El convenio con Repsol “fue un negociado”

NEUQUEN (AN).- Por medio de su apoderado Pablo Jacoby, la senadora Silvia Sapag presentó el jueves último ante el juez federal Carlos Liporaci un escrito de 35 carillas en el que asegura que el trámite de la nueva ley de hidrocarburos y el de las prórrogas de las concesiones petroleras fueron “un único negociado envilecido por la corrupción”.

En un primer capítulo, dedicado a “las prácticas de soborno”, el texto recuerda que el 20 de mayo de 1999, en una reunión de la comisión de Combustibles del Senado con superficiarios, el senador Emilio Cantarero, por entonces presidente de la comisión, “reconoció haber protagonizado un acto de soborno junto al señor Oscar Vicente, presidente de la Cámara de Producción y Explotación de Hidrocarburos y funcionario de la petrolera Pérez Companc”.

Según la senadora neuquina, Cantarero hizo en la oportunidad la siguiente declaración: “tuvimos la experiencia como ministros de Economía de nuestras provincias del lobby petrolero. Recuerdo que asumí como ministro de Economía en 1983 en Salta, y teníamos un fallo en contra de los petroleros por los impuestos. Yo hablé con Oscar Vicente y le pregunté cómo arreglamos ésto. El me dijo vamos a ver cuánto te pagamos y venime a ver. Sabemos lo que son los petroleros, eso lo hemos vivido en carne propia”.

Más adelante el texto hace referencia al “intento concreto de soborno” que Cantarero dirigió a la senadora en junio pasado. En la ocasión el senador salteño expresó que “el martes siguiente se reuniría a negociar con un español”, el que, a juicio de la senadora, pertenecería a la empresa Repsol.

Sapag sostiene al respecto que hubo entonces fuertes presiones tendientes a impedir que se sancionara una ley de hidrocarburos, “hasta que Repsol YPF necesitó dicha sanción por causa de un meganegocio que le propuso el gobernador de la provincia del Neuquén, Jorge Omar Sobisch, consistente en prorrogar las concesiones de explotación de petróleo y gas por el término de diez años”.

La senadora Sapag afirma que las privatizaciones tuvieron como resultado la formación de un mercado oligopólico en el sector petrolero, controlado por las empresas Repsol, Shell y Esso, y que este oligopolio desarrolla “improcedentes y/o ilegales actividades de lobby”.

Fueron esas actividades las que paralizaron la sanción de una nueva ley de hidrocarburos que reemplazara a la 17.319, que devino inconstitucional cuando la reforma de 1994 otorgó el dominio de los hidrocarburos a las provincias.

Para abonar su denuncia la legisladora reproduce una declaración de un representante de la Sociedad Rural de Comodoro Rivadavia y de la Federación de Rurales del Sur, de apellido Parolín, quien aludió a un proyecto de ley de hidrocarburos que, dijo, “sabemos bien donde se hizo, porque lo hicieron las empresas petroleras”. Explicó que “se presentó en noviembre de 1994 y nosotros ya en 1992 conocíamos el texto del articulado correspondiente a nuestra parte, porque las empresas petroleras lo tenían redactado”.

En otro capítulo del escrito Sapag ratifica que Cantarero la visitó en su despacho para decirle que existía el propósito de “hacer un proyecto duro para negociar”, e insinuarle que había “mucha plata para sancionar la ley de hidrocarburos”. A la vez se manifiesta convencida de que los proyectos de Cantarero y del senador Melgarejo, que mantenían beneficios para el sector privado, son “adjudicables al lobby empresario”.

La denuncia asegura que el preconvenio firmado entre el gobernador Sobisch y la empresa Repsol aceleró el trámite de la nueva ley, a su entender necesaria porque sin ella las prórrogas carecerían de seguridad jurídica. Para la senadora neuquina “es indudable que el trámite legislativo de la ley estaba siendo activado y condicionado por el interés en prorrogar las concesiones hidrocarburíferas vigentes”, y que por tal razón “el trámite de la nueva ley y el de las prórrogas formaban un único negociado envilecido por la corrupción”.

Cantarero, “protegido por la impunidad”

El senador Emilio Cantarero, sospechoso número uno de la causa en la que se investiga los sobornos en el Senado, volvería a su banca la semana próxima. Vencido su período de licencia, pidió volver a su labor parlamentaria en medio de una fuerte disputa en el bloque justicialista entre quienes lo quieren lejos y quienes lo reivindican.

“Río Negro” consultó sobre este tema a la senadora neuquina Silvia Sapag

– ¿Qué opina de la vuelta de Cantarero?

– Por un lado me da pena, pero por el otro era algo que se podía esperar. Cantarero pidió una renovación de la licencia por tan solo 15 días. Cuando vuelva a sentarse a la banca será un ejemplo de lo que no debe pasar en el país. Es un hombre cuestionado por practicar el soborno. Es evidente que se siente protegido por la impunidad.

– Usted también fue acusada por supuesto enriquecimiento ilícito….

– Es muy diferente hablar de soborno que las diferencias que puedan haber por la separación de bienes en un divorcio como es mi caso. Hay algunos senadores que protegen a Cantarero porque tienen miedo a lo que puede llegar a decir. El propio abogado del sospechado le recomendó que no abriera la boca. El hombre está muy hablador, sabe mucho y eso es muy peligroso para varios senadores.

– ¿Cuál es la situación en el bloque peronista sobre el caso Cantarero?

– Está dividido entre los que quieren que se borre y los que quieren reivindicarlo.Yo le pediría a la justicia que si realmente hay alguien que sabe algo más se le de garantías para declarar.

-¿La desilusionó “Chacho” Alvarez?

– Espero que el ex vice siga insistiendo con sus denuncias sobre la corrupción en el Senado. Esperaba que con su renuncia las cosas iban a cambiar. Sin embargo, todo sigue igual. Aspiro yo, que fui i fui blanco de un intento de soborno, que se proteja a los que quieren colaborar con la justicia. Si esto no pasa los futuros denunciantes pueden ser víctimas de campañas de desprestigio, como fue mi caso.