El “caso Pinochet” se repite en Africa 

Demandas contra el ex dictador del Chad. Otros tiranos como Idi Amín podrían seguirlo. Dispar respaldo de los gobiernos “anfitriones”.



Dakar (EFE).- El “efecto Pinochet” comienza a reflejarse en Africa con peticiones de grupos de defensa de los derechos humanos de que sean juzgados ex dictadores como el chadiano Hisen Habré, el etíope Mengistu Haile Mariam y el ugandés Idi Amín Dada.

Al igual que el chileno, los tres antiguos mandatarios africanos se encuentran en el extranjero y podrían ser perseguidos por crímenes cometidos en sus países durante sus respectivos mandatos, que figuran entre los peores ejemplos de regímenes sanguinarios desde la indepen- dencia de los Estados africanos en la década de los sesenta.

Habré, en la actualidad exiliado en Senegal, es objeto de una demanda judicial por “crímenes contra la Humanidad y actos de tortura” perpetrados durante su presidencia de 1982 a 1990.

Las siete organizaciones de defensa de los derechos humanos que denunciaron a Habré ante un tribunal de Dakar, entre ellas la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FDIH), dejaron en claro que emprenderán acciones judiciales contra otros ex dictadores africanos.

El ugandés Idi Amín Dada y el etíope Mengistu Haile Mariam están ya en el “punto de mira” de las ONG, que no tardarán en investigar ambos casos, con el fin de presentar un expediente “sólido” para que puedan ser procesados.

Amín Dada, que se encuentra exiliado en Arabia Saudí desde que fue destituido en 1979, ha pasado a la historia como un tirano sanguinario que a lo largo de sus nueve años de mandato fue responsable de la muerte de cientos de sus oponentes.

Sargento y más tarde jefe del Estado Mayor del Ejército ugandés, Amín Dada protagonizó el golpe de Estado que derrocó al presidente Milton Obote e impuso una dictadura feroz que sólo dejaba a sus adversarios políticos la alternativa del exilio, la cárcel o simplemente el pelotón de ejecución.

No obstante, la comparecencia del ex dictador ugandés ante un tribunal para ser juzgado por los “crímenes contra la Humanidad” que se le imputan parece improbable, ya que Arabia Saudí no es signataria del convenio internacional sobre la tortura.

Por su parte, el ex presidente etíope Mengistu Haile Mariam vive exiliado en Zimbabue desde la caída de su régimen de orientación marxista-leninista en 1991. Mengistu, teniente coronel del Ejército, llegó al poder en 1977 mediante un golpe de Estado e inauguró un largo período de terror y de purgas en el que fueron asesinados un gran número de sus oponentes políticos.

El Gobierno de Addis Abeba inició una acción judicial contra los colaboradores de Mengistu, entre ellos algunos ex oficiales del Ejército que fueron sentenciados a diversas condenas.

Mengistu en la actualidad vive protegido en Zimbabue bajo el amparo del presidente, Robert Mugabe, que no parece dispuesto a juzgarlo o entregarlo a un tribunal internacional.

El ex dictador etíope tuvo que abandonar precipitadamente este mismo mes Sudáfrica, donde se encontraba para recibir tratamiento médico, para evitar su detención. El abogado y presidente de la Organización para la Defensa de los Derechos Humanos en Senegal, Sidiki Kaba, se mostró muy optimista, al menos en lo que respecta a la posible próxima comparecencia de Habré ante un tribunal de Dakar.

El letrado recordó que Senegal ratificó el tratado internacional contra la tortura y es firmante del acuerdo de Roma para la creación de un Tribunal Penal Internacional bajo los auspicios de la ONU.

El ministro senegalés de Justicia, Serigne Diop, se limitó por ahora a declarar a los responsables de las ONG que tratan de enjuiciar a Habré que el gobierno de Dakar no actuará de ninguna manera para obstaculizar el desarrollo del caso ante los tribunales. 

El lunes estará el fallo

LONDRES (Reuters) – Un juez británico anunció el jueves que el lunes decidirá si Bélgica y seis grupos de derechos humanos pueden acceder en una corte a los análisis médicos que se le practicaron al ex dictador chileno Augusto Pinochet.

Los demandantes buscan una revisión judicial de la decisión del gobierno británico de mantener en secreto un informe médico según el cual Pinochet, de 84 años, no está en condiciones de ser extraditado a España, donde está acusado por crímenes cometidos durante los 17 años de su régimen.

El ministro del Interior, Jack Straw, ha insistido en que no difundirá el examen debido a la confidencialidad que la ley otorga a la relación entre el médico y el paciente. Straw, quien a raíz del informe expresó el 11 de enero su intención de liberar a Pinochet, permitió que las partes interesadas presentaran previamente sus objeciones.

En tanto, ayer se informó que el costo para los contribuyentes británicos por “el caso Pinochet” asciende por ahora a casi 2,1 millones de dólares, reveló Straw.

Hasta el momento, los mayores costos proceden de los servicios de la Fiscalía, casi 565.000 dólares, y del primer juicio en la Cámara de los Lores, que costó unos 435.000 dólares.


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