"El Consejo Anti-Impunidad quedó a la deriva"

Lo denunció Ulises González. Dijo que con los cambios de autoridades en el Ministerio de Justicia de la Nación se desactivó el proyecto y no se cumplió lo prometido. No descarta dejar la presidencia



CIPOLLETTI (AC).- El temor sobrevoló cuando se puso en marcha el Consejo Regional Anti-Impunidad. ¿Qué podía pasar con el programa ante un cambio de autoridades en el ministerio de Justicia? Los familiares que estaban en el grupo en Buenos Aires y también los funcionarios que vinieron a Cipolletti para el lanzamiento en mayo aseguraron que nada podía cambiar, que las actividades se iban a desarrollar tal como estaban planificadas. Pero no sucedió así.

Desde que se fue Horacio Rosatti de la cartera de Justicia el programa nacional Anti-impunidad empezó a desactivarse y dejó al Consejo Regional "a la deriva", dijo ayer Ulises González, presidente de este cuerpo en la zona. Los cambios trajeron la separación además de quien oficiaba de coordinador del proyecto nacional, Oscar Rodríguez Robledo, y por eso no tienen ahora un referente a quién dirigirse ni reclamar por la veintena de casos que tienen registrados en las provincias de Río Negro y Neuquén.

González expresó su preocupación y malestar por esta situación. Advirtió además que si no se reactiva el programa en el corto plazo, dejará la presidencia del cuerpo que unifica a los familiares de la región.

El Consejo Regional se puso en marcha el 10 de mayo de este año, con gran expectativa entre los familiares de casos de Río Negro y Neuquén. Según el programa, aquí se recibiría la información de las causas, se llenarían planillas con todos los detalles y luego se enviarían a Nación, donde tras un análisis se preveía brindar asesoramiento legal y técnico. En síntesis, significa reactivar varios hechos que están olvidados en la zona.

Pero nada de lo esperado sucedió. Ni siquiera los integrantes del Consejo Regional consiguieron el apoyo necesario para capacitar a la persona que está al frente de la atención a los familiares (se eligió a Ana Silva, mamá de Jorge Luis Ortiz, el joven asesinado en la estación del ferrocarrril de Cipolletti) ni tampoco equipos. "Llenamos las planillas y no pasó más nada", se quejó González.

"Desde su puesta en funciones el Consejo fue dejado prácticamente a la buena de Dios por la conducción central. El único apoyo efectivo fue brindado por la municipalidad, que facilitó una oficina, útiles, muebles y le abona una retribución a la señora de Ortiz, que oficia de secretaria del Consejo", sostuvo.

Recordó que en un principio se comprometió "un fuerte apoyo" que incluía no sólo visitas sino además proveerlos de un reglamento o estatuto, elementos varios y especialmente asesoramiento y preparación par Ana Silva, a quien prometieron llevar a Buenos Aires para especializarla.

"Nada de ello ha ocurrido. Sólo nos visitaron una vez a finales de julio", enfatizó. En esa ocasión vino a Cipolletti Gustavo Mellman, padre de la joven asesinada en Miramar, uno de los familiares que se encuentran en el programa a nivel nacional. Pero González aclaró que Mellman vino "más por su preocupación personal que por iniciativa de quienes dirigen el programa".

El padre de las hermanas asesinadas lamentó el desplazamiento de Rodríguez Robledo "porque era quien había empezado a organizar todo", dijo.

"Se dejó a la conducción en una situación muy confusa. Actualmente no sabemos quién dirige el programa. Y vemos además con preocupación que algunos familiares están más ocupados en el orden nacional en participar de viajes políticos-partidarios del presidente (Néstor Kirchner) que de ocuparse en atender el reclamo de justicia", agregó. Se refería, aclaró después, a Luis Bordón.

Esta semana se reunirá el Consejo local para "determinar los pasos a seguir". González no descarta apartarse de la institución porque dice que se siente "muy mal" al ser la cara visible del programa en la región y no poder dar respuestas.

Unos 20 casos recayeron en el Consejo Regional desde que se puso en marcha. Hay desde asesinatos hasta casos de mala praxis y denuncias de amenazas, entre otros delitos. Se trata de hechos ocurridos en diversas localidades de Río Negro y Neuquén.


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