El conservadurismo triunfante

Por James Neilson

Aquí, muchos aluden al peligro de «la colombianización» del país e incluso a aquella pesadilla de anteayer, «la libanización», el temor a que la Argentina se rompa en pedazos armados que se entregarían a una caótica guerra sin cuartel. Lo que inquieta a los europeos es «la argentinización», o sea, lo que puede suceder cuando los sectores comprometidos con un esquema socioeconómico penosamente desactualizado son tan fuertes que estén en condiciones no sólo de frustrar reformas sino también de asegurar que el déficit fiscal termine alcanzando proporciones inmanejables, obligándolos a optar entre un «ajuste» traumático y seguir como antes con la esperanza vana de que de un modo u otro todo se resuelva sin que nadie se vea constreñido a hacer nada.

Los europeos tienen buenos motivos para sentirse preocupados. Hoy en día, la incapacidad para evolucionar a un ritmo decididamente veloz no puede sino provocar dificultades económicas que a su vez ampliarán la brecha que separa a la elite gobernante de los demás hasta que personajes como Jean-Marie Le Pen puedan presentarse como «alternativas» a un sistema claramente anquilosado. Es que a menos que los políticos tomen muy en serio las prioridades de «la gente», se verán repudiados por su voluntad de anteponer sus intereses corporativos al bien común. Fuera de América Latina, región de raíces democráticas poco profundas, el desprestigio de la «clase política» dista de ser tan llamativo como en la Argentina, pero se da la sensación de que en un futuro no demasiado lejano el mismo fenómeno podría reeditarse. En el corto plazo, negarse a enfrentar los intereses creados por miedo a la reacción sindical puede resultar ventajoso para un político, pero esto no quiere decir que los presuntamente beneficiados por su sensibilidad le perdonarán si las consecuencias a largo plazo son catastróficas.

«La crisis» que tantos estragos está ocasionando en el país se debe en gran medida a que el núcleo duro de la Argentina de hace cuarenta o cincuenta años ha resultado capaz de resistirse a todos los intentos de impulsar las reformas que le hubieran permitido acompañar a Europa, Estados Unidos, Canadá y Australia, para no hablar del Japón y algunos países orientales que conseguirían adaptarse a una época signada por el cambio incesante. Hasta 1960, aproximadamente, las reformas precisas podrían haber sido instrumentadas con cierta facilidad, pero andando el tiempo se habrían hecho tan difíciles que ningún régimen, ni siquiera una dictadura militar, sería capaz de encararlas.

Por eso, a pesar de las esporádicas embestidas de gobiernos supuestamente deseosos de «modernizar» el país, quienes llevan la voz cantante siguen siendo los que conformaban el establishment de tiempos ya idos que nunca volverán: sindicalistas resueltos a defender sus «conquistas», populistas peronistas y radicales vinculados con ellos que repiten los mismos lemas, empresarios de mentalidad cortesana que creen que una buena ley «en defensa de la producción» vale más que cualquier cantidad de innovaciones productivas. Puesto que los caciques sindicales, políticos y empresarios suelen ser vitalicios, un «dirigente» puede conservar su poder de veto durante décadas. Si Margaret Thatcher o Jimmy Carter fueran argentinos, sus partidarios aún los considerarían recién venidos, no las figuras históricas sin mucha influencia que son en Gran Bretaña y Estados Unidos, y sus respectivos países ya integrarían el pelotón de los perdedores.

El éxito de los conservadores argentinos -porque desde su propio punto de vista han sido extraordinariamente exitosos al lograr mantener su hegemonía mientras que otros países han visto irrumpir y salir desacreditadas generaciones enteras de dirigentes- puede atribuirse a que aquí el mito de la edad de oro sea más convincente que en otras latitudes. Lo es porque después del derrocamiento de Arturo Frondizi resultó imposible subir al «tren de la historia» que ya avanzaba a una velocidad desconcertante. Además, no cabe duda de que en los años cincuenta y sesenta una proporción significante de la población vivía mejor, aunque lo hacía a costa del futuro gracias a la miopía de líderes que, como Eduardo Duhalde, afirmaban que por decreto divino la Argentina, lo mismo que su clase dirigente, había sido «condenada al éxito».

