El 90% de los productores figura en el Veraz 

La profecía del Gran Hermano, escrita por George Orwell, se cumplió y llegó a este rincón del planeta. El seguimiento omnipotente y tenaz de las máquinas a partir de las bases de datos a las que acceden las empresas hizo que más de uno recordará su libro 1984. Hoy se podría parafrasear un dicho popular afirmando: «Dime quién eres y te diré en cuántas cuotas pagás. Si puedes pagar…»

Esta es la realidad que viven dos sectores muy importantes de la población de Río Negro: los productores frutícolas y los empleados estatales.

Entre el 90 y el 95% de los chacareros de la región están incluidos en el banco de datos de la organización «Veraz», según los datos que maneja la Federación de Productores. A raíz de esto se ven restringidos o imposibilitados de realizar operaciones bancarias y de acceder a compras en cuotas de diversos productos.

«Hoy por hoy, si estás informado en el Veraz no podés ir a comprar a crédito ni un par de zapatillas porque no te lo dan», afirmó Luis Mesquín, presidente de la Federación, como forma de graficar la situación que viven las personas que integran los listados de esta empresa dedicada a la comercialización de información.

Mesquín explica que «si un productor va a pedir un crédito o bien tiene una cuenta corriente y está informado en el Veraz, primero debe hacer los depósitos. Porque están esperando que cometas un error para dejarte afuera también del sistema bancario».

Para el productor la cifra es tan alta porque se entra en las listas de la organización de diversas formas: con una deuda en el banco, por un problema con la tarjeta de crédito o un atraso en el pago al Banco Hipotecario.

Pero no sólo los productores están condicionados por esta firma dedicada a informar los antecedentes financieros de las personas que han surgido en los últimos años. También los empleados estatales son víctimas del monitoreo constante de sus cuentas personales como consecuencia del atraso reiterado en el pago de sus salarios.

Los retrasos en el pago de cuotas de automóviles, viviendas o productos de menor importe hacen que automáticamente un comerciante que cuente con el servicio de Veraz consulte qué tipo de potencial cliente es quien está frente a él y decida una venta en cuotas o no.

La misma circunstancia se plantea en los bancos en los que los clientes están calificados en diversas categorías, inversamente proporcionales a las posibilidades de acceder a un crédito o a una refinanciación. También el Banco Central de la República Argentina tiene una cartera de morosos en la que se puede consultar sobre las deudas de empresas y personas.

Muchos afectados

La realidad que afecta a gran parte de lo habitantes de la provincia al estar incluídos en las listas del Veraz siempre deja lugar para el debate sobre el avance sobre el derecho a la intimidad de los datos personales.(Ver aparte) Bases de datos que son comercializadas por empresas que no tienen como fin la venta de los mismos, pero los utilizan en sus actividades comerciales. Sobre el contrabando de datos en la región no existen pruebas concretas de cómo funcionan pero que existen, existen.

La abogada Susana Fiselzon, especialista en hábeas data, coincide en que el 90% de las personas figuran actualmente en este sistema de información sobre deudores. «La mayoría aparece porque tiene problemas judiciales, bancarios o comerciales», señaló.

La profesional indicó que «las personas que más aparecen son las que desarrollan algún tipo de actividad comercial. Principalmente los productores frutícolas por los créditos a los que accedieron tanto con el Banco Central como el Banco Provincia de Río Negro».

Según la especialista los perjuicios que ocasiona figurar en la nómina de Veraz se produce en la actividad bancaria, que se maneja a través de la base de datos comercial.  

El hábeas data, para reclamar

No son muchas las personas de la región que recurren a un recurso de hábeas data para conocer y eventualmente modificar o suprimir la información almacenada en bases de datos estatales o privadas. Así lo afirman Susana Fiselzon, especialista en habeas data, y Rodolfo Ponce de León, uno de los creadores del artículo 43 de la Constitución Nacional, incorporado en la reforma de 1994.

