Educación quiere hacer más obras sin concursos

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VIEDMA (AV).- Educación tramita un decreto para que el gobernador Miguel Saiz autorice a ese ministerio a contratar directamente a empresas para realizar un centenar de obras escolares, por casi 60 millones de pesos. Con el argumento de la urgencia ante el inicio de las clases, la cartera educativa comenzó a fines del año pasado un expediente para efectuar contratos directos con constructoras. Ese trámite incluye un anexo con un listado de un centenar de proyectos, incluyendo hasta Salones de Usos Múltiples. Esta observación fue advertida por la Fiscalía de Estado, que pidió mayores justificaciones sobre “la urgencia invocada” y planteó que la metodología sólo alcance a los arreglos “estrictamente urgentes”, eliminado, por ejemplo, la construcción de los SUM. Educación argumentó que se busca “agilidad” para “cubrir las necesidades edilicias con urgencia y premura”, presionando con el inicio del ciclo escolar. Lo curioso es que la prisa y la emergencia se refleja en un centenar de obras pendientes. La contratación directa es un esquema de compra restringido en el Estado por su direccionalidad y, además, tiene un límite de monto. Por eso, el trámite prevé un decreto donde el gobernador autorice un mecanismo distinto. El total presupuestado ronda los 60 millones. La magnitud del “operativo contratos directos” se puede advertir al consignar que en 2010 todo el Estado provincial ejecutó por “mantenimiento y refacción de edificios” algo más de 89 millones. Hasta ahora, Educación y Obras Públicas cumplían con esas reparaciones a partir de “concursos de precios”, cuya metodología también es endeble pero obliga a mayores requisitos. Aún así, la contratación disuelve todavía más cualquier cotejo de empresas y de precios. Sorprende esta modificación cuando ambas carteras ya tienen denuncias penales por irregularidades en la ejecución de obras en las escuelas, a partir de cuestionamientos de los concursos de precios. El año pasado, una decena de expedientes llegaron a la Justicia, con imputaciones, entre otros, al ministro César Barbeito y al secretario de Obras Públicas, Osvaldo Mildenberger. El anexo prevé “construcción de baños y de aulas, instalaciones (eléctricas, de gas y cloacales), reparación de playones, y SUM, trabajos de cerramientos y todas aquellas obras de refacción y refuncionalización que garanticen el normal inicio del ciclo lectivo”. Actualmente, el polémico expediente Nº 140.056-EDU gira en distintos organismos, desde la Fiscalía de Estado al Ministerio de Hacienda, pasando por la Contaduría General. Hay apuro para su conclusión y la rúbrica definitiva de Saiz, considerando que algunos arreglos están programadas para el inicio del ciclo escolar. El trámite comenzó con una nota de las necesidades de edificios escolares para “ampliar, refaccionar y/o rehabilitar”, firmada por la directora de Diagnóstico, Cristina Leonardo. Se suma la opinión del director general de Infraestructura Escolar, Luis Alcain, que solicita “los mecanismos necesarios” para la realización de esos trabajos y “se gestiona la autorización de la contratación di-recta”. El director general de Arquitectura Escolar, Daniel Gatica, menciona “razones de urgencia que ameritan la contratación directa”, insistiendo con este “mecanismo de excepción”. En concreto, se pide apartar de esas reparaciones a Obras Públicas –como establece el art. 3 de la ley 286– y asignarlas a Educación, como también, la autorización del gobernador de los montos porque actualmente este tipo de contratación no puede superar los 522.227 pesos.