El acuerdo exige reformas fiscales, bancarias y en el área de servicios públicos

El acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) compromete al gobierno a llevar adelante reformas de tipo fiscal, bancario y en el área de los servicios públicos, según se desprende de lo anunciado ayer por la directora-gerente de ese organismo, Anne Krueger.

De todos modos, y pese a las exigencias, el gobierno sigue plantado en que no se moverá de la quita del 75% a los acreedores, aunque prometió que escuchará a 21 grupos que representan a los bonistas.

De la misma manera, la nueva carta de intención no hace referencia a fecha tope, ni porcentaje mínimo de aceptación de la propuesta argentina para lograr un acuerdo con sus acreedores privados. Incluso, sobre el último punto, el vocero del Fondo Tomas Dawson, se encargó de derribar con ironía uno de los anuncios lanzados por el gobierno: «no hay ningún umbral mágico de entendimiento ni nada por el estilo», señaló desde Washington.

En conferencia de prensa el jefe del Gabinete de Ministros, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Roberto Lavagna, destacaron que la Argentina «no estará obligada a retener» a ninguno de los bancos que integran el sindicato que participará «asesorando al Gobierno en la renegociación» con sus acreedores privados.

El acuerdo fue rubricado en Buenos Aires entre el delegado permanente del FMI, John Dodsworth, el ministro Lavagna y el presidente del Banco Central, Alfonso Prat Gay.

Lavagna precisó que los términos del acuerdo serán publicados en la página WEB del Ministerio de Economía, luego de que el directorio del FMI lo apruebe, algo que podría ocurrir el 22 de este mes.

Sobre la fecha tope y el porcentaje mínimo de aceptación de parte de los acreedores de la propuesta de la Argentina para lograr un cambio en lo términos de los bonos, Lavagna indicó que no hay ni una cosa ni otra, pero que «buscaremos el máximo de aceptación posible» y «trataremos que sea lo más pronto posible».

En cuanto al sindicato de bancos, su ratificación legal, su participación en la reestructura

ción y su estabilidad, Fernández puntualizó que «asesorarán, pero será el Gobierno será quien lleve adelante las negociaciones».

«Además -agregó- hemos desechado la posibilidad de que se genere una obligación de parte de la Argentina para retener» los servicios de los bancos que integrarán el sindicato, es decir el Merril Lynch, el Barclays Capitals y el UBS Warburg.

En cuanto a los grupos de acreedores, los funcionarios indicaron que «no habrá privilegiados» y que los 21 grupos fueron invitados a venir a la Argentina para participar de reuniones «entre el 22 de marzo y el 16 de abril». El acuerdo logrado en las últimas horas gira sobre la base de ocho puntos, según lo que señaló Lavagna:

– PBI: se estima que el PBI crecerá el 5,5% y la inflación debería permanecer en un dígito.

– Carta de Intención: el primer punto habla de la ratificación de la Carta de Intención acordada en setiembre para los próximos tres años, la cual se mantiene sin modificaciones.

– Estabilidad: el segundo, destaca el fuerte crecimiento y la estabilidad de la economía argentina, resultado de «una instrumentación disciplinada y correcto diseño político».

– Metas fiscales: en el tercero se destaca que las metas fiscales y monetarias fueron cumplidas con «amplios márgenes»

– Reformas: el cuarto reseña las reformas estructurales en marcha de acuerdo a lo establecido en setiembre, las cuales incluyen responsabilidad fiscal, coparticipación, impuestos distorsivos y paquete antievasión.

– Sistema bancario: el quinto punto reseña la estrategia de fortalecimiento del sistema bancario, que comprende la banca pública y el régimen de capitales mínimos.

– Deuda: elogian los avances registrados en la reestructuración de la deuda de empresas privadas

– Contratos: destacan la evolución del proceso de renegociación de los contratos de servicios públicos.

– Programa financiero: El octavo punto marca una reseña de decisiones tomadas en el programa financiero, como la designación de los bancos locales e internacionales para la coordinación regional de la reestructuración de la deuda pública en situación de cesación de pagos e invitación a 21 grupos de acreedores para mantener reuniones en Buenos Aires entre el 24 de marzo y el 16 de abril.

(DyN y Télam)

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