El 34,5% de los asalariados estaba en negro en el segundo trimestre de este año

La mayor informalidad se notó –nota– entre plomeros, electricistas y gasistas, con el 90%. A continuación se encontraban el personal del servicio doméstico, con el 83%, y los textiles.

La cantidad de trabajadores registrados con derechos era, en mayo, “la más alta de los últimos 38 años”, afirmó Carlos Tomada, ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (Mteyss).

El 34,5% de los asalariados no estaba registrado de acuerdo con la encuesta permanente de hogares del Instituto Nacional de Estadística y Censos correspondiente al segundo trimestre del año, que abarcó 31 conglomerados urbanos. O sea que más de 4,2 millones de personas no tenían aportes jubilatorios a obras sociales ni a alguna ART (aseguradora de riesgos de trabajo) sobre casi 12,2 millones de asalariados privados y públicos. Si se descontaran los públicos, el trabajo en negro en el sector privado treparía al 45%.

El Centro de Investigación y Formación de la República Argentina de la Central de Trabajadores Argentinos concluyó que la informalidad “cayó del 49,2 al 34,4% entre el 2003 y el 2012”. De cualquier manera, la reducción se desaceleró en la denominada “segunda etapa de la posconvertibilidad”, con apenas el 2,6% de mejora en el período 2008-2012 y cierto estancamiento en el último de los años citados.

Javier Lindenboim, director del Centro de Estudios y Población, Empleo y Desarrollo, precisó que “la proporción de no registrados bajó desde el 2003, pero no en números absolutos”. Cierta cantidad se mantuvo más o menos constante y el incremento de los empleados en blanco redujo la proporción de aquellos en negro, pero sin disminuir su número.

“Cuando la economía se estanca o crece muy poco, lo usual es que no caiga el empleo total sino que lo haga el trabajo registrado y esa baja se vea compensada por un crecimiento del empleo en negro o de las personas que trabajan por cuenta propia”, aseguró Jorge Colina, jefe de investigaciones del Instituto para el Desarrollo Social Argentino. Comentó, además, que una de las razones por las que aumentó la ocupación marginal fue que “las personas que se quedan sin empleo buscan una changa o generar algún ingreso propio hasta encontrar un trabajo formal”.

La ley 26476 contempló la aplicación de multas cuando se descubriera a trabajadores en negro, las cuales disminuían si los empleadores accedían a la regularización voluntaria. El año pasado fueron más de 40.000 los que pasaron a la economía formal. La norma contempló menores contribuciones patronales para alentar la creación de nuevos puestos de trabajo.

En el Mteyss explicaron que la mayor informalidad se notó –nota– entre plomeros, electricistas o gasistas, con el 90%. A continuación se ubicaron los empleados domésticos, con el 83%; los textiles, con el 72%, y peones rurales, con el 65%.

“Fue significativo el peso que tuvo la ley que disminuyó las contribuciones patronales si se contrataban nuevos empleados y fijó multas en casos de informalidad. Cuando los empleadores tomaron noción del valor de las multas comenzó a revertirse el proceso”, destacó Guillermo Alonso Navone, subsecretario de Fiscalización del Trabajo y de la Seguridad Social.

La ley 26476 fue sancionada en diciembre del 2008. Se la conoció como “ley blanqueo”, aunque en realidad era un régimen de regularización impositiva, promoción y protección del empleo registrado y exteriorización y repatriación de capitales. El capítulo relacionado con el empleo fue prorrogado el 29 de diciembre del año pasado.

En el 2012 se realizaron 118.000 inspecciones en todo el país. “Detectamos infracciones en 56.000 y, una vez comprobada la falta, el empleador tuvo –tiene– la posibilidad de regularizar la situación del personal”, agregó Alonso Navone. Los 56.000 casos se consideraron equivalentes a 120.000 puestos. De ese total la cartera laboral consiguió que se regularizara de manera inmediata un 40% (48.000).

En el segundo semestre del año pasado, el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios, creado tras la intervención del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Estibadores (Renatre), observó que la cifra del empleo sectorial no registrado era “alarmante”. Tomada, en septiembre del año pasado, cuestionó al organismo conducido por Gerónimo “Momo” Venegas y reveló que “se encontraban registrados 841.897 trabajadores, pero la cantidad de aportantes era inferior al 50% de esa nómina”. Hasta advirtió que el campo era –es– uno de los sectores que más sufrían –sufren– la informalidad. Sin embargo, las políticas oficiales no lograron paliar el problema.

