras. Porque hoy no lo tiene”. Una nota enviada por el Instituto de la Tierra y la Vivienda indicó que el pago en cuotas se cubriría con lo que abonen los beneficiarios una vez que resulten adjudicados, y también con $4.164.000 que el Instituto tiene como “saldo pendiente a cobrar” por la venta de otras tierras en el proyecto Valle Azul. En tanto, el bloque del FG no está dispuesto a favorecer con su voto. El concejal Alfredo Martín dijo que “el municipio no está para ganar plata, pero tampoco para avalar negociados” y abundó en críticas sobre las escasa valuación de las tierras que cedería en compensación.