Peligrosa intolerancia

La media sanción del presupuesto 2019, lograda por el oficialismo en medio del acuerdo con opositores y de serios incidentes tanto adentro como afuera del recinto, revela hasta qué punto a los argentinos aún nos queda mucho que aprender sobre las reglas del juego democrático.

Las escenas en el Congreso parecieron un calco de las de diciembre pasado. Un gobierno necesitado de polémicas leyes económicas, en minoría parlamentaria, que debe acordar con la oposición para lograr su objetivo. En frente, una minoría radicalizada que no tiene los votos suficientes para rechazar o impedir negando el quórum una ley que considera perversa y apela a vías de hecho para intentar bloquear el debate mediante disturbios en las calles y escándalo al interior del recinto.

La movilización en contra del proyecto de Presupuesto que trataba Diputados fue multitudinaria, y hasta allí implicaba el legítimo derecho de quienes se sienten perjudicados por las decisiones para exigir cambios o el retiro del proyecto. Sin embargo, entre miles de manifestantes, un reducido grupo de exaltados, coordinados y muy organizados se mezclaron con la multitud generando hechos de violencia que desataron la represión policial. Aquí es donde divergen las acusaciones: algunos apuntan a sectores del kirchnerismo y de la izquierda que intentaban “pudrir” la sesión.

Por su parte, desde esos sectores se acusó, sin pruebas, a servicios de Inteligencia del Estado como parte de una estrategia para “vaciar la plaza”. A la visión conspirativa contribuyó el lamentable y poco profesional accionar de las fuerzas de seguridad, otra vez incapaces de separar y detener a los violentos, golpeando y apresando a personas sin relación con los incidentes.

Claramente el fracaso de la votación en la Cámara Baja hubiera significado un golpe durísimo para la credibilidad del gobierno, en medio de una compleja negociación con el FMI, afectando la gobernabilidad. Así lo entendieron sectores moderados del peronismo y otros partidos, que sin dejar de cuestionar el proyecto habilitaron la discusión y la posibilidad de negociar para votar la iniciativa.

Sin dudas el presupuesto puede ser objeto de críticas y modificaciones, tal como de hecho ocurrió durante el proceso. Para lograr la media sanción, el gobierno debió ceder varios puntos de su propuesta original de ajuste, ante el reclamo de gobernadores, fuerzas aliadas y opositores dialoguistas, cámaras empresarias y grupos de interés. Sin embargo, esto no fue suficiente para la oposición dura, que esperaba una suerte de rendición incondicional a sus propuestas y el fracaso completo de la iniciativa, por cualquier vía.

Uno de los politólogos más importantes de la actualidad, Adam Przeworski, señala en su libro “Qué esperar de la Democracia” que su principal virtud es ser “un método para procesar conflictos entre personas con diferentes intereses, valores o normas” en forma pacífica. En su consideración “minimalista” del sistema, sostiene que no son “el desarrollo, ni la racionalidad, ni la rendición de cuentas, ni la búsqueda de igualdad” los que la justifican, sino ser “un sistema de reglas que permite procesar los conflictos de modo pacífico, que conlleva un cierto tipo de incertidumbre y permite a los grupos en disputa concertar compromisos intertemporales” (de largo plazo). Agrega que en las disputas democráticas siempre hay ganadores y perdedores y por ende gente descontenta, pero “si valoramos el sistema es porque nos permite luchar por nuestros intereses e ideales, porque repetidamente renueva nuestras esperanzas e ideales, no porque siempre obtengamos lo que queramos”.

Los hechos del miércoles confirman que importantes sectores políticos mantienen visiones “instrumentales” de la democracia, que confunden el derecho a protestar y peticionar con la imposición violenta de sus puntos de vista, que creen moralmente superiores, sin importarles la voluntad mayoritaria de los representantes legítimos de la ciudadanía. Algo preocupante cuando se vienen nuevos debates polémicos, en medio de una recesión que sin dudas aumentará los reclamos y la conflictividad social.

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