Educación repartió culpas por el tema del inmueble

La cartera de Educación informó que desconocerá el dictamen de la Comisión de Transacciones, quien admitió una demanda de un privado contra ese ministerio por la entrega tardía de un inmueble alquilado. Esa comisión -que integran legisladores y funcionarios del Ejecutivo- instruyó a la Fiscalía de Estado para un acuerdo extrajudicial con la empresa locadora -Milka SRL- que tramita una demanda en la Justicia por más de medio millón de pesos. En su defensa, Educación aseguró haber “actuado de buena fe” y pide al Tribunal de Cuentas que “no avale tal actuación irregular”. Le advierte que si respalda esa “actuación quedaría también envuelto en este manejo turbio de una situación estatal”. Recordó haber notificado a la Fiscalía de Estado su determinación de no llegar a un acuerdo” porque la empresa “buscaba beneficiarse a costas del Estado provincial”. El privado reclama en la Justicia más de medio millón de pesos por la demora en la restitución de un inmueble, que Educación alquiló hasta principios del 2008. Ayer, la cartera de César Barbeito informó de ese conflicto después de la publicación de “Río Negro”. Curiosamente, Educación destacó que la Comisión de Transacciones “se constituyó” pero “ningún funcionario de Educación fue invitado a participar. Afirmó que desconocerá el “dictamen 646/10 con que esa comisión da por finalizado el proceso de análisis, por considerarlo una decisión unilateral de la que el área directamente implicada no formó parte”. Agregó que se “incurre en un gravísimo error” al decidir “tal comisión qué monto deberá abonar” Educación “sin permitirle al mismo participar siquiera”. Inicialmente, Educación niega una demora de 16 meses en la entrega del local. “El dato cierto es que el 27 de marzo de 2008 se notificó a Milka SRL” que las llaves “quedaban a su disposición en la Dirección de Suministros”. La rescisión se decidió porque la empresa “incrementó en un 300% el monto mensual”, pasando el alquiler de 7.800 a 23.400 pesos mensuales. En su comunicado, Educación destacó su “carácter extorsivo” por “la necesidad de espacios” que tiene el Estado. En abril de 2008, “el propietario informa la no aceptación de las llaves” y argumenta que “el edificio no estaba” en condiciones y luego, en setiembre, la firma pide “el inmediato desalojo del inmueble”. Educación ratificó la validez de la primera “de las notificaciones”, que correspondió a marzo del 2008. En marzo del 2009, ante una demanda del privado, la Fiscalía de Estado elevó una nota a Educación “solicitando el envío del expediente e indicando la devolución de las llaves, que esta vez sí son aceptadas ante escribano público”. Después, Educación detalla que la ley Nº 3.233 de creación de la Comisión de Transacciones Judiciales -según el artículo 2º- debe integrarse “por el fiscal de Estado o su reemplazante (en calidad de presidente), el ministro de Hacienda ( o quién éste designe); el secretario Legal y Técnico; y dos legisladores provinciales (uno por la mayoría y otro por la minoría) y un representante del organismo o jurisdicción que haya dado lugar al planteamiento del litigio”. Luego, la cartera de Barbeito remarcó que “la constitución de dicha comisión fue irregular” porque su ministerio “desconoció, desde un principio, la formalidad de la denuncia”. (AV)

Desconocerán el dictamen de Transacciones

La cartera de Barbeito dio su versión.