A los populistas les ha sido muy fácil hacer pensar que nos convendría intentar cambiar lo menos posible, cuando no procurar restaurar el «modelo» anterior al «menemista». Algunos despistados irían más lejos: los hay que afirman que la caída fue producto del golpe militar de 1976, planteo que haría de la gestión económica inenarrablemente caótica de los sucesivos «zares» de Juan Domingo e Isabel Perón un ejemplo digno de imitar. Del mismo modo, en Europa muchos sienten nostalgia por los «años de oro» que llegaron a su fin aproximadamente tres años después de aquella debacle. En Francia, Alemania y, sobre todo, Italia, los comprometidos con componentes del «modelo» de otrora continúan disfrutando de privilegios envidiables.

Un arma que ha resultado ser muy eficaz en manos del conservadurismo criollo consiste en su dominio de una retórica contestataria. De estallar una protesta contra algo, los políticos no vacilan en sumarse a los manifestantes: Duhalde nos ha informado que si no tuviera que desempeñarse como si fuera presidente de la República, estaría golpeando una sartén con los cacerolistas o, disfrazado de palestino, estaría cortando rutas con los piqueteros. Cuando de denunciar lo terribles que son las lacras nacionales se trata, no hay nadie como un peronista, radical o sindicalista: la voz vibrante de indignación santa, los políticos que encarnan el poder despotrican como si fueran estudiantes universitarios contra la desigualdad, la extrema miseria y la corrupción, imputándolas al accionar desalmado de sus adversarios internos y externos. Tan acostumbrados están a hablar de este modo, que sería inútil acusarlos de hipocresía por no haber remediado dichas deficiencias cuando tenían el poder necesario para hacerlo. Pueden acusar al FMI, los bancos extranjeros y Estados Unidos de muchas cosas, pero sería un disparate insinuar que son los únicos responsables de impedir que la Argentina se dotara de un sector público honesto y eficaz.

Tampoco serviría para mucho señalar que la inoperancia manifiesta de tantos gobernantes a través de los años debería haber sido un motivo suficiente como para obligarlos a abandonar la vida pública. Todos se sienten tan cómodos en el papel de víctima de la vileza ajena, que toman cualquier crítica por una defensa de realidades que, como dicen, son intolerables. Asimismo, el fracaso se ha hecho rutinario: hasta mediados del año pasado, el electorado estaba preparado para perdonar a los responsables de desastres que en otros países hubieran puesto fin a sus carreras.

El socialista francés Lionel Jospin renunció luego de ser superado en la primera vuelta de las elecciones por Le Pen, decisión que sus compatriotas han atribuido a su procedencia protestante, lo que es una forma de decir que en su país también los políticos propenden a creerse inmortales imprescindibles. De regir los principios jospinistas en la Argentina, el establishment político sería totalmente distinto, pero el que no haya cambiado últimamente se debe a algo más que el egoísmo típico y universal de caciques ancianos que se aferran a sus sillas, luchando como gatos monteses por mantener a raya a rivales más jóvenes. Una versión del sistema clientelista funciona dentro de virtualmente todas las organizaciones del país, incluyendo a los partidos políticos, con el resultado de que si un jefe renuncia centenares, acaso miles, de otros se verán perjudicados.

Así las cosas, es natural que ningún caudillo sindical o político que se precie quisiera «traicionar» a sus dependientes abandonándolos a su suerte. Además de ser dueños de un ismo particular, los mandamás actuales también son prisioneros de las «estructuras», de un sistema que fue construido por personas ya poderosas resueltas a frenar la evolución del país por entender que cualquier cambio los perjudicaría, razón por la que es muy poco probable que la «salida» del laberinto en el que la Argentina se ha perdido sea el producto pacífico de una elección o de una serie de arreglos políticos sensatos.


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