Dinero y campañas

El Senado de la Nación prevé discutir en los próximos días un proyecto de reforma del sistema de financiamiento de la política que, entre otras medidas, volverá a darle a las empresas la posibilidad de aportar a las campañas electorales.

El plenario de comisiones de la Cámara Alta emitió un despacho para un proyecto en el que convergen propuestas de Miguel Pichetto y Ángel Rozas, entre otros, tras escuchar a diversos expertos en legislación electoral y participación ciudadana. El texto abandona la prohibición taxativa al financiamiento empresario a las campañas, introducida en el 2009 después que el empresario Fernando de Narváez derrotara a Néstor Kirchner en las legislativas bonaerenses y del escándalo de aportes de la “mafia de la efedrina” a la campaña presidencial del peronismo. Ocurre en momentos en que Cambiemos enfrenta una investigación penal por “aportantes truchos” (que encubrirían aportes empresarios ilegales) en la campaña que llevó al poder a la gobernadora María Eugenia Vidal. Y que el caso de los “cuadernos” revelara la trama de corrupción de coimas y “retornos” de dinero de empresas y contratistas del Estado usados durante el kirchnerismo tanto para financiar actividades políticas como para el enriquecimiento personal de funcionarios.

El proyecto parte del reconocimiento de un fracaso. Tanto funcionarios electorales como expertos reconocieron en las audiencias del Senado que las últimas rendiciones de los partidos mayoritarios fueron meros “dibujos” para cumplir formalidades legales. Hacer política en Argentina es cada vez más caro. Según el periodista Hugo Alconada Mon, las campañas presidenciales de quienes llegaron al balotaje, Mauricio Macri y Daniel Scioli en 2015, usaron más de 100 millones de dólares, 8 o 9 veces más de lo declarado, que recibieron “en negro” de fuentes empresarias y de desvíos o abuso de fondos del Estado. “El financiamiento de la política es el pecado original de la corrupción en el país”, señala.

El proyecto que debatirá el Senado reconoce que la prohibición total de los aportes empresarios aumentó la ilegalidad. Propone un sistema “mixto” de financiación público y privado, estableciendo límites y mejores controles. Permite que personas jurídicas, empresas, puedan aportar hasta un 5% del total de los gastos de campaña de un partido o alianza electoral. Deberán estar bancarizados, de modo que la Justicia electoral pueda establecer la “trazabilidad” de los fondos. Mantiene la prohibición de aportes anónimos, de entes estatales, contratistas de obra pública, juegos de azar, sindicatos o asociaciones empresarias o profesionales y empresas extranjeras, entre otros. Crea un “registro de trazabilidad” disponible en la web de la Cámara Nacional Electoral, que sumará facultades de control y personal en su cuerpo de auditores que fiscalizan los gastos de campaña.

Sin embargo, ya hubo críticas a la propuesta. Entre ellas que se “privatiza la política” y se perjudica a los partidos políticos pequeños, ya que disminuye a la mitad el espacio gratuito en los medios de comunicación. Temen que algunos artículos sean una “amnistía” encubierta a las investigaciones en marcha sobre aportes ilegales. Otros añadieron que se deja de lado el control a sindicatos, colegios profesionales y fundaciones, usados como vías paralelas de campaña. También sería confusa la regulación de la publicidad oficial y otros mecanismos que permiten a los oficialismos hacer proselitismo con recursos públicos. Igualmente se reclamó que las sanciones por el mal manejo de fondos alcancen también a las alianzas, no sólo a los partidos, y a los propios candidatos.

El problema es que se debate una autorregulación: políticos legislando sobre temas que luego afectarán sus campañas y sancionarán sus propias malas prácticas. También es necesario blanquear el verdadero costo de la política y las elecciones en el país. El debate debería ser amplio, público y seguido de cerca por la ciudadanía, ya que la redacción de sus artículos y las definiciones del proyecto determinarán si la reforma termina siendo cosmética, como la del 2009, o verdaderamente marcará un cambio en la forma de financiar la actividad política en nuestro país.

Editorial


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