“Todos sabían”

El escándalo por la intervención de redes de pedofilia en las divisiones inferiores de varios clubes argentinos volvió a poner en evidencia la falta de políticas efectivas para la niñez vulnerable.

“Esto existió siempre, en nuestra época había run-run de estas cosas”, señaló el ídolo de Independiente Daniel Bertoni sobre la práctica de captar a chicos de las pensiones. Sólo la valiente actitud de un psicólogo del club, que escuchó a uno de los chicos víctima de la red y denunció, permitió romper el tabú sobre algo que “todos sabían” y lanzar una investigación judicial que ya tiene seis detenidos, entre ellos un árbitro, un relacionista público y un organizador de torneos. El escándalo tocó a la región, ya que entre las nueve víctimas hay un joven cipoleño.

Mientras avanza la investigación judicial, hubo una onda expansiva de denuncias que revelaron situaciones similares en River, San Lorenzo y Temperley; allanamientos en Estudiantes y Gimnasia de La Plata y Lanús, donde se halló material pornográfico compatible con abusos. San Martín de Tucumán, que entre 2006 y 2011 tuvo un presidente condenado por “usura y explotación sexual” prometió mejorar la seguridad, vigilando el uso de redes sociales en las pensiones y los controles de salidas de los juveniles.

Para los expertos, la operación de redes de pedofilia y prostitución no es exclusiva de los clubes, pero allí existen elementos que facilitan su operación. Adolescentes de escasos recursos lejos de sus familias, con poco control y apoyo en los clubes y carencias afectivas y materiales son presa fácil de los explotadores. “La mercantilización del fútbol empieza con el cuerpo del jugador, se invierte en él para producir dinero. Lo sexual es un elemento más”, señaló el psicólogo social deportivo Miguel García Lombardi. Para muchos adolescentes marginados, la simple oferta de zapatillas de marca, celulares nuevos o pequeñas cantidades de dinero son una puerta al mundo del delito.

En estos días, en Viedma se conoció que ya reciben beneficios de salidas transitorias dos de los condenados por el sonado caso de abuso y prostitución infantil que operó con adolescentes muy pobres bajo la tutela del Estado. En este caso también el compromiso individual de una operadora del sistema que denunció en el 2014 permitió romper el silencio sobre lo que en la calle era un secreto a voces: una “banda de viejos” con poder económico y contactos políticos captaba a las chicas a metros de los espacios del Caina en vehículos de alta gama y las explotaban a cambio de entre 100 y 300 pesos, ropa o alcohol. La investigación judicial en cinco causas condenó a 9 personas, entre ellas un excamarista penal, pero el avance sobre las responsabilidades políticas de quienes fallaron en custodiar a las adolescentes, en Desarrollo Social, fue menos severa.

Este caso, sumado a otras situaciones, fue clave para que el gobierno rionegrino creara la Secretaría de Estado de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf) dedicada exclusivamente a la temática. Pese a que hubo algunos avances, se mantienen los reclamos sobre la falta de recursos y falencias operativas. Trabajadores de la delegación Bariloche del organismo y el gremio UPCN denunciaron, por separado, que muchos chicos alojados carecen de atención psicológica, tratamientos o escolarización por falta de movilidad; hay salidas sin control por falta de personal de contención, aún hay contratos precarios y escasean elementos básicos en los centros.

La niñez es el sector más vulnerable de la sociedad argentina. Frente al reciente anuncio de reducción en los índices de pobreza al 26% que hizo el Indec, Unicef recordó que entre los menores de 14 años la incidencia es mucho más alta, 39,7%, y que el 34,8% de los indigentes son niños. Urgen políticas de Estado a todo nivel para revertir esta “infantilización de la pobreza” que los expone al peligro. Y un mayor compromiso como sociedad para que denunciar e impedir situaciones de explotación y abuso que “todos sabían” dejen de ser tareas de unos pocos valientes y los chicos y sus familias reciban desde las instituciones una atención especializada y oportuna que los aleje de las redes delictivas.