El anuncio de un fracaso

El ministro del Interior, Aníbal Fernández, ha reconocido como un total fracaso la estrategia de combate al narcotráfico. Sucedió semanas atrás en un encuentro con los ministros de Seguridad y los jefes policiales de todo el país, durante cuyo transcurso propuso un cambio en la política criminal a aplicar en la materia.

Según el ministro, el accionar represivo del Estado no ha sido acompañado por políticas sanitarias, sociales y laborales que permitieran un abordaje integral de las diversas situaciones del consumo, circunstancia que ha dejado librado el fenómeno de la droga en manos de las fuerzas de seguridad.

De acuerdo con estadísticas oficiales, el 75% de los procedimientos realizados gira alrededor de la tenencia para el consumo y se desarrolla a raíz de capturas en flagrancia, sin ninguna apoyatura de inteligencia criminal que impacte en las organizaciones que digitan el negocio de las drogas ilícitas.

De ese modo, en la Argentina se experimenta una verdadera paradoja: mientras que los procedimientos de las fuerzas de seguridad son cada vez más frecuentes y las personas neutralizadas se multiplican, la cantidad de droga secuestrada y de redes identificadas es, no obstante, menor.

Uno de los anuncios que causaron mayor inquietud entre los jefes policiales de todo el país fue la creación de un sistema que permita determinar con exactitud y rapidez la cantidad y calidad de las sustancias incautadas. Por medio de dicho mecanismo se pretende poner en manos de los jueces la totalidad del material secuestrado y evitar que éste vuelva al mercado de la mano de quienes, justamente, tienen el deber de su decomiso.

El cambio de rumbo propuesto por el ministro Fernández fue seguido por la visita al país de dos expertos canadienses que se mostraron en contra de la represión de la tenencia para el consumo.

El criminólogo Eugene Oscapela y el senador por Ottawa Pierre Claude Nolin fueron convocados por un grupo de legisladores y jueces a fin de debatir posibles modificaciones a la ley 23.737. En dicha ocasión explicaron los motivos por los cuales el prohibicionismo no sólo hace fracasar el combate al narcotráfico sino que potencia en términos geométricos el juego de la oferta y la demanda.

Afirmaron que en tanto se prohíban las drogas no habrá ningún gobierno democrático que tenga esperanza razonable de reducir su oferta. Y aunque se reduzca, la ley de la economía volverá a triunfar frente a la respuesta penal, puesto que al frenar el tráfico se puede generar la escasez transitoria de un producto determinado, lo que no obstante redundará en el aumento de su valor y no en su eliminación.

El senador Nolin objetó la eficacia de usar el poder penal del Estado para regular los fenómenos sociales, al afirmar que el hecho social no es el tráfico sino el consumo de drogas ilegales o legales. Y expresó que, en lo sustancial, el Estado debe intervenir sobre la dimensión sanitaria del problema independientemente de la cuestión penal, las que por estos días suelen estar confundidas y superpuestas.

También criticaron el programa prohibicionista auspiciado por las Naciones Unidas al recordar que hace diez años esa organización declaró que la producción y la venta sería eliminada del todo el mundo para el 2008. Sin embargo, sostuvieron que en los últimos años la producción de heroína llegó al máximo, mientras que la de cocaína bajó en Colombia y aumentó en otros países como Bolivia y Perú.

El anuncio del ministro Fernández y la intervención de los expertos canadienses han subrayado el fracaso de la política oficial hasta la fecha esgrimida en relación con las drogas prohibidas; en lo fundamental, debido a su casi exclusivo enfoque en los pequeños consumidores y a la incapacidad de poner en jaque a las organizaciones que han hecho de aquéllas un negocio de ganancias apenas imaginables.

Tal sinceramiento oficial es producto de una mirada realista sobre el problema de las drogas, sobre todo, debido a que Buenos Aires ha comenzado a asistir a sangrientas luchas entre narcotraficantes peruanos afincados en la ciudad, lo cual urge a concentrar esfuerzos en torno del núcleo del problema del tráfico y no, como hasta ahora, en la periferia del consumidor.

MARTIN LOZADA (*)

Especial para «Río Negro»

(*) Juez de instrucción y profesor de Derecho Internacional de la Universidad FASTA, Bariloche