Eficiencia y bienes públicos



Hay ciertos bienes públicos como la seguridad y la justicia que nadie pone en duda que deben ser prestados únicamente por el Estado. Otros como la seguridad social, la educación o la salud deben ser prestados por el Estado, pero existe consenso general en que pueden ser complementados con servicios privados a cargo de empresas; lo importante es que esta complementariedad resulte eficiente en términos de costo social agregado.

El controvertido caso de la estatización de los fondos privados de pensiones puede ser enfocado desde la perspectiva del costo que para la sociedad en su conjunto tiene -o tenía- la existencia de un doble sistema de prestaciones -a cargo del Estado y de las AFJP- que en la mayoría de los casos se superponía. Esto daba lugar a la existencia de un doble aparato administrativo de gestión, lo que desde el punto de vista de la eficiencia del sistema es contraproducente.

Uno de los argumentos más poderosos contra el sistema de las AFJP ha sido su elevado costo, que hacía que un tercio de las remuneraciones que recaudaban fuera dirigido a sufragar los gastos del aparato administrativo de gestión. Altos sueldos de ejecutivos, una planta de personal sobredimensionada -12.000 empleados- y fuertes gastos de publicidad son pruebas elocuentes de que la privatización de ese servicio, en la época de Menem, desde el punto de vista de la eficiencia general de la economía no fue una decisión acertada.

Ahora bien. La seguridad social no es el único caso de un servicio público prestado tradicionalmente por el Estado que ha sido privatizado. Otro caso similar acontece con la prestación del servicio de salud a través de las obras sociales de los sindicatos. Si bien los sindicatos no son empresas con fines de lucro, la gestión que realizan es similar a la de las AFJP y requiere un costoso aparato administrativo de gestión para prestar un servicio que también se superpone con el que presta el Estado a través de los hospitales públicos.

Todos los argumentos utilizados por los defensores del sistema público de pensiones -entre ellos los sindicatos- acerca de lo dispendioso del sistema privado de pensiones son de aplicación a la gestión privada de las obras sociales por los sindicatos: un aparato de gestión administrativa caro, ineficiente y con el agravante de cuantiosas “filtraciones” que dan lugar a diversas y variadas formas de corrupción.

Existen investigaciones judiciales en marcha sobre la base de fuertes indicios que demuestran la complicidad entre droguerías y obras sociales para dispensar tratamientos médicos complejos y costosos como los oncológicos y los medicamentos contra el HIV, la hemofilia y la esclerosis múltiple a supuestos beneficiarios que gozan de buena salud. Por otra parte, es conocido que las enormes fortunas acumuladas por algunos dirigentes sindicales provienen de los “retornos” ilegalmente recibidos de las clínicas beneficiadas por la concertación de los servicios.

Afirma Ceferino Reato en “Operación Traviata” que “la cuestión de las obras sociales es clave para entender el poder actual de los sindicatos”. El decreto ley 18610 que las creó fue firmado por Onganía en febrero de 1970 a instancias del ministro de Trabajo Rubens San Sebastián, un estrecho aliado de los sindicatos. “Ésa había sido siempre una sentida ambición de los gremialistas -continúa Reato- a la que Perón se había negado sistemáticamente durante sus dos primeros gobiernos, precisamente para impedir que la ´columna vertebral´ accediera a un montante de dinero que incentivara sus deseos y sus posibilidades de autonomía política”.

Actualmente se descuenta a los trabajadores un 6% de sus salarios con destino a las obras sociales (incluyendo el PAMI) y los empleadores aportan otro 8%. Es decir que el 14% de la masa salarial bruta de los trabajadores argentinos es gestionado a través de las obras sociales de los sindicatos. Pero como sólo el 50% de los trabajadores ha sido incorporado a la economía formal, el resto debe acudir a los hospitales públicos, donde la deficiencia del servicio es notoria.

Si la decisión de estatizar la gestión de los fondos de pensiones privados no es un mero “espasmo” del Ejecutivo y obedece al sano propósito de obtener la mayor eficacia en la prestación de los servicios públicos, por coherencia, el próximo paso debería ser la estatización del sistema de obras sociales. Los trabajadores argentinos agradecerían recibir un sistema de salud de modo eficiente por el Estado, sin intermediarios ni discriminaciones y basado en el principio del derecho inalienable al acceso universal a estas prestaciones en condiciones de calidad e igualdad.

 

Aleardo F. Laría (Abogado y periodista)

Especial para “Río Negro”


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