El 7 de junio el empresario declarará por primera vez

Actualizado a las 20:21

BUENOS AIRES (Télam).- Omar Chabán, procesado por 193 homicidios en Cromañón, declarará por primera vez en la causa judicial el 7 de junio próximo y a cinco meses de ocurrida la tragedia pidió a la justicia que lo deje vivir en la casa de su madre en el partido bonaerense de San Martín. La nueva estrategia de Chabán fue anunciada por su defensor, Pedro D'Attoli, en una jornada en la que las defensas de otros tres imputados pidieron sus desprocesamientos y los familiares de las víctimas demandaron justicia en un acto y pidieron al gobierno que garantice la vida del empresario para que llegue al juicio oral.

Además, un grupo de padres de las víctimas le reclamó a la Corte Suprema de Justicia que aparte de la causa a los camaristas que ordenaron la liberación de Chabán, algo improbable ya que el máximo tribunal no está facultado para analizar la conducta de los magistrados en los expedientes. Pocas horas después de que el abogado D'Attoli diera marcha atrás con su idea de presentar una carta escrita por Chabán, en la cual pensaba pedir perdón a los familiares de las víctimas por lo ocurrido, el juez del caso Julio Lucini puso fecha y hora para la indagatoria del acusado.

D 'Attoli informó que su defendido declarará por primera vez ante la Justicia el martes de la semana próxima, y aclaró que la medida se extenderá por varias jornadas, ya que quiere responder una a una las imputaciones en su contra. Chabán aguarda en una celda de la cárcel de Marcos Paz que finalicen los trámites judiciales sobre el pago de la fianza de 500 mil pesos que le permitirá recuperar su libertad.

El defensor adelantó que cuando se efectivice la excarcelación, su cliente se irá a vivir a la casa de su madre, en el partido bonaerense de San Martín, para lo que hoy solicitó permiso al magistrado. El abogado dijo que la familia del empresario realizaba hoy la diligencia para obtener los certificados de dominio y libredeudas de inmuebles que presentarán en concepto del pago de la fianza.

El letrado dijo que una vez lista, esa documentación será presentada en el juzgado de Lucini, con lo que presume que su cliente saldrá en libertad a fines de la semana próxima. En tanto, algunos familiares de las víctimas de la tragedia solicitaron al ministro de Interior, Aníbal Fernández, las «garantías de seguridad necesaria sobre la persona física de Chabán, para que llegue vivo al juicio oral», ya que creen que un atentado al empresario «beneficiaría al jefe de Gobierno porteño, Aníbal Ibarra».

En la habitual reunión de los lunes con el ministro en Casa de Gobierno, los familiares reiteraron su pedido de «intervención» al Gobierno porteño. María Cristina Quesada -madre de Jaquelín Santillán- y Alejandrino Benítez, de la organización 'Familias por la vida', aseguraron que Chabán debe «llegar vivo al juicio oral, para poder declarar y contar las convivencia con el poder político».

Otros familiares de víctimas se reunieron hoy con Eugenio Zaffaroni, uno de los ministros de la Corte Suprema, a quien le expresaron sus deseos de que los camaristas Gustavo Bruzzone y María Laura Garrigós de Rébori sean apartados de la investigación. Zaffaroni contestó a los familiares que la vía para cuestionar a los jueces no es la Corte sino el Consejo de la Magistratura.

En tanto, el abogado Albino Stefanolo, defensor del jefe de seguridad de Cromañón, Raúl Villarreal, detenido por el mismo delito que le imputan a Chabán pidió a la Sala V de la Cámara del Crimen (la misma que excarceló al gerenciador) que revoque el procesamiento con prisión preventiva de su defendido. Para el letrado, no corresponde la figura penal de «homicidio» para Chabán y «mucho menos para Villarreal», ya que, según su opinión, a lo sumo deben ser acusados del delito de estrago culposo, es decir, un daño gravísimo en la seguridad de las personas que derivó en las muertes.

Además, Stefanolo dijo que Villarreal -también alojado en el penal de Marcos Paz- debe ser excarcelado porque auxilió a las víctimas de la tragedia, se presentó espontáneamente a la Justicia para cualquier requerimiento y aportó un domicilio, donde finalmente fue detenido, lo que para el letrado demuestra que nunca intentó fugarse. Por su parte, los defensores de Diego Argañaraz, manager del grupo Callejeros, y de Lorenzo Bussi, sindicado como jefe de seguridad de la banda, pidieron a la Cámara del Crimen que revoque sus procesamientos por el «homicidio culposo» de 193 personas.

El abogado de Argañaraz, Mariano Silvestroni, sostuvo que el procesamiento de su defendido debe ser revocado porque él no fue el organizador del show del pasado 30 de diciembre, mientras que la letrada Graciela Bernal, patrocinate de Bussi, también pidió su desprocesamiento y entregó un informe escrito en el que destacó que su asistido no era jefe de seguridad de Callejeros.

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