El 2008 no fue el año de la salud



A la hora de hacer el balance del año cuantificamos pérdidas y ganancias, pero cuando hablamos de salud los números se reconvierten en una triste realidad: el 2008 no fue un buen año. En principio, aumentó la mortalidad infantil, que es el principal indicador para medir la situación sanitaria de un país. Según las últimas cifras de la Dirección de Estadísticas del Ministerio de Salud, el indicador pasó de 12,9 defunciones por cada mil nacimientos en el 2006, a 13,3 en el 2007.

Para diciembre del año pasado, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner reconocía que la salud era una deuda después de cuatro años de gobierno de su marido. Pero el conflicto con el sector agropecuario primero y la crisis económica mundial después, relegaron a la salud en la agenda de prioridades. Se suponía que a mediados de este año se iba a comenzar con el debate para sancionar una ley federal de salud, pero las postergaciones se hicieron costumbre y los legisladores sólo se reunieron dos veces. Si bien los avances para darle forma al proyecto han sido escasos, se renovaron las promesas para que la ley sea realidad en el 2009.

En este contexto, la salud continúa fraccionada y sin marco regulatorio. Tampoco se definió la sanción de la norma que atañe a las empresas de medicina prepaga, ya que se le dio media sanción al proyecto en la Cámara de Diputados, pero no se trató aún en el Senado.

El sector prestador, que trabaja con obras sociales, sobrevive, pero no tiene capacidad para reinvertir, ya sea en más infraestructura o en más y mejor tecnología. Por otro lado, las prepagas de alta gama continúan con el descreme de la seguridad social. Si hablamos de los hospitales públicos, la situación continúa siendo crítica. No hay una decisión política para mejorar las condiciones de la atención de la salud en las dependencias del Estado. La falta de presupuesto y la ausencia de políticas de salud son una constante. La Ciudad de Buenos Aires encuentra a sus centros de salud desbordados por el aumento de la demanda, mientras que proyectos como la atención vespertina parecen haber sido dejados de lado.

En la provincia de Buenos Aires la problemática se agudiza aún más. En momentos donde la economía se desacelera y la inflación devolvió a la pobreza a un gran número de familias, la atención de la salud pública es vital. Sin embargo, hospitales recién inaugurados en el conurbano están vacíos por falta de personal. Y nadie puede creer en serio que esto se deba a un problema vocacional de los profesionales de la salud.

En la órbita nacional, el 2008 fue un año convulsionado. La ministra de Salud, Graciela Ocaña, enfrentó con denuncias a parte de sus subordinados en la estructura ministerial. Luego de una puja que duró meses y de pronunciar frases como “la salud está llena de yabranes”, logró que la presidente actuara a su favor y consiguió la destitución del ahora ex superintendente de Servicios de Salud, Héctor Cappacioli. Y con esto sólo se logró quitarles a los trabajadores el derecho de elegir quién los atienda. En los primeros meses de su gestión la ministra amagó con profundizar investigaciones sobre su antecesor, Ginés González García, pero la única medida de peso que tomó fue finalizar las emisiones del programa Saludarnos, por Canal 7, que contaba con un presupuesto de 1.400.000 pesos por año sólo para el pago de salarios.

Si al aumento de la mortalidad infantil le sumamos la prevalencia de enfermedades relacionadas con la pobreza, como el Chagas y la tuberculosis, la carencia de redes de atención primaria que alivien la tarea de los hospitales públicos y la misma situación de los centros privados que atienden a los trabajadores de bajos recursos, el balance del primer año de la gestión Ocaña arroja saldo negativo. Su lucha contra la corrupción es loable, pero un ministro de Salud debe hacer mucho más que eso. Decía Ramón Carrillo, ex ministro de Salud del primer gobierno peronista, que “un gobierno que erradica una enfermedad es un gobierno que vale la pena”. Todavía estamos lejos de estos logros.

También hay que recordar a los jubilados. El PAMI, la obra social más grande de Latinoamérica, todavía no puede comprar medicamentos genéricos y continúa manteniendo los mismos contratos millonarios con la industria farmacéutica. Además, no ha mejorado sus prestaciones a pesar del aumento de la caja. Permanece intervenido y sin la conducción de sus beneficiarios y sigue haciendo caja a costa de la salud de los jubilados.

Luego de cinco años de crecimiento económico sostenido, y ante los fantasmas de una recesión, es importante decir que en la salud no se han reflejado estos tiempos de abundancia. Cuando tengamos conciencia de que para la población debe haber un acceso equitativo a la salud, tal vez podamos comenzar de una vez por todas con la tan anunciada redistribución de la riqueza.

 

DANIEL CASSOLA (Médico y periodista)

Especial para “Río Negro”

DANIEL CASSOLA


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