Un fracaso que duele

Las recientes cifras brindadas por el Indec sobre la pobreza en el país resultan desalentadoras, ya que confirmaron que los últimos 9 años, y probablemente el que viene también, serán un periodo de estancamiento y retroceso en lo social.

Si bien las administraciones kirchneristas y de Cambiemos han adoptado estrategias económicas radicalmente diferentes, están igualadas en un resultado: ambas han sido incapaces de reducir en forma consistente la pobreza estructural en el país.

Un drama que afecta hoy a 12 millones de compatriotas.

Los gobiernos de Eduardo Duhalde y Néstor Kirchner, que se beneficiaron de una fuerte devaluación y uno de los periodos de mayor bonanza en los precios de los productos agrícolas que exporta el país, fueron muy efectivas en la lucha contra la debacle social generada por la crisis del 2001, que dejó nada menos que al 58% de la población bajo la línea de la pobreza. Según uno de los centros de estudios más serios del país, el Cedlas (Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales), las políticas asistenciales y de redistribución permitieron que esa cifra se redujera a 37,6% en el 2007 y de allí a menor velocidad hasta un 28% en el 2011. Fue allí cuando estas políticas mostraron limitaciones al abordar el núcleo duro de la pobreza. Las cifras a partir de ese año se estancan, llegando a picos del 33% en el 2014, gobierno de Cristina, y del 31% en el 2016, ya gestión Macri. La mejora económica del 2017 permitió una alentadora baja al 25,7%, pero las devaluaciones, la recesión y el alza de la inflación llevaron nuevamente la cifras de pobreza al 27% este semestre y el propio gobierno admitió que el que viene los datos serán peores.

La errática tendencia de los últimos 9 años es una de las peores del continente. Si bien muchos países arrancan de una situación social mucho peor que la de Argentina y los criterios para medirla son diferentes, la tendencia a mejorar pobreza y marginalidad fue constante esta década en Uruguay, Chile, Bolivia, Paraguay, Perú, Ecuador, Colombia e incluso Brasil. Los países con peores performances que Argentina son sólo Venezuela, algunos países centroamericanos y México.

Los expertos coinciden en que los factores que permitieron a nuestro país mejorar temporalmente los índices fueron el crecimiento económico, la reducción de la inflación, aumento en el empleo, mejoras distributivas en los ingresos y el mantener políticas sociales que transfirieron recursos a los hogares más vulnerables. Sin embargo, ninguna de estas condiciones pudo ser sostenida por los últimos dos gobiernos durante más de un año seguido.

Los sistemas de transferencias de ingresos como la ampliación de la cobertura jubilatoria y la Asignación Universal por Hijo (AUH) fueron y son un importante paliativo para la pobreza, pero tuvieron un pobre desempeño para insertar en el mercado laboral formal a sus beneficiarios. Un reciente informe de Idesa señaló, en base a los datos del Indec, que mientras en el 30% de los hogares de mayores ingresos hay al menos una persona que trabaja por cada integrante que no lo hace, en el 30% de menores recursos cada miembro ocupado (a menudo en negro) debe sostener a 2,5 personas que no trabajan. Entre las familias más pobres sólo la mitad de los ingresos vienen de fuentes laborales, el resto depende de la asistencia estatal y la informalidad. Ciertas políticas públicas a menudo agravan la situación. Por caso, el enmarañado sistema de subsidios que tiene el país beneficia más al sector más rico, que se lleva un 30% de los mismos, mientras el 20% más pobre sólo recibe el 14%.

El saneamiento económico para volver a crecer es condición necesaria pero no suficiente para mejorar la vida de millones de argentinos. Se necesita una reforma educativa, impositiva y laboral que aliente la creación de empleos, especialmente para mujeres y jóvenes de menor calificación y experiencia. Y un consenso para reorganizar el sector público, que elimine superposiciones de políticas asistenciales entre Nación y provincias y el despilfarro de recursos que a menudo sólo sostienen aparatos político-partidarios en vez de aplicar políticas consistentes en el área social y productiva.

Editorial