La sanción de la ley 26727, con el nuevo Estatuto del Peón Rural en el 2011, impulsada por el kirchnerismo, significó para algunos más una venganza política hacia Venegas, para quitarle el Renatre, que una manera de combatir la informa-lidad.

Durante la presidencia de Néstor Carlos Kirchner se firmó el Compromiso de Responsabilidad Social Empresaria para la Promoción del Trabajo Decente, con el objetivo de mejorar la calidad del empleo. Fue suscripto por el Mteyss y 100 empresas, entre ellas Arcor, Bayer, Edenor, Ford, Nestlé, Petrobras y Unilever. El documento fue patrocinado por la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Económica de las Naciones Unidas para América Latina y el Caribe y estableció la obligación de las empresas de “asegurar condiciones dignas de trabajo y niveles de eficiencia y calidad en las prestaciones”.

Otras medidas adoptadas por el Mteyss fueron la capacitación de jóvenes, la protección social en el trabajo tercerizado, la revisión de los requerimientos para los ingresos laborales, la erradicación del trabajo infantil y la incorporación de trabajadores con capacidades diferentes.

Dicha cartera elaboró, asimismo, un conjunto de políticas para enfrentar los elevados y persistentes niveles de empleo no registrado. Sostuvo que si bien el año pasado hubo una marcada desaceleración del crecimiento del empleo registrado respecto de la expansión observada en la última década, “el modelo sociolaboral vigente tuvo la fortaleza para hacer frente a esas dificultades”.

En ese sentido, el ministerio sostuvo que, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, las empresas privadas no destruyeron puestos de trabajo formales y que la estructura productiva tiene capacidad para restablecer el crecimiento de los empleos si se tiene en cuenta la dinámica de recuperación moderada de puestos. En la cartera no negaron que la informalidad laboral se encontraba en niveles elevados, no obstante lo cual destacaron dos cuestiones:

• Durante un año de fuerte desaceleración económica como el 2012, la degradación de las condiciones laborales no funcionó como una variable de ajuste relevante.

• Desde 1975, por la desregulación y flexibilización laborales, la tasa de empleo no registrado trepó sin pausa incluso durante períodos de crecimiento económico hasta llegar al 50% en el 2003, su máximo histórico. Desde entonces se redujo paulatinamente, pese al estallido de la crisis internacional, hasta alcanzar el 34,5% señalado.

“A finales de la década de los 90 del siglo pasado, de cada diez empleados nueve estaban en negro y sólo uno registrado. Hoy, en los nuevos puestos de trabajo generados, la relación estimada es que, de cada diez, están registrados ocho y dos aún fuera del sistema legal”, de acuerdo con lo expuesto por el ministro Tomada.

Funcionarios del Mteyss y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) diseñaron medidas destinadas a profundizar las acciones contra la ocupación en negro. Contemplan, entre otras cuestiones, la creación de un nuevo registro de empleadores, con el cual el Poder Ejecutivo Nacional aumentará las sanciones a las firmas que reincidan en la contratación de personal en forma irregular. Al registro serán incorporados los empleadores sancionados por infracciones vinculadas con situaciones de informalidad o empleo infantil, quienes permanecerán inhabilitados para operar o acceder a cualquier tipo de beneficio fiscal hasta que regularicen la situación y paguen las multas que correspondan.

Además, ante la desigualdad de recursos provinciales para volcar a la inspección laboral, el plan reforzó las fiscalizaciones, para lo cual se trató de dotar a la cartera laboral y a la AFIP de mayores competencias e instrumentos legales para controlar los fraudes laborales a nivel nacional. A ello se agregarán más integrantes del cuerpo federal de inspectores contra el trabajo informal. El “paquete” proyecta la implementación de incentivos destinados a pequeños y microempleadores que recurren a la no registración para mantener unidades productivas precarias. La intención oficial es crear un régimen tarifado similar al instrumentado para el servicio doméstico, con lo que se buscará facilitar el registro y reducir los costos laborales en unidades productivas de menos de cinco empleados.

Las iniciativas se analizarán en la Comisión de Empleo del Consejo del Salario Mínimo, Vital y Móvil, cuya integración quedó definida por el Mteyss, representantes de la CGT Balcarce y la Central de Trabajadores Argentinos, ambas oficialistas, y entidades empresarias durante la negociación del aumento del “piso” salarial en julio último.

Miguel Ángel Fuks - miguelangelfuks@yahoo.com.ar


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