Adolescentes y policías

Río Negro puso en marcha esta semana, con más de un año de demora, el protocolo que deberán seguir las fuerzas de seguridad respecto de la custodia de niños y adolescentes en conflicto con la ley. La medida viene a llenar un vacío legal que había generado situaciones de violencia institucional hacia uno de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Esta positiva medida se definió luego de que un fallo del Superior Tribunal de Justicia exigiera en octubre de 2016 cambios en las facultades que el gobierno le otorgó a la policía para demorar a menores de edad sorprendidos cometiendo un delito o en evidente situación de vulnerabilidad. El máximo tribunal había definido que los agentes no pueden aprehender a un adolescente sólo por considerar “sospechosa” su actitud, tampoco puede definir las mismas condiciones de detención que a un adulto y que debería dar inmediata intervención a los organismos proteccionales y a su familia.

El protocolo definido esta semana por la provincia intenta seguir estos lineamientos básicos. Define una instancia de coordinación entre la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia y los ministerios de Seguridad y Justicia ante una intervención de la policía que involucre a niños o adolescentes, que sean alojados en Centros de Admisión (CAD) o unidades de Orden Público.

La medida se produce luego de numerosas denuncias de abusos por parte de las fuerzas de seguridad contra adolescentes en toda la provincia. Específicamente en Bariloche, diversas organizaciones que trabajan con la infancia vulnerable denunciaron el recrudecimiento de detenciones arbitrarias y agresiones físicas por parte de agentes policiales. El más grave de ellos fue un ataque con gas pimienta que sufrieron varios estudiantes de un secundario, que además denunciaron golpes y una intimidación con el arma de fuego reglamentaria.

Organismos de derechos humanos y vinculados a la problemática de la niñez siguen manifestando reparos a estas facultades policiales. En varias ciudades hay denuncias de detenciones arbitrarias, vejámenes y golpes a adolescentes, a menudo sólo debido a la percepción policial de una “actitud sospechosa” como estar en una esquina tomando cerveza o fumando, por la vestimenta o por pertenecer a cierto barrio. Cómo se “bajen” estas nuevas directivas y una urgente capacitación a los agentes y operadores de calle será clave para evitar arbitrariedades.

Otra duda es si este protocolo contará con los medios y recursos adecuados para las funciones que se le atribuyen. Las constantes reducciones presupuestarias y la crónica falta de profesionales que sufren los organismos proteccionales afectan su capacidad de respuesta, especialmente cuando las situaciones y conflictos se producen en fines de semana, feriados y en horarios nocturnos, cuando las decisiones quedan a discreción de la policía y los chicos suelen ser “demorados” en comisarías, a pesar de estar prohibidos como centros de detención, donde están expuestos a agresiones.

Es legítima la preocupación ciudadana por la participación de menores en delitos, que a menudo tienen mucha visibilidad y causan impacto. Sin embargo, las estadísticas muestran que en nuestra provincia menos del 6% de los actos criminales son cometidos por chicos entre 14 y 17 años, y la cifra disminuye hasta el 1,5% si se consideran los hechos graves, como homicidios o delitos sexuales, ya que casi el 80% de los hechos son robos menores. En estos casos se hace imprescindible el debate sobre un régimen o Procedimiento Penal Juvenil, similar al implementado en Neuquén y que Río Negro todavía no tiene, y que permitiría abordar estos casos desde una justicia especializada, que permita tratar los delitos violentos cometidos por adolescentes respetando los Derechos del Niño y los tratados internacionales de Derechos Humanos avalados por nuestro país. Además de establecer políticas públicas claras para la adolescencia y niñez vulnerables, que actúen sobre el contexto social y las causas y no las consecuencias de la criminalidad juvenil.