El Consejo de la Magistraturaneuquino: crisis y oportunidad

En ese sentido, la reglamentación y puesta en funcionamiento del Consejo de la Magistratura, que se está debatiendo en la Legislatura, puede ser una buena oportunidad para comenzar a transitar un camino tendiente a superar la crisis.

Es por ello que me parece importante señalar, al menos, tres aspectos básicos que hacen a la posibilidad de que esta instancia contribuya a iniciar la reconstrucción del Poder Judicial. Me refiero a la necesaria apertura a la participación de la ciudadanía a mecanismos que permitan elegir a los magistrados más idóneos y a la voluntad política, por parte de quienes hoy detentan una circunstancial mayoría, de no pretender perpetuar una influencia en forma espuria más allá del 10 de diciembre del 2007.

Con respecto a la participación popular, es bueno recordar que en el debate sobre la conformación del Consejo de la Magistratura en la reciente Convención Constituyente, los miembros de la oposición sostuvimos la necesidad de incorporar representantes populares al Consejo, como una forma de aportar al necesario replanteo crítico del sistema judicial.

Esta posición fue descartada por el bloque del MPN y dos convencionales pertenecientes a la UCR, quienes lograron imponer el texto vigente, por el cual el Consejo de la Magistratura debe componerse de un representante del TSJ, dos por el Colegio de Abogados y cuatro de la Legislatura, que no sean diputados.

Como se ve, en el caso de los tres primeros, es claro que su condición básica es la de ser abogados y por ende se encuentran inmersos, de diferentes formas, en esta realidad del sistema judicial.

Sin embargo, el texto constitucional no cierra la posibilidad de incorporar representantes que, de alguna manera, puedan aportar una visión distinta desde una trayectoria en actividades que reflejen un compromiso con alguna de las que hacen al ejercicio de la ciudadanía.

Hacia allí apunta la propuesta consensuada por los legisladores del Frente Grande, Libres del Sur y el Partido Justicialista respecto de que los cuatro representantes de la Legislatura no sean abogados de la matrícula, ni agentes del poder judicial y que deban acreditar actividad en la docencia, desempeño de cargos dirigenciales en asociaciones empresarias, profesionales, gremiales, organizaciones no gubernamentales o entidades de bien público en general.

Si la » res publica» es la cosa de todos, se trata de hacer un Consejo que, en lugar de consolidar tendencias aristocráticas, venga a aportar una necesaria cuota de «oxígeno ciudadano» en el sistema judicial.

Esto último para nada es contradictorio con otra necesidad imperiosa para el Poder Judicial, como lo es la de garantizar concursos que permitan seleccionar a los mejores magistrados y funcionarios.

Contra lo que piensan quienes se amparan en discursos llenos de tecnicismos para ocultar cierto desdén por las capacidades de los ciudadanos de a pie, es perfectamente posible conjugar la participación popular con la búsqueda de la excelencia.

En ese sentido, la Asociación de Magistrados presentó una propuesta para los concursos, que ha encontrado eco en los bloques opositores, que puede ser perfectamente aplicable por un Consejo con participación popular.

En la misma no sólo se da respuesta a la manda constitucional de integrar jurados con la presencia de juristas del orden local y de otras provincias, sino que además incluye una cuestión esencial para la transparencia, como lo es el detalle de los distintos ítems a evaluar y el puntaje establecido para cada uno de ellos, de modo que reduce el margen para cualquier tipo de arbitrariedades en la selección.

Finalmente, de poco valdrían los avances que significarían estas propuestas, si no hay una verdadera voluntad política del oficialismo de abandonar cualquier pretensión de conservar su influencia por más tiempo del que le corresponde.

Para decirlo más claramente, es inadmisible la pretensión del MPN de elegir los cuatro representantes por la Legislatura en esta gestión y que permanezcan en sus cargos hasta el 2010. Sencillamente porque viola el art. 249 de la Constitución, que establece claramente que los cuatro representantes de la Legislatura son «designados a propuesta de los bloques, según la proporcionalidad de la representación en dicho cuerpo…» ¿A qué Legislatura van a representar aquellos que sean elegidos hoy después del 10 de diciembre del 2007? La respuesta es obvia: a ninguna.

Semejante despropósito sólo puede explicarse desde la intención de retener indebidamente un poder que se presume en riesgo.

Por eso sería importante que quienes son parte del oficialismo actual y hablan de la necesidad de un cambio positivo, comiencen efectivamente a modificar este tipo de actitudes para poder iniciar con el conjunto de las fuerzas políticas un camino de reparación del daño infligido al Poder Judicial durante estos últimos años.

Los neuquinos, lo estamos necesitando.

RAUL A PODESTA (Intendente de Zapala. Ex convencional constituyente).

Especial para «Río Negro»