El ajuste llegó a las viviendas institucionales

 NEUQUEN – Son casas que construyó o que alguna vez compró el Estado. Se les llama “viviendas institucionales” aunque no siempre vive gente en ellas porque la mitad se utiliza para oficinas públicas. Lo cierto es que la provincia tiene casi 1.500 propiedades bajo esta denominación y las quiere vender como una manera de reducir gastos y aumentar ingresos.

La operación es similar a la que Jorge Sobisch encaró con los autos del Estado, pero choca contra una realidad: 300 viviendas institucionales están habitadas pero no se sabe quiénes viven en ellas. Por eso la policía revisará las casas, una a una, y actualizará los registros.

Algo parecido pasa con los autos porque, según los registros, hay varios vehículos que no aparecen.

El “agujero negro” en los registros de las casas es difícil de explicar, sobre todo si se tiene en cuenta que el gobierno tiene una dirección de Viviendas Institucionales que, como lo indica su nombre, se dedica sólo a estas propiedades.

El número exacto de estas viviendas es 1.485, según informó a “Río Negro” el subsecretario general de la gobernación, Rodrigo Salvadó. Están diseminadas por toda la provincia y allí viven docentes, médicos, funcionarios, diputados y hasta un ex fiscal de Estado destituido, Jorge Andión, que se resistía a abandonar una casa prestada por el Banco Provincia de Neuquén.

Durante el gobierno anterior de Sobisch se sancionó un régimen para vender las viviendas institucionales a sus ocupantes. 117 de ellos se entusiasmaron y pactaron con el Estado la compra, pero sólo cuatro cumplieron con las cuotas. El resto no cumplió con los plazos o tuvo problemas en la escrituración.

Sobisch y sus diputados creyeron a principios de la década pasada que el Estado podría vender las viviendas y deshacerse de un patrimonio que no necesita, pero la realidad, años después, le demostró que hay 326 familias que habitan una casa institucional y que podrían adquirirlas, pero no lo hicieron. A ellos el gobierno les envió notas para recordarles la opción.

La ley en cuestión, que lleva el número 2021, establece que quienes llevan más de cinco años viviendo en una casa del Estado pueden adquirirla con un plan de facilidades de pago.

Salvadó fue quien reconoció que, cuando asumió el nuevo gobierno, en diciembre del año pasado, no se encontraron datos sobre el uso y los ocupantes de 289 viviendas institucionales.

Las 753 viviendas restantes las usa el gobierno para que funcionen hogares de menores y de ancianos, delegaciones provinciales y oficinas del EPEN, del EPAS y del banco estatal.

“Se está realizando un replanteo del uso de las viviendas institucionales y las que resulten desafectadas de los organismos, serán vendidas”, dijo Salvadó.

Quienes viven en estas propiedades deben pagar un alquiler. Si son estatales, la renta es igual al 10 por ciento del salario. Sin embargo, en 1999 el gobierno recibió sólo 460.000 pesos por el alquiler de las viviendas, contra el 1.200.000 de años atrás.