El blanqueo de taxistas genera temores

Propietarios consideran que hay una mala lectura de los ingresos que tienen.

VIEDMA (AV)- Los propietarios de taxis tomaron como una verdadera pesadilla por falta de rentabilidad, la intención parlamentaria de legislar en Río Negro imponiendo un Registro Obligatorio de Empleadores del Servicio Público de Transporte en Automóviles de Alquiler.

Calificaron a la iniciativa de «inconstitucional» fundamentando que «la ley madre es la de Contratos de Trabajos, y cuyo poder de policía lo tiene la Secretaría de Trabajo y no los municipios».

La oposición al proyecto está liderada por la Asociación de Propietarios de Taxis de Viedma, y su titular Ricardo Rey exhibió un perdidoso estudio de costos elaborado por una entidad similar de Bariloche. Puso como ejemplo que en la actualidad «enviar un vehículo con chofer a la calle cuesta 130 pesos diarios» mientras que la recaudación durante 24 horas alcanza un máximo de 120 pesos. El estudio implica contabilizar impuestos, repuestos y la amortización del capital.

Ese diagnóstico hace referencia a que en Viedma rige una tarifa de 1,54 pesos por bajada de bandera con caída de una ficha de 0,11 pesos cada 100 metros. En el caso de General Roca representa 1,20 pesos y 0,10 por ficha, algo similar en Cipolletti; en tanto que en capital federal la bajada es de 2,50 pesos con 0,22 por ficha.

La entidad empresaria capitalina rechazó como solución el incremento tarifario porque se transforma en un «bumerang» ya que también «hay que cuidar el bolsillo de los usuarios».

A criterio de Rey «existe un desconocimiento entre los diputados (que alientan el proyecto) porque creen que tenemos una ganancia de 2.500 pesos mensuales cuando en realidad eso es ingreso en bruto».

Criticó que no se haya profundizado cómo es el movimiento vehicular de las ciudades donde «se usa el taxi ante las falencias que tienen los colectivos» y para peor «fracasaron las licitaciones tanto en Viedma, Cipolletti como Roca; por lo tanto nosotros tenemos un transporte popular con exigencias diferenciales».

Todos estos argumentos serán planteados el martes próximo cuando se reúna la Comisión de Labor Parlamentaria, un cuerpo especial de la Legislatura que decide los temas a tratar en el recinto horas antes de sesionar.

Los legisladores decidieron retirar el proyecto de regulación durante la última sesión, provocando paralelamente el enojo entre los representantes sindicales del sector.

El registro propuesto, de prosperar el proyecto y una vez que se convierta en ley, es que deberán inscribirse los titulares de licencias que tuvieran contratados choferes o peones, y las personas físicas o jurídicas que presten el servicio.


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