Frenar a los femicidas

El horror del doble femicidio ocurrido en Las Ovejas volvió poner en evidencia las enormes fallas del sistema creado para evitar la violencia de género, en especial la articulación entre Justicia, Policía y la administración del Estado para proteger a las víctimas.

Se sabe que Lorenzo Muñoz, pese a haber sido denunciado por acoso y violencia de género y estando imputado por abuso sexual, tuvo el tiempo necesario para planificar el crimen de su expareja Carina Apablaza y su hija Valentina, de 11 años.

El historial de Muñoz parece (otro) catálogo del fracaso estatal en proteger a las mujeres de la agresión machista. Trabajaba como auxiliar en Educación y sus compañeras porteras lo denunciaron reiteradamente por manoseos, obscenidades y otras formas de acoso. La única sanción fue ser trasladado de escuela en escuela, donde repetía conductas. Ya había sido acusado de golpear a su exesposa.

Al poco tiempo de comenzar su relación con Carina, las agresiones y el abuso sexual contra su hija de 11 llevaron a la ruptura de la pareja y a una denuncia penal. Pese a que le formularon cargos por este delito y se dictaron medidas de restricción de acercamiento, tanto por parte de la Justicia Penal como de la Justicia de Familia, Muñoz las violó sistemáticamente sin sufrir consecuencias. El jueves pasado, horas antes del doble asesinato, la policía lo había notificado de una audiencia donde probablemente iban a dictarle la prisión preventiva. Pensar que ese fue el desencadenante de su furia homicida es buscar una justificación que no existe: las personas como Muñoz no estallan, no son “monstruos” ni “loquitos”. Prueba de ello es la planificada ejecución del crimen, a plena luz del día, y atacando primero a Valentina para que Carina sufriera viendo morir a su hija, y luego la huida, también diseñada para evitar que lo encuentren.

En medio del estupor, la intensa búsqueda del asesino y el dolor de familiares y amigos de las víctimas, cabe preguntarse si éste no era un crimen evitable. Todo en la conducta de Muñoz indicaba que sus niveles de violencia aumentaban. Quienes están habituados a lidiar con casos de violencia de género señalan que sus conductas siguen el patrón habitual de estas agresiones y que el final de este caso no es sorpresivo.

¿Entonces cómo, en una localidad pequeña como Las Ovejas, donde la mayoría se conoce, los dispositivos establecidos por la ley para proteger y asistir a las mujeres víctimas de violencia fracasaron tan estrepitosamente? ¿Hubo connivencia o falta de preparación de los policías que debían hacer respetar estas órdenes de restricción? ¿Hubo lentitud y desidia judicial?

En una provincia donde se presentan entre 24 y 30 denuncias por violencia de género por día la falta de respuestas es preocupante. Alarma la tolerancia a las actitudes misóginas y de acoso en cualquier ámbito, más aún en el Estado y en establecimientos escolares. También la falta de coordinación entre Justicia, Policía y autoridades del Ejecutivo para activar un verdadero sistema de protección a las víctimas y que no se queden sólo en meros formalismos.

El debate no debiera limitarse a cómo mejorar la protección de las víctimas, sino también a cómo se realiza el seguimiento y control de los agresores. Son raros los casos en que se los obliga a someterse a programas para modificar conductas o se aplican las multas o arresto previstos por ley cuando violan las restricciones. Mientras la mujer víctima a menudo debe restringir sus movimientos y su vida se altera en el ritmo habitual, los violentos gozan de amplia libertad de acción.

El traumático doble femicidio de Las Ovejas debería abrir un fuerte debate sobre las falencias en los poderes Judicial y Ejecutivo, por la desprotección y el incumplimiento de las normas que terminan agravando las agresiones. Y en el Legislativo, para determinar si no es hora de establecer nuevos mecanismos de seguimiento y control de los violentos sometidos a medidas cautelares y de sanción a los funcionarios que no cumplen con su deber. Mientras, se debe seguir apostando al cambio cultural que permita erradicar con políticas públicas efectivas el flagelo de la violencia machista a todo nivel.