El camping de Comercio contamina un arroyo

SAN CARLOS DE BARILOCHE (AB).- Ni la paralización de obras impuesta en reiteradas oportunidades por el municipio ni la resistencia de los vecinos impidió que el camping de la Asociación de Empleados de Comercio se inaugure sin la infraestructura adecuada y contamine un arroyo.

La obra iniciada en 1997 por el gremio de Comercio carece de planos aprobados, fue multada y paralizada por el municipio en tres oportunidades y recientemente fue conminada por el DPA a construir un sistema de tratamiento de efluentes cloacales y una fuente alternativa de provisión de agua.

Los responsables del lujoso complejo erigido en el barrio Las Chacras desviaron el arroyo conocido como «la vieja piscicultura», al cual vuelcan los líquidos cloacales de las flamantes instalaciones pese a que el curso de agua es utilizado por otros vecinos para el riego. El delegado local del DPA, Gabriel Sorá, explicó a «Río Negro» que «existe un conflicto por el abuso de un recurso que es escaso» y que durante la ejecución de obras se produjo una desviación del arroyo «difícil de determinar por qué no hay información sobre el cauce original». La demanda del nuevo complejo sobre el curso de agua es alta, el camping tiene el riego, la pileta de natación y el resto de las instalaciones conectadas a esa única fuente de abastecimiento. Para peor descargan aguas abajo los efluentes.

El funcionario reconoció que «la obra está flojita de papeles», pero advirtió que el organismo no tiene injerencia en el tema que «es específico del municipio».

La actuación del Ejecutivo comunal en el caso es cuanto menos laxa, ya que no logró impedir el avance de las obras y la inauguración de un complejo, que carece de las tramitaciones de rigor, pese a haber paralizado en tres oportunidades los trabajos.

La primera infracción fue impuesta el 29 de julio de 1997 por inicio de obras si permiso y redundó en una multa de 1.500 pesos que nunca fue pagada por el gremio y pasó a ejecución fiscal dos años después.

En octubre de 2001 la Asociación de Empleados de Comercio recibió otra sanción por «ampliación de obra sin permiso» y fue condenada a pagar una multa de 2.000 pesos que también fue derivada a Legales para su ejecución por vía judicial.

La tercera multa fue impuesta por la jueza de Faltas, Cora Rondineau, el 19 de octubre pasado. La magistrada conminó a la AEC a pagar 5.000 pesos en una sentencia donde destaca que «desde el inicio de la construcción del complejo se ha condenado a la infractora por ejecutar las obras sin permiso municipal alguno».

Ante la incapacidad del municipio de poner freno a los reiterados abusos del nuevo vecino, los dirigentes del barrio recurrieron en amparo a la justicia, donde tampoco encontraron el eco esperado.

La medida cautelar fue solicitada al juez Civil Marcelo Serra que el 30 de junio pasado realizó una inspección ocular del lugar, con previo aviso al gremio, y desestimó el amparo al constatar que «las obras se encuentran paralizadas».