Datos personales en riesgo

El escándalo que afectó a Facebook por el “uso inapropiado” de los datos personales de millones de usuarios de esta red social sin su consentimiento para influir en elecciones en diversos países volvió a poner en el foco de atención los retrocesos que ha experimentado en los últimos años la protección de la información privada en Argentina.

Una investigación conjunta de los diarios “The New York Times” de EE. UU. y “The Observer” de Gran Bretaña les permitió concluir que la consultora Cambridge Analytica utilizó datos de unos 50 millones de usuarios de Facebook que habían sido obtenidos a través de una aplicación conectada con esa red social para hacer un “test de personalidad”, para influir sobre la decisión de millones de votantes indecisos en los comicios que eligieron presidente a Donald Trump y en el plebiscito que determinó la salida de Gran Bretaña de la Unión Europa, el denominado Brexit.

La maniobra explotó una laxitud en la política de protección de los datos de los usuarios que hasta el 2014 tuvo Facebook, que permitía a las aplicaciones el acceso no sólo a los datos de quienes daban su consentimiento (en el caso de la aplicación de Cambridge Analytica eran 270.000) sino también a todos sus contactos (casi 50 millones de usuarios más). Pese a que Facebook cambió su política de privacidad en 2014, la consultora política siguió utilizando estos bancos de datos para realizar mensajes propagandísticos muy personalizados en las campañas electorales en 2016.

En nuestro país, la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), la autoridad encargada de proteger los datos personales de los argentinos, inició una investigación de oficio para determinar si Facebook infringió la ley y aplicar posibles sanciones. Sin embargo, parece más un gesto para la tribuna, ya que la protección de los datos personales en nuestro país deja mucho que desear. De hecho, si se concreta alguna sanción a la red social sería la primera en 18 años a una empresa proveedora de servicios desde la sanción de la ley 25236 de Protección de Datos Personales en 2000.

Para la mayoría de los expertos y asociaciones defensoras de los derechos civiles, desde 2016 hubo un serio retroceso en este aspecto en el país. Principalmente porque la ley de Acceso a la Información, que fue considerada un gran avance en la trasparencia de los actos de gobierno, sufrió luego modificaciones por Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que afectaron su efectividad. Entre los principales figuran la transferencia de la autoridad de aplicación de la ley a la órbita de la Jefatura de Gabinete, con lo cual se perdió tanto la independencia como la autarquía financiera del organismo. Se recortaron las funciones de la AAIP al impedirle definir su estructura interna y en febrero la oficina que lidera Marcos Peña rebajó un 60% su presupuesto, de 43.368.000 de pesos a 17.226.682.

Paralelamente, esta semana la Jefatura de Gabinete creó una Unidad de Opinión Pública que tendrá como función “conocer y analizar las demandas de la población como insumo para el diseño e implementación de las políticas públicas”. Más allá de los eufemismos, la unidad le permitirá al gobierno elaborar una fenomenal base datos a disposición discrecional del Ejecutivo, sin control parlamentario. La sospecha se agranda si se tiene en cuenta que en 2016 una resolución presidencial le permitió a Peña tener acceso a la base de datos de Anses, donde figuran la información laboral y previsional de millones de argentinos y otro más reciente con Amazon (uno de los mayores proveedores mundiales de servicio de Big Data) para alojar datos públicos en sus servidores.

El debilitamiento de la autoridad de aplicación y la creación de bases de datos oficiales sin control externo dejan a los consumidores y ciudadanos argentinos en una situación de enorme desprotección respecto del control de su información personal, contrariando el espíritu de la reforma constitucional de 1994 que le otorgó rango de “derecho fundamental” y afectando seriamente un principio básico del sistema republicano, como es la trasparencia en la gestión pública.


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