El CPE deberá investigar si hubo anomalías en obras

La Fiscalía devolvió casi 160 expedientes.



La Fiscalía de Investigaciones Administrativas devolvió a Educación casi 160 expedientes con pagos presuntamente irregulares en obras escolares para que la cartera educativa se autoinvestigue.

Las cancelaciones en revisión se corresponden con servicios y obras pagadas por Educación, pero cuya efectiva concreción y razonabilidad de los precios fue puesta en dudas.

El año pasado, el Tribunal de Cuentas advirtió anomalías con el mecanismo usado por Educación en la contratación y los pagos de decenas de expedientes por servicios y obras correspondientes a los años 2000, 2001 y 2002.

Los mismos fueron remitidos para profundizar su análisis a la Fiscalía de Investigaciones, que conducía por entonces por Carlos Malaspina.

En principio, ese órgano pidió información a las directoras, constatándose que un importante porcentaje admitía directamente que las obras o servicios no habían sido efectuados.

Ahora, casi un año después del envío del Tribunal de Cuentas, el nuevo fiscal, Pablo Berraz, remitió los 158 expedientes al CPE para que designe una comisión técnica para su evaluación.

En una resolución de mayo, Berraz confirmó "anomalías" en los pagos pero consideró "conveniente" ordenar a Educación que designe "una comisión técnica" para "expedirse en cada caso sobre la efectiva realización y/o prestación del servicio u obra, y la razonabilidad del precio abonado". Efectuado ese análisis, Educación entonces remitiría las conclusiones a la Fiscalía.

El Tribunal de Cuentas remitió esos expedientes a la Fiscalía. El artículo 163 de la Constitución Provincial -inciso 2- habilita a aquel órgano de control que si "resulta necesaria la promoción de investigaciones" se dará traslado a la Fiscalía de Investigaciones.

El volumen de expedientes no permitió su cuantificación, pues existen facturas de montos variados, como tam

bién de diferentes servicios y obras en los establecimientos escolares.

Fiscalía remitió 158 expedientes a Educación, distribuidos 35 de la delegación de Viedma, 34 de la Andina, 24 de Valle Este, 24 de Valle Oeste, 17 de Sur, 14 de Valle Medio, 7 de Atlántica y 3 de Central.

Un primer cuestionamiento se centra en la aplicación de Educación de la figura de "reconocimiento de gastos" a favor de distintos proveedores y/o empresas. En la resolución, Berraz advirtió una "inadecuada aplicación del procedimiento contable al haberse utilizado la figura de reconocimiento de gastos, lo cual no se encuentra contemplada en la normativa vigente". Agregó que "para casos similares, corresponde el legítimo abono".

En esa línea, el Fiscal considera que "existen dos responsabilidades en la tramitación: responsabilidad de funcionarios que autorizaron y ejecutaron el gasto como también inobservancia al procedimiento de contratación", y además la responsabilidad en la utilización del "trámite de reconocimiento de gastos tendiente a subsanar los incumplimientos previos".

Ante "las anomalías detectadas", Berraz consideró "conveniente -aún habiéndose efectuado el pago a los distintos proveedores y/o empresas- ordenar al Consejo de Educación que designe una comisión técnica, que tendrá por objeto expedirse en cada caso sobre la efectiva realización y/o prestación del servicio u obra, y la razonabilidad del precio abonado". (AV)


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El CPE deberá investigar si hubo anomalías en obras