Educación, poder político y clientelismo partidario

Por Héctor Roncallo (*)



Sobre el tema de las residencias escolares, en un artículo del diario “Río Negro”, fechado en Ing. Jacobacci el 7 de agosto en página 18, se afirma que “Supervisores admiten presiones de intendentes”, en relación con la tarea que les toca y con la posibilidad o no de hacer en determinados lugares de la Línea Sur y en particular donde existen residencias que se dicen “privadas”.

 

El abuso de poder:

 

Hace unos pocos días reiteré ante la presidencia del Consejo de Educación, en función de mi representación, la crítica al procedimiento autoritario que utiliza, la ilegalidad del acto de volver al pasado, la injusticia de las definiciones y la demostración, una vez más, del uso del poder en función de las conveniencias del clientelismo político.

No soy quién para juzgar a las personas, ni tengo autoridad para hacerlo. Aunque parezca excesivo, aclaro esta situación para que no se lleve el debate sobre el tipo de educación que queremos al terreno que no me interesa, el personal. Mi accionar está dirigido hacia el respeto a las normativas que, como se demuestra una vez más, no es ése el valor que se utiliza.

La resolución 1.963/96, del Consejo Provincial de Educación, establece el “Régimen de inscripción y Funcionamiento de los Establecimientos Privados sitos en la provincia de Río Negro” y es el marco en el que supuestamente se encuadrarían las residencias que desde la vocalía docente vengo criticando.

La Residencia Femenina de Nivel Medio de Comallo Arriba, la Residencia Mixta de Nivel Medio de Ramos Mexía y la Residencia Masculina de Nivel Medio de Los Menucos fueron enmarcadas ilegalmente en la resolución 1.963/96.

La normativa citada regula la creación de establecimientos de carácter privado y fija las pautas para su autorización, inscripción y emisión de títulos y diplomas y certificados en el marco de las normas vigentes de la provincia; de ninguna manera establece la autorización para la creación de residencias. En ningún artículo se menciona a estos establecimientos.

Entiendo que esto es un resguardo que el Estado debe tener para sí. Esto significa que el Estado no puede dejar al arbitrio del sector “privado” la discrecionalidad de su “poder” que deviene de ser privado y, por ende, de la decisión particular de definir para sí y su mejor conveniencia.

Esto no debería ocurrir en las residencias, pero sucede.

Además, en las resoluciones de creación de las residencias mencionadas se le da a cada una de ellas un registro basado en el artículo 2º de la Resolución 1.963/96. Por otra parte, la resolución para privados exige que el propietario presente constancia de contratación de seguro para alumnos, planos del edificio y siempre referida a personas jurídicas de carácter público y para el caso de asociaciones, fundaciones, sociedades civiles, comerciales o cooperativas, todo ello además en función del plan de estudio a impartir sujeto a las normas de la provincia, entre otros temas y siempre referidos al plan de estudio a definirse.

Las residencias mencionadas fueron creadas de esta manera en la época de la anterior conducción del Consejo Provincial de Educación y a partir del inicio de este ciclo escolar se intentó modificar esa postura. Ello ocurrió con la anulación de la resolución que creó la Residencia en la Municipalidad de Los Menucos porque era la que empezaba a funcionar en este año, con la intención de revisar las anteriores. Así fue el compromiso escrito en las sesiones del Consejo Provincial de Educación.

 

¿De qué escuela pública hablamos?

 

La designación de personal docente por medio de los intendentes colisiona con los principios de independencia de cualquier signo partidario, además de colisionar con el Estatuto Docente y las normas de designación de personal. Si no se sincera esta situación, de nada vale seguir hablando sobre la existencia de las residencias en mano de las intendencias (no interesa de qué signo partidario).

El problema es mucho más serio y sutil, ya que aunque todos hablemos de que nuestra tarea la hacemos por los niños, nos guste o no ante la arbitrariedad de poder designar, por decisión personal se cae en el clientelismo o en el amiguismo o a quien le responda mejor a los intereses del patrón. Todo ello en nombre de los niños.

¿Por qué tanto problema que los docentes se inscriban, sean clasificados y por orden de méritos sean designados? Quizás sea porque no existe obediencia debida y entonces allí radica el punto central.

Mientras no se dé independencia del poder político, no puede haber pensamiento libertario y éste es un aspecto esencial del proceso de enseñanza/aprendizaje. La coherencia entre el discurso que se habla y que anuncia, a la práctica debería estar confirmando el discurso. Paulo Freire decía que “hay que disminuir la distancia entre el discurso del candidato y la práctica del que resulta elegido, de tal manera que en algún momento la práctica sea el discurso y el discurso sea práctica”.

No es posible aceptar que permanentemente se esté burlando las normas, ni mucho menos acomodarlas o cambiarlas de acuerdo con los intereses del momento, como ocurre con las residencias, pese a los discursos de defensa de la escuela pública y dependiente del Estado.

Si no se sincera el sutil uso del poder para fomentar el clientelismo y la permanencia, en verdad nos encontramos con un proceso que hiere a la democracia, estamos ante un “como sí” y esto es muy grave para la formación de los habitantes, aunque desde el poder no se quiera reconocer. Sería conveniente releer los artículos iniciales de la Ley de Educación de la Provincia de Río Negro cuando se habla de libertad, convivencia democrática y deberes y derechos.

Desde esta función que me toca cumplir, he intentado ordenar lo que fue calificado en el dictamen de asesoría letrada del Consejo Provincial de Educación como “nulo de nulidad absoluta e insanable…”, cuando se refiere al acto de dictado de la creación de la Residencia de Los Menucos. Obviamente, lo mismo es para el resto de las residencias en igualdad de condiciones.

Una vez más se demuestra que bajo el supuesto concepto de eficientismo y modernización se promueven políticas de privatización que redefinen seriamente el sentido público de la escuela pública, incoherencia que se acentúa tratándose de residencias escolares. Sólo otros intereses justifican tamaña insistencia.

 

Qué pasa ahora:

 

Estamos ante un nuevo acto ilegal. La resolución 619 de este año crea la Residencia Escolar de Nivel Medio y aprueba la planta funcional con un cargo de director y dos auxiliares. Por resolución 641 se reconoce excepcionalmente las designaciones realizadas por la intendencia, determinándose que el personal cesa improrrogablemente el 31 de julio. Todo ello para que desde esa fecha se comenzara a funcionar dentro del marco legal correspondiente, porque ahora estamos ante una residencia que pertenece al Consejo Provincial de Educación. ¿Cómo es posible que la intendencia mantenga designaciones en un establecimiento del Consejo de Educación?, ¿cómo se llama este acto?

 

 

 

(*) Vocal docente en el Consejo Provincial

de Educación de Río Negro.


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