El auditor Judicial querelló al ex ministro Lazzeri

La querella que el auditor del Poder Judicial, Gustavo Martínez, presentó contra el ex ministro de Gobierno Iván Lazzeri le imputa al actual candidato a legislador una actitud maliciosa por las acusaciones vertidas en su contra, y afirma que aun comprendiendo «lo que podrían ser necesidades políticas del señor Lazzeri y sus colaboradores para eludir responsabilidades, en modo alguno puede suponer que tolere la calumnia o contribuya -haciendo como si nada hubiera escuchado o leído- a esta grosera campaña de desinformación».

Martínez asegura además en la presentación judicial que el ex ministro «no podía, salvo que actuara cuanto menos de modo despreocupado o negligente, estar desinformado respecto de la evolución de la investigación y el quehacer de las fuerzas de seguridad» en relación con la desaparición de la joven Otoño Uriarte, de Fernández Oro.

El auditor judicial formuló la querella en cumplimiento del artículo 56 de la Constitución provincial -que obliga a los funcionarios sospechados a acusar

para vindicarse- y de las reglas de Bangalore adoptadas por la Justicia para sus integrantes.

En los fundamentos, afirmó que «copias de todo o parte del expediente incluyendo la foja en la que consta la desgrabación de la comunicación que tanto asombro dice haberle causado (a Lazzeri), han estado circulando desde mucho tiempo antes a que tomaran estado público por el diario «Río Negro». De ello dedujo que «no sólo es absurdo y temerario salir a los medios con tamañas sandeces sino que además no puede sino calificarse como malicioso hablar de delito imputándome la comisión del mismo aun cuando quiera ahora eludir responsabilidades ensayando modos irónicos de hacerlo. En todo caso, la forma en que se ha procedido, con ese diseño preelaborado de interposición de una denuncia desde el gobierno y declaraciones en todos los ámbitos y por los medios sindicándome como el autor resulta un modo más ruin y efectivo por la insidia con la que se consuma la infamia».

Ratificó que la investigación por la desaparición de Otoño no era secreta y que desde el comienzo del caso se había constituido el «Comité de Crisis» que integraban el subsecretario de Seguridad, Juan Carlos Valles, en representación del Ministerio de Gobierno; el subjefe de la Policía comisario general Cufré y el intendente de Fernández Oro, «comisión que cotidianamente iba informando a la familia y a los vecinos que se habían auto-convocado sobre todas las novedades, incluyendo las diligencias que se iban realizando y sus resultados».

Añadió que, lejos de demostrar genuino interés por la investigación, hay evidencias de que el gobierno no aceptó aún el ofrecimiento de ayuda formulado por el Programa Anti impunidad del Ministerio de Justicia de la Nación para el análisis de comunicaciones y la intervención de la brigada especial de la Gendarmería especializada en ese tipo de delitos.