El campo, el juez y las ternas, por Gerardo Bilardo: 11-01-04





El plan definido por el gobierno para designar tres vocales en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sufrió esta semana un imprevisto contratiempo, tras la difusión de una investigación periodística realizada por este diario que coloca a uno de los candidatos favoritos del gobernador Jorge Sobisch en la incómoda situación de tener que explicar la compra de un campo a través de intermediarios.

La labor periodística no hace más que poner en evidencia la importancia de contar con mecanismos transparentes de selección de jueces a través de instrumentos como la audiencia pública, tal como lo hizo el presidente Néstor Kirchner, un sistema que rechaza el gobernador Jorge Sobisch.

Precisamente uno de los ternados, el juez Jorge Sommariva, se transformó esta semana en el caso emblemático de lo que por estas horas se discute en Neuquén. Y los legisladores tienen en sus manos la obligación de elegir jueces intachables desde lo profesional hasta lo ético y patrimonial, además de garantizarle a la sociedad que en la Justicia habrá representantes que mantendrán independencia del poder de turno.

Justamente Sommariva y otro de los candidatos del oficialismo, Roberto Fernández, también camarista del fuero penal, firmaron el fallo que absolvió al gobernador Sobisch en la causa por el delito de cohecho iniciada tras la divulgación de la cámara oculta realizada por el ex legislador Jorge Taylor, a propósito de la designación de jueces para el TSJ en la anterior gestión de gobierno.

El aludido fallo, ¿no invalida a Sommariva y a Fernández como candidatos del gobierno para ocupar los puestos de vocales del Tribunal? Parece natural creerlo así. Al menos es un tema que, de abrirse una instancia más participativa, podría ser debatido.

Sommariva es un camarista que tiene una propiedad junto con otros tres socios de una extensión de tierras superior a las 6.000 hectáreas ubicadas en proximidades del paraje Pilo Lil, entre Aluminé y Junín de los Andes.

Las tierras tienen origen fiscal y están ubicadas en una zona de frontera. Los compradores cerraron trato con un poblador del lugar que ejercía el dominio sobre el campo mediante una tenencia precaria.

La operación no presenta fisuras, excepto que tres de los cuatro nuevos dueños trabajaban en el Estado y, en el momento de la compra, estaban inhabilitados por ley para acceder a esas tierras, entre ellos Sommariva. Por tal razón, el negocio se materializó a través de dos personas que no estaban vinculadas laboralmente con la administración pública.

Mediante esta maniobra, el campo quedó inscripto a nombre del actual intendente de Zapala Raúl Podestá y de Hugo Miguel Servera. En la actualidad se tramita la subdivisión del campo que pondrá fin a esta sinuosa operación comercial que Sommariva ahora pretende negar.

Los datos sobre la forma en que fueron adquiridas estas tierras fueron confirmados, en sendas entrevistas con periodistas de este diario, por Podestá y Sommariva. Posteriormente el juez concurrió a la Legislatura, se entrevistó con el vicegobernador Federico Brollo y le dejó documentación que no fue divulgada. Allí comenzó la desmentida del magistrado.

En la Legislatura el juez ofreció dos declaraciones a la prensa: antes de ingresar a la reunión con Brollo dijo que las tierras pertenecen a su familia y al salir aseguró que no tenía propiedad sobre ningún campo. Ayer agregó una tercera versión: dijo que las tierras pertenecen a su concubina, Emilce Muñoz de la Rosa.

Durante la semana, el intendente de Zapala ratificó sus dichos a otros medios periodísticos y dijo que estaba dispuesto a declarar ante la Justicia, si así se lo solicitaban.

Sommariva no es probablemente el único funcionario que tiene prerrogativas con la tenencia o propiedad de las tierras fiscales ubicadas en esta provincia. Si algún fiscal se pone a investigar este asunto, no le costará hallar material para trabajar.

No está en duda el poder adquisitivo de Sommariva para comprar un campo. Se sabe que en Neuquén los intangibles sueldos de los jueces son los más altos del Estado. El problema que enfrenta el actual camarista es de naturaleza, si no legal, al menos ética.

Luego de la difusión de la noticia publicada por este diario, la Fiscalía abrió una investigación para determinar si hubo delito en esta compra y, en tal caso, si el mismo está vigente o prescribió por el paso del tiempo.

El tratamiento de las ternas es la primera prueba de fuerza que enfrenta el oficialismo en la Legislatura y los tres candidatos del gobierno tienen garantizados los votos suficientes para transformarse en vocales designados por la Cámara este mismo mes.

El oficialismo pretende un trámite legislativo rápido y ya demostró que no quiere perder tiempo. Resta por ver si Las Breñas, un encantador paraíso natural, y las revelaciones de Sommariva a este diario, afectan los planes del gobierno.

Gerardo Bilardo

gbilardo@rionegro.com.ar


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El campo, el juez y las ternas, por Gerardo Bilardo: 11-01-04