«La mayoría de la gente vive en la ignorancia de sus derechos hasta que aparece el tema particular», señala Ponce de León. En este marco no hay mucha gente que inicie acciones legales para modificar un dato erróneo o conocer qué información tienen las empresas sobre una persona.

El ex convencional constituyente explica que «el sujeto activo es el interesado porque son sus datos. El objeto es conocer, corregir o anular los datos que están en un banco».

Fiselzon coincide con el abogado roquense en que la población en general no está al tanto del derecho que tiene a acceder a las bases de datos. Indica que hay personas que aparecen en el Veraz con datos falsos pero expresan que les dijeron que el problema no se podía solucionar y abandonan cualquier tipo de iniciativa. «La gente ignora que puede corregir la información», remarca.

La abogada afirma que «el recurso de hábeas data se puede presentar ante cualquier persona o empresa que maneja datos de una persona». Por lo general se manda una carta documento intimando a que se corrija un dato falso u erróneo. La doctora afirma que en muy pocas ocasiones se llega a la instancia del juicio, por lo general las informaciones equivocadas se modifican en un paso previo. (AR)

Un accionar duramente cuestionado

El accionar de las organizaciones dedicadas a la venta de información comercial a empresas ha sido duramente cuestionado en los últimos años.

Se lo acusa de ser la traba por la que muchas personas se encuentran inhabilitados de desarrollar una actividad comercial pese a que su conducta no es cuestionable.

Con la explosión de los sistemas informáticos surgió la necesidad de controlar la actividad relacionada con la venta de datos. Las firmas dedicadas a estos trabajos proveen de información a empresas comerciales a las que estos datos le significan una mercancía valiosísima. También se puso el acento en tratar de revertir la presencia de datos erróneos o falsos en las bases a través del recursos de Habeas Data.

En este punto los abogados consultados distinguen entre empresas privadas dedicadas a proveer información publica y aquellas que no tienen este fin pero que comercializan bases de datos.

«En la última parte de la administración de Menem había mucho interés en limitar las acciones de empresas como el Veraz porque están trabando el sistema financiero», expresó Luis Mesquín, de la Federación de Productores, uno de los sectores más afectados por el accionar de esta empresa.

Los fallos de la Justicia se han sucedido en favor y en contra de esta organización. Los principales reclamos pasan, cuando no es por datos erróneos, por el tiempo en que las informaciones negativas permanecen en las bases. Este período se extiende por unos 10 años, pese a que en muchas ocasiones se tuvo una sentencia a favor en un juicio o se canceló una deuda que sigue figurando en los archivos. Contra esto se presentan la mayoría de los recursos ante la justicia. (AR)

Reconocen efectos positivos del Plan Canje

Buenos Aires (Télam).- La secretaria de Industria y Comercio reconoció ayer los efectos positivos que tuvieron las distintas versiones del Plan Canje, garantizó su continuidad, pero destacó el costo fiscal que tiene para el Estado, pese a que el sector privado aseguró que ese balance impositivo no fue negativo.

«La gran pregunta es cuántos de estos autos no se hubieran vendido si el Plan Canje no hubiera existido, pero lo cierto es que hubo un esfuerzo fiscal, una erogación fiscal relevante para la situación en que estamos», afirmó la secretaria de Industria, Débora Giorgi.

No obstante, reconoció que «tuvo un resultado positivo» y aclaró: «Lo que digo es que con la escasez de recursos existentes es un sector que recibió un aliciente importante que logró mantener el nivel de producción y que sirvió como multiplicador de la economía».

Por su parte, un informe que el presidente de Adefa (Asociación de Fábricas de Automotores), Luis Ureta Sánez Peña, elevó a la Secretaría de Industria, destacó que en el segundo semestre del «99 se vendieron 43.280 vehículos más que en el primero, «con influencia creciente del Plan Canje (que se inició a fines de mayo)».