Editorial

Deuda social y despilfarro

16 sep 2018 - 00:00

La baja tasa de construcción de viviendas sociales en Río Negro y Neuquén y la polémica por las irregularidades en el programa habitacional más importante en marcha en suelo rionegrino, el Techo Digno, revela hasta qué punto acceder a la casa propia es una quimera no sólo para los sectores populares sino también para la mayoría de la clase media.

El déficit estructural de viviendas en nuestro país es uno de los más altos de América Latina, cercano al 25%, según dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Nación en su reciente visita a Río Negro, casi 3,5 millones de familias. Cerca de 2 millones necesitan ayuda para mejorar o ampliar viviendas precarias y serían 1,5 millones las viviendas nuevas que se necesitarían construir. Ante esta dura realidad, la acción estatal ha sido paupérrima: hoy están en obra cerca de 90.000 viviendas sociales en todo el país y durante todo el 2016 se construyeron apenas 5.168 unidades.

Un informe de este diario reveló esta semana que la entrega de casas con aporte del Estado disminuyó casi un tercio en el último año. La mayoría de ellas corresponde al polémico plan Techo Digno, una iniciativa financiada por Nación pero bajo administración municipal, que prevé construir casi 3.000 unidades en toda la provincia. El caso es un muestrario de los problemas que enfrentan estas iniciativas. Retrasos por problemas burocráticos, disputas políticas, problemas con proveedores, manejo discrecional de fondos y en la selección de constructoras, obras inconclusas y abandonadas, valores finales varias veces superiores a los pactados inicialmente que terminan siendo afrontados por el erario público. Actualmente un equipo de seis fiscales investiga el manejo del plan de la gestión kirchnerista que fue comandado por el hoy encarcelado exministro de Planificación Julio De Vido.

El gobierno de Cambiemos asumió prometiendo terminar los planes en marcha, pero al mismo tiempo señaló que pretende un “cambio de paradigma” en el sistema de construcción y adjudicación de viviendas. La apuesta fue abandonar el rol del “Estado constructor” y desarrollar un mercado de créditos hipotecarios accesibles para la clase media que les permita adquirir por su cuenta los terrenos y viviendas, dejando los esquemas subsidiados para los sectores más pobres e informales. Sin embargo, los serios problemas que enfrenta el plan económico con una aceleración de la inflación, elevadas tasas de interés y la disparada del dólar que distorsionó todo el mercado inmobiliario han generado serios problemas a quienes ya tomaron créditos UVA, que se ajustan por el índice de precios. Tanto bancos como clientes que se encontraban negociando los préstamos decidieron congelar solicitudes, a la espera de una mayor estabilidad cambiaria y financiera que les permita anticipar montos, cuotas e ingresos necesarios para tramitar los nuevos préstamos.

Mientras tanto, los recortes implementados en los presupuestos desfinanciaron programas habitacionales y los traspasaron a las órbitas provinciales, que debieron hacerse cargo de los aportes. Muchos están paralizados porque no se previeron obras complementarias de gas, cloacas o electricidad necesarios y en otros porque las empresas piden ingresos adicionales para terminarlas, por mayores costos. Según los casos hay sólo bases, estructuras o viviendas casi listas, que mientras esperan un acuerdo entre los distintos niveles del Estado sufren desvíos de fondos, ocupaciones, robos y vandalismo, generando un millonario despilfarro de recursos públicos en tiempos de ajuste y ahorro de gastos.

En definitiva, siguen ausentes políticas integrales de Estado que permitan a millones de compatriotas el acceso a una vivienda adecuada y un hábitat digno. No hay articulaciones adecuadas entre los niveles municipales, provinciales y nacionales para resolver problemas como el acceso a la tierra, la regulación del mercado contra la especulación inmobiliaria y la provisión de infraestructura y servicios básicos. Tampoco avanza la construcción de las soluciones habitacionales nuevas o existentes, malgastando los pocos recursos públicos que se destinan a este fin